Primer gobierno de Tabaré Vázquez

En este período se reformó el sistema educativo con la Ley General de Educación n.° 18.437 del 2008, que declaró a la educación como un derecho humano fundamental y como un bien público y universal, y el deber del Estado de respetar la diversidad y garantizar la inclusión educativa de las minorías y de personas en situación de vulnerabilidad.[4]

En el ámbito institucional ordenó la creación de los Consejos de Educación Média Básica y el de Educación Media Superior para sustituir al Consejo de Educación Secundaria (CES),[4] sin embargo esto no se llegó a implementar y en los hechos siguió funcionando el CES.[5] Otros organismos que se crearon fueron la Comisión Nacional de Educación, el Congreso de Educación y ordenó la creación del Instituto Universitario de Educación para que la formación docente sea universitaria. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa que también instituyó la ley fue creado con el objeto de evaluar la educación nacional. Previó la representación docente en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (dos de cinco puestos) y en sus consejos desconcentrados (uno de tres puestos).[4]

El «Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social» («Plan de Emergencia» o PANES para abreviar) fue una política transitoria consistente en un conjunto de intervenciones por las que se hacia una transferencia mensual destinada al 20% de la población más pobre del grupo de hogares pobres, el 8% de la población total, con el propósito de ofrecer a los beneficiarios los medios para aliviar su situación de privaciones a corto plazo y brindarles una oportunidad de salir de su estado de pobreza y exclusión socioeconómica en el mediano plazo, mediante transferencias monetarias, alimentarias e intervenciones sobre el estado de la vivienda. Este plan fue desempeñado por el Ministerio de Desarrollo Social junto con Presidencia de la República.[9]

El Plan de Emergencia comprendía una serie de prestaciones: el Ingreso Ciudadano, Rutas de Salida, Trabajo por Uruguay, una Tarjeta Alimentaria y planes de apoyo de vivienda, educación y salud. El Ingreso Ciudadno consistía en una transferencia fija de dinero mensual de medio salario mínimo nacional por hogar, condicionada a ciertos requisitos como la asistencia a la educación de los menores de 15 años y la realización de controles de salud a los niños y mujeres embarazadas. Por su parte, Rutas de Salida se trataba de actividades semestrales de capacitación para alguno de los adultos del hogar, realizadas por organizaciones sociales y de diversa naturaleza, que sin embargo no se logró cubrir totalmente al público objetivo. Trabajo por Uruguay ofrecía empleos temporales y voluntarios a los beneficiarios del PANES, que eran seleccionados por sorteo, y en caso de ser seleccionados, cumplían jornadas de seis horas durante un tiempo y cobraban un salario que era el doble del Ingreso Ciudadano (mientras percibían ingresos por este programa no cobraban el Ingreso Ciudadano). La Tarjeta Alimentaria consistía en una prestación percibida por familias con menores o embarazadas que recibían una tarjeta de dinero electrónico que podía usarse para comprar alimentos o productos de higiene. Las intervenciones de vivienda (Mejoramiento del Hábitat) pretendían mejorar la vivienda en asentamientos irregulares proveyendo materiales para autoconstrucción, pero este programa no llegó a cubrir a todos los beneficiarios. El programa de apoyo a la educación implicó el apoyo económico a maestros comunitarios en escuelas de barrios carenciados. El PANES se dio por terminado en diciembre de 2007 y en su lugar se levantó un nuevo plan social de emergencia llamado el Plan de Equidad.[9]

En 2016 comenzó a gestarse el «Plan de Equidad» para sustituir el Plan de Emergencia que vería su fin en diciembre de 2007, para continuar con las políticas públicas de combate a la pobreza y la exclusión, pero también para reconfigurar el sistema de protección social nacional. Participaron en su génesis el Ministerio de Desarrollo Social a iniciativa de Presidencia, una comisión técnica comenzó a trabajar con la colaboración de la Universidad de la República y asesores del MIDES.[10]

El Plan de Equidad comprendió un conjunto amplio de políticas públicas bajo una serie de principios: la movilidad ascendente, la configuración de un nuevo sistema de prestaciones sociales para generar un estado de bienestar, la integralidad de la intervención pública mediante la actuación articulada del área pública, la transversalización con mirada de género, la progresividad mediante la implementación gradual, un enfoque para mejorar el acceso a las políticas y servicios sociales a los más pobres como complemento a la universalidad yuna implementación territorial y descentralizada de las políticas. A diferencia del PANES donde la población destinataria era aquella en estado de indigencia o que no pudiera satisfacer sus necesidades básicas, el Plan de Equidad pretendió incluir a todos los sectores sociales, sin perjuicio de incluir políticas especialmente destinadas a la población en situación de pobreza.[11]

El Plan de Equidad incluyó dos grandes componentes: la Matriz de Protección Social, que abarcó elementos como la Reforma Tributaria, la Reforma de la Salud, las políticas de trabajo, las políticas de vivienda, la Reforma Educativa y el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. El otro componente fue la Red de Asistencia e Integración Social, que comprendió a las transferencias monetarias como las asignaciones familiares, las políticas educativas de atención a la infancia y adolescencia con el objetivo de mejorar el nivel educativo y la integración social, las políticas de empleo como el programa Uruguay Trabaja e Incentivo a la Contratación, además de incluir las políticas de seguridad alimentaria y las de integración social de discapacitados y de emprendimientos productivos.[10][11] La aplicación del Plan de Equidad llevó a la reducción parcial de la pobreza y un descenso más notorio de la pobreza extrema, y la aplicación de las distintas políticas desde el PANES lograron un avance importante en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.[10]

Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, cambió la lógica y orientación de la política laboral, pasando de un paradigma de liberalización, flexibilización y desregulación de las relaciones laborales de la década de 1990 a otro de una participación más activa del Estado en política laboral, en donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se vuelve a insertar dentro de la estructura estatal con iniciativa y como rector de las políticas laborales, con fuerte presencia institucional, el regreso de los Consejos de Salarios desde que habían sido descontinuadosa a mediados de 1990 y extendiéndolos al área pública, rural y de servicio doméstico, comenzó una política de recuperación y crecimiento salarial, y el establecimiento de numerosas normas laborales en protección de los trabajadores.[12]

Se crea el Consejo Superior Tripartito para coordinar y regir las relaciones laborales, además de estar encargado de clasificar los grupos de negociación en los Consejos de Salarios por grupos de actividad, asesorar al Poder Ejecutivo o pronunciarse sobre los niveles de negociación, entre otras.[12]