Segundo gobierno de Rafael Caldera

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Caldera asume en medio de una crisis financiera que comenzó con la quiebra del Banco Latino que fue asumido por el gobierno durante la presidencia interina de Ramón José Velásquez, causada fundamentalmente por la concentración de autocarteras y el otorgamiento de autopréstamos a los accionistas y testaferros de un importante número de bancos, que arrasa con la mitad del sistema de ahorros y culminó con la pérdida de depósitos. Hasta octubre de 1994, el Gobierno se había apoderado de más de 10 bancos en quiebra,. El dinero entregado por el gobierno a los bancos restringió el gasto público en otras áreas, afectando a miles de personas y creando un grave desequilibrio en la economía venezolana.

Como explica René Salgado en su investigación sobre gobierno y economía en Venezuela, «el rescate del sector financiero por parte del Gobierno garantizó aproximadamente 6 mil millones de dólares a los depositantes, lo que representó aproximadamente el 75 por ciento del presupuesto nacional anual y un alarmante 13 por ciento del producto interno bruto. . Otras quiebras bancarias continuaron a lo largo del año y hasta 1995»[8]

El 27 de junio Caldera anunció la suspensión temporal de algunas garantías constitucionales, fundamentalmente relacionadas con la propiedad privada y la libre actividad económica, el establecimiento de un conjunto de medidas extraordinarias entre las cuales se encontraban el control de cambios y de precios como salidas impostergables frente a la severa inestabilidad del sistema financiero. Según el Ministerio de Hacienda, «la totalidad de recursos que la Nación debió destinar durante el año 1994 para asistir a las instituciones financieras intervenidas y estatizadas se elevó a la suma de 1.037.043 millones de bolívares», equivalente al 12% del producto bruto de ese año.[2] Las entidades financieras quebradas por el vaciado de depósitos y las afectadas por prácticas especulativas pasaron a ser rehabilitadas por el Estado. De hecho, el Banco Central de Venezuela anunció la suspensión de todas sus transacciones en dólares.

La confianza y credibilidad de venezolanos y extranjeros en las instituciones financieras se vio seriamente afectada. Más de setenta mil medianas y pequeñas empresas quebraron, fundamentalmente por el régimen cambiario impuesto por el gobierno, que dificultó la obtención de divisas para adquirir bienes intermedios. Los precios de los alimentos, la ropa y el transporte subieron sin control, empobreciendo a un mayor número de venezolanos. Caldera también tuvo que manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y una reducción paralela de las reservas de divisas, empleadas generosamente por el apoyo del bolívar frente al dólar estadounidense.

Según el economista venezolano Moisés Naím, antiguo miembro del gabinete ministerial de Pérez y crítico abierto de Caldera, a pesar de estos esfuerzos, la administración de Caldera fue «particularmente ineficaz en llevar ante la justicia a los muchos reguladores y banqueros responsables de la crisis bancaria masiva del país».[9] Por diferencias con sus socios de coalición como el MAS, Caldera buscó el apoyo de Acción Democrática en el Congreso, algunos miembros de sus miembros ingresaron al gabinete ministerial.

Pareja presidencial 1994-1999.

La crisis del sistema financiero determinó la salida del ministro Sosa Rodríguez de la cartera de Hacienda; inmediatamente se dio inicio a la reorganización del gabinete económico y a la reelaboración de la política económica para enfrentar la crisis. En sustitución de Sosa ingresó Luis Raúl Matos Azocar al despacho de Hacienda el 7 de febrero de 1995[10]. Ante el fracaso del control de cambios y de varias medidas para superar la gravedad de la situación económica; el desequilibrio fiscal, la disminución de las reservas internacionales y el aumento de la inflación, el gobierno resolvió adelantar un nuevo programa económico, el cual fue presentado al país como la Agenda Venezuela. Se devaluó el bolívar en un 70%, se impuso el régimen cambiario, se aumentó el precio de los combustibles en un 800%, se liberalizaron las tasas de interés y se continuó con el proceso de privatización. El déficit fiscal obligó al gobierno de Caldera a aplicar un severo plan de austeridad que incluyó un recorte del 10% del presupuesto federal en 1994 y una reforma de la legislación fiscal.

En 1997, el producto interno bruto ( PIB ) creció por encima del 55 y la tasa de inflación se redujo a la mitad. Sin embargo, la crisis financiera asiática de 1997 llevó los precios del petróleo a niveles muy bajos, lo que obligó al gobierno a realizar grandes recortes presupuestarios. En 1997 el gobierno de Caldera privatizó la Siderúrgica del Orinoco.[11]

También durante la segunda presidencia de Caldera se inició el proceso de Apertura Petrolera con el propósito de incrementar la participación del sector privado, nacional e internacional, en la operación, exploración y refinación de petróleo y gas natural. La crisis mundial del mercado petrolero influyó negativamente en este proceso. Provocó una aguda crisis fiscal, hubo un crecimiento negativo de (-0.11%). A pesar de eso para 1998 Venezuela tenía las reservas internacionales más altas de Latinoamérica en proporción al PIB, alrededor de 15 millardos de dólares. Además la deuda se redujo de 26.981 millones para 1994 a 23.175 millones para 1999.[12]