Sistema de crédito social chino

El sistema de crédito social chino (en chino: 社会信用体系; en pinyin: shèhuì xìnyòng tǐxì) es una calificación crediticia nacional y una lista negra desarrollada por el gobierno de la República Popular China.[1][2] El programa inició pruebas regionales en 2009, antes de lanzar un piloto nacional con ocho empresas de calificación crediticia en 2014[3]. Fue presentado formalmente por primera vez por el entonces primer ministro chino, Wen Jiabao, el 20 de octubre de 2011, durante una de las reuniones del Consejo de Estado.[4] Administrado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el Banco Popular de China (PBOC) y la Corte Suprema Popular (SPC), desde 2016 el sistema está destinado para estandarizar la función de calificación crediticia y realizar evaluaciones financieras y sociales para empresas e instituciones gubernamentales, individuos y organizaciones no gubernamentales que operan en el país[1][5][6] Aparte de las controversias y preocupaciones, en torno al Sistema de Crédito Social se ha generado una gran cantidad de informes erróneos y conceptos erróneos en los medios debido a errores de traducción, sensacionalismo, información contradictoria y falta de un análisis exhaustivo.[7][8][9] El ejemplo destacado incluye la suposición errónea generalizada de que los ciudadanos chinos son recompensados y castigados en función de una puntuación numérica asignada por el sistema.[6][10][11][12]

El sistema de crédito social es una ampliación del sistema de calificación crediticia financiera existente en China.[13] El sistema se remonta a la década de 1980, cuando el gobierno intentó desarrollar un sistema de calificación crediticia bancaria y financiera personal, especialmente para las personas que habitan en zonas rurales y pequeñas empresas carentes de registros legales. El gobierno chino ha proclamado como objetivo mejorar la confianza social y regular las empresas con respecto a cuestiones como la seguridad alimentaria, el robo de propiedad intelectual y el fraude financiero.[13][14] Los partidarios afirman que el sistema ayuda a regular el comportamiento social, mejora la "confiabilidad" de los ciudadanos en el seguimiento de actividades como el pago de impuestos y facturas a tiempo, y promueve los valores tradicionales.[15][16] Los críticos del sistema afirman que traspasa el estado de derecho y viola los derechos legales de los residentes y las organizaciones, especialmente el derecho a la reputación, el derecho a la privacidad y la dignidad personal, y que el sistema es una herramienta para la vigilancia gubernamental y la supresión de la disidencia del gobierno chino.[17][18][19]

Además de en la República Popular de China, a principios del año 2022, se anunció que, en Italia, el gobierno municipal de Bolonia pretendía instaurar lo que bautizó como 'smart citizen wallet', que podríamos traducir como « cartera ciudadana inteligente ». Un mecanismo de puntuación similar al chino que permitirá a los boloñeses recibir puntos digitales si demuestran su «comportamiento virtuoso». Así pues, cuanto mejor ciudadano sea, más puntos y beneficios tendrá. Podrá acceder a descuentos o adquirir ciertos productos[20].