Sistema tributario de España

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es un impuesto directo que grava los ingresos obtenidos por las personas físicas en España. Se aplica a los residentes fiscales en España y tiene en cuenta diferentes fuentes de ingresos, como el trabajo por cuenta ajena, los rendimientos de actividades económicas, el capital mobiliario e inmobiliario, entre otros. El IRPF se estructura en diferentes tramos impositivos, donde los contribuyentes deben declarar sus ingresos y aplicar los tipos impositivos correspondientes.
• Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Es un impuesto que grava los ingresos obtenidos por personas y entidades no residentes en España. Se aplica a los ingresos obtenidos en territorio español, como alquileres de propiedades o beneficios de actividades económicas, cuando no exista un establecimiento permanente en el país. El IRNR se rige por unas normas específicas y utiliza tipos impositivos diferentes a los del IRPF.
• Impuesto sobre Sociedades: Es un impuesto directo que grava los beneficios obtenidos por las sociedades y entidades jurídicas que desarrollan actividades económicas en España. Se aplica tanto a sociedades residentes en España como a sociedades no residentes con establecimiento permanente en el país. Las empresas deben calcular su base imponible, aplicar el tipo impositivo correspondiente y presentar la declaración de este impuesto.
• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Es un impuesto directo que se aplica a las adquisiciones por herencia, legado o donación de bienes y derechos en España. Se grava la transmisión de patrimonio de una persona fallecida a sus herederos o de una persona viva que realiza una donación. La cuantía del impuesto y las exenciones pueden variar en función del grado de parentesco entre el donante o fallecido y el receptor, así como del valor de los bienes transmitidos.

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en España. Se aplica a nivel nacional y comunitario y se añade al precio final de los productos o servicios. El IVA se aplica en diferentes tipos impositivos, dependiendo de la naturaleza de los bienes o servicios, y las empresas actúan como recaudadoras en nombre del Estado. En las Islas Canarias, así como en Ceuta y Melilla, se aplican regímenes especiales de IVA conocidos como Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Estos regímenes permiten la aplicación de tipos impositivos reducidos o exenciones en algunos productos o servicios, debido a la condición de estas regiones como territorios extrapeninsulares.
• Impuestos Especiales: Son impuestos indirectos que se aplican a ciertos productos considerados especiales, como el alcohol, el tabaco, los productos energéticos (como la gasolina) y otros productos sujetos a regulaciones específicas. Estos impuestos tienen una finalidad tanto fiscal como reguladora, y se aplican en diferentes etapas de la cadena de producción y distribución de dichos productos.
• Impuesto sobre las Primas de Seguros: Es un impuesto directo que grava las primas de los contratos de seguros en España. Se aplica a las primas pagadas por los asegurados y se calcula en función de la prima neta de los contratos de seguro. El tipo impositivo varía según el tipo de seguro contratado.
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD): Es un impuesto indirecto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, como la compraventa de viviendas y otros bienes, así como los actos jurídicos documentados, como la formalización de escrituras públicas o la constitución de hipotecas. Su aplicación y tipos impositivos varían según la comunidad autónoma.

Las comunidades autónomas pueden establecer tributos propios sobre hechos imponibles no gravados por el Estado, o sobre materias no gravadas por las administraciones locales (6.2 LOFCA). Sólo podrán crear impuestos sobre materias gravadas por impuestos locales si existe una ley estatal que lo autoriza, tal y como indica el artículo 6.3 de la LOFCA.

Pese a la gran variedad de sistemas (prácticamente uno por cada autonomía), los impuestos propios pueden clasificarse en los siguientes grupos:

• Impuestos sobre el juego: impuestos que recaen sobre el bingo en Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad de Madrid, no sólo existe tal impuesto, sino que además se da un recargo sobre la tasa estatal que recae sobre los casinos.
• Impuestos medioambientales: se trata de la clase más generalizada, incluyendo el impuesto sobre emisiones de gases, el canon de saneamiento de agua, el impuesto sobre vertidos, el impuesto sobre depósitos de residuos, el impuesto sobre instalaciones peligrosas y, finalmente, el impuesto sobre transporte por cable. Este último aplica sobre las estaciones de esquí de Aragón, mientras que el resto se recauda en Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como en la ya mencionada Comunidad Autónoma de Aragón.
• Impuestos sobre la renta potencial: En Andalucía existe el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas. Antiguamente, Extremadura poseía el Impuestos sobre Dehesas calificadas de Deficiente Aprovechamiento, tributo que fue derogado.
• Impuestos sobre grandes superficies comerciales: A finales de 2007 existe un recurso de inconstitucionalidad pendiente de ser resuelto. Se da en Cataluña, Asturias y Aragón.
• Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito: Se da en Extremadura y en Andalucía
• Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos: Propio de Extremadura.

Existen una serie de impuestos estatales cuya gestión y recaudación ha sido cedida por completo a las comunidades autónomas. Son los siguientes:

• Impuesto sobre el Patrimonio.
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
• Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
• Tributos sobre el Juego.

Junto a estos tributos, existen otros cuya gestión corresponde al Estado, que cede un porcentaje determinado de la recaudación a las autonomías. Se cede la recaudación de una fracción de la tarifa autonómica del IRPF, y una parte del IVA, de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Labores del Tabaco, sobre Hidrocarburos y el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Electricidad.

Las Haciendas locales tienen a su disposición un conjunto de impuestos, cuyo establecimiento puede ser obligatorio, o en algunos casos potestativos. Al igual que sucede a nivel autonómico, los municipios que sean capitales de provincia o de Comunidad Autónoma y posean más de 75.000 habitantes se benefician de la cesión de la recaudación de ciertos impuestos estatales, principalmente para compensar la concesión de exenciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Los impuestos que obligatoriamente han de recaudar los municipios son:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
• Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

De igual manera, entre los impuestos que los municipios pueden recaudar voluntariamente se encuentran los siguientes:

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
• Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Grava los cotos privados de caza y pesca)

A fecha de 2007, los municipios que cumplieran con los requisitos mencionados (capital de provincia o autonomía de más de 75.000 habitantes) se beneficiaban del 1,6875 % del IRPF de los residentes, del 1,7897 % del IVA y del 2,0454 % de los Impuestos especiales de fabricación. Tanto para el IVA como para estos últimos Impuestos Especiales de Fabricación se tiene en cuenta la estimación del consumo en el municipio que realice el Instituto Nacional de Estadística (España).

Las Provincias carecen de impuestos propios, aunque tienen derecho a un recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas, que a fecha de 2007 llegaba hasta el 40 %. También tienen un pequeño porcentaje de la recaudación obtenida de los impuestos estatales cedidos a los municipios.

Las denominadas áreas metropolitanas obtienen un recargo que llega al 0,2 % sobre la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.