Tragedia del Tarajal

La denominada «tragedia del Tarajal» refiere a los acontecimientos que, el 6 de febrero de 2014, condujeron a la muerte de 15 personas en la playa del Tarajal, ahogadas mientras trataban de eludir a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta para entrar en España como inmigrantes irregulares. A causa de estos fallecimientos, la actuación del operativo fronterizo de la Guardia Civil ha sido objeto de controversia, aun cuando el Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, respaldó la intervención de los agentes.

Protesta en Barcelona por las muertes de inmigrantes en Ceuta.

Las 15 víctimas formaban parte de un grupo de entre 200 y 300 personas que, procedentes del África subsahariana, intentaban alcanzar nadando las costas españolas, cuando un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos.[1] 23 inmigrantes lograron llegar a la playa de Ceuta, pero fueron rechazados y entregados de inmediato a las autoridades marroquíes –en lo que se conoce como «devolución en caliente»–,[2] que los reclamaban.[3]

La implicación de las fuerzas de seguridad españolas en la muerte de aquellas personas está en manos de la justicia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta imputó por delitos de homicidio imprudente y lesiones a 16 agentes, entre los cuales había un capitán, un teniente y un sargento. El caso se archivó en octubre de 2015 por orden de la jueza María del Carmen Serván, que afirmó que nada apuntaba a un uso inadecuado del material. Las oenegés Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Observatori DESC presentaron un recurso de apelación pidiendo una investigación más exhaustiva.[4] En enero de 2017, tres años después de los hechos, la Audiencia de Ceuta ordenó la reapertura del proceso porque algunas de las diligencias acordadas no habían sido practicadas, en particular las que correspondían a Marruecos.[5]

Finalmente, la investigación fue archivada en 2020 por decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y otras entidades privadas presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero este concluyó en 2022 que no cabía tal recurso, dando así por concluida la investigación sin exigencia de responsabilidad alguna a los agentes policiales.[6]