Caso fundaciones

En agosto de 2023 la fiscalía chilena acreditó que Karina Oliva (Comunes) utilizó a la fundación Chile Movilizado para triangular dineros fiscales en su campaña electoral. El monto de esta operación asciende a los 137 millones de pesos, los que corresponderían a su candidatura a gorbernadora de la Región Metropolitana, intentando desligar su responsabilidad en los hechos.[7] Oliva era objeto de controversia por sus gastos electorales desde 2021 debido a las elevadas sumas rendidas ante el Servicio Electoral,[8] el cual anunció que revisaría los antecedentes evaluando una denuncia ante la fiscalía.[9] Por su parte, el Fiscal Nacional Jorge Abbott decidió iniciar de oficio la investigación del caso.[10]

Entre los antecedentes se encontrarían pagos a miembros del mismo partido político, pagos por servicios nunca prestados y un desayuno con organizaciones feministas, entre otros.[11] Se suma, además, que Chile Movilizado poseía un directorio fantasma, por lo que, según testigos, era usada por Oliva para triangular dineros. La fiscalía podría formalizarla por fraude de subvenciones.[7]

Giorgio Jackson, Ministro de la SEGPRES en 2022.

Javiera Martínez en 2022.

En agosto de 2023 se dio a conocer que Javiera Martínez, directora de presupuesto (Dipres), eliminó durante su gestión algunas obligaciones que debían cumplir las organizaciones para la asignación de recursos.[12][13] Lo anterior generó fuertes criticas desde distintos sectores políticos debido a que dicho acto facilitó las transferencias irregulares a las fundaciones cuestionadas.[14][15]

Por otra parte, la oposición política del gobierno de Gabriel Boric sindicó a Giorgio Jackson como también responsable de la eliminación de requisitos para las organizaciones en la asignación de recursos mientras era ministro Segpres. En dicho ministerio tuvo a su cargo el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, debilitando sus facultades fiscalizadoras.[16]

Asimismo, se acusó también a Carlos Montes, ministro Minvu, por su actuar poco riguroso en la asignación de recursos a las fundaciones cuestionadas, siendo citado a declarar ante la justicia por aquello.[17] En la misma línea, Montes aseguró que todos los dineros mal asignados serían recuperados por el ministerio que él dirige.[18]

Catalina Pérez Salinas (2022)

La situación que dio inicio a las investigaciones y desató el escándalo, fue la firma de tres convenios —dos en octubre y uno en diciembre de 2022— suscritos entre la Fundación Democracia Viva y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Antofagasta, por un total de 426 millones de pesos chilenos. La ONG obtuvo su personalidad jurídica a través de la Municipalidad de Ñuñoa el 25 de febrero de ese mismo año.[19] A mediados de junio de 2023, el medio de comunicación regional chileno Timeline, con sede en la ciudad de Antofagasta, dio a conocer estos contratos, además de hacer público el vinculo sentimental de pareja entre el representante de la fundación, Daniel Andrade, y la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática).[20] Asimismo, se logró establecer que el Seremi de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de dicha región, Carlos Contreras, fue además jefe de gabinete de la diputada Pérez. Ambos hombres también fueron militantes del partido Revolución Democrática, hasta que el Tribunal Supremo de la colectividad determinó su expulsión el 30 de junio de 2023 debido a este caso.[21]

El 28 de junio, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), allanó la vivienda que comparte la pareja Pérez-Andrade ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con finalidad de recabar antecedentes sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al fisco, no encontrándose a los moradores del inmueble en su interior.[22] Al día siguiente, la Contraloría General de la República se hizo parte en el caso mediante el contralor Jorge Bermúdez, quien ordenó la suspensión de la toma de razón de todos los contratos celebrados entre entidades públicas y cualquier fundación privada en todo el país.[23]

En julio de 2023, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta emitió una resolución en la que piden la restitución del 92% de los fondos otorgados a Democracia Viva mediante los tres contratos cuestionados, argumentando que solo el 8% de dichos recursos fueron rendidos de manera correcta y siguiendo la normativa legal vigente.[24] Ante dicho acto administrativo, la fundación presentó un recurso de protección, alegando arbitrariedad e ilegalidad en dicho acto.[25]

En junio de 2023, tras conocerse los traspasos de dinero a Democracia Viva, se informó de una nueva fundación involucrada, Urbanismo Social. En esta se criticó la asignación de recursos por parte de la Seremi de Vivienda del Maule a Urbanismo Social. La fiscalia inició una investigación de oficio por estos hechos, pues el seremi Rodrigo Hernández también había sido parte del directorio de dicha fundación.[26] En medio de esta investigación fueron cuestionados los contratos celebrados inicialmente entre la fundación y la Seremi por 109 millones de pesos, a los que se sumó una renovación del contrato suscrito en 2018. En aquel entonces Rodrigo Hernández fungía como director jurídico de Urbanismo Social, por lo que debía inhabilitarse para la firma de la renovación del contrato mencionado. Dicha situación no ocurrió, conllevando a que el ministro Carlos Montes le solicitara la renuncia tras conocerse los hechos.[27]

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y Fundadora de la Fundación Horizonte Ciudadano (2020).

La fundación Horizonte Ciudadano es una ONG creada en 2018 por la expresidenta de Chile, la socialista y parte de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría Michelle Bachelet, cuyo eje funcional son temas tan diversos y subjetivos como centro de estudios, los diagnósticos ideológico-sociales, análisis de contingencia política-eleccionaria, mapeo de estadísticas respecto a la distribución de la riqueza y combate a la desigualdad en el sistema capitalista neoliberal chileno, a la vez que también tuvo una activa participación en la propaganda política del proceso constituyente de chile y en la campaña de la “opción Apruebo” en el plebiscito de salida de la propuesta de texto constitucional de 2022 siendo parte de las ONGs financiados por el gobierno para ser parte de la franja política,[28] y publicando en sus redes sociales como la organización y su fundadora Michelle Bachelet mostraban mediante una carta su apoyo explícito a la opción Apruebo.[29]

Rodrigo Díaz.

La Fundación Horizontal resaltó nuevamente a la escena pública en agosto de 2023, al ser señalada en los medios, luego de revelarse los cuantiosos montos de los cuales se hizo acreedora, esta vez en su sede en la región del Biobío fue cuestionada por la subjetividad y aplicabilidad de su giro funcional basado en “diagnósticos de apoyo a comunidades” en el proyecto llamado "Niños Niñas y Adolescentes Voces del Biobío para vivir sin violencia”, que se dedicaba a dar charlas en colegios para jóvenes desde 5° básico a 4° medio, el financiamiento para este proyecto fue de aproximadamente entre 379 y 400 millones de pesos, siendo el convenio autorizado por el GORE del Biobío al exmilitante de la Democracia Cristiana y Unidad Constituyente Rodrigo Díaz, quien durante el primer gobierno de Michelle Bachelet fue Gobernador, mientras que en el segundo gobierno de la expresidenta obró como Intendente regional en 2014.[30]

Los medios de comunicación también resaltaron que gran parte de la plantilla de la Fundación Horizonte Ciudadano eran exasesores y cercanos a los 2 periodos presidenciales de Bachelet, ejemplificando con Pedro Güell (quien fuera asesor en los gobiernos de Bachelet) y María Ortiz, amiga personal de la expresidente Bachelet. Actualmente el giro funcional y justificación del financiamiento de 400 millones para charlas a colegios esta siendo investigado por la Fiscalía Nacional de Chile.[31][32][33][34]

Tras las acusaciones, la fundación manifestó su disposición a proporcionar todos los antecedentes para la investigación, señalando que todos los traspasos de dinero entre el GORE y fundación se encuentran en regla, cumpliendo los procedimientos administrativos correspondientes.[35]

Un convenio suscrito en noviembre de 2022 entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación ProCultura por más de 629 millones de pesos para pintar tres fachadas de inmuebles ubicados en el casco histórico de la ciudad y que sumaban 2.400 metros cuadrados en total, provocó que producto de las investigaciones del caso, la PDI allanara la sede gubernamental regional el 11 de julio de 2023.[36] Como resultado de un sumario administrativo por dos convenios suscritos entre la subsecretaría de las Culturas y las Artes de Chile y la Corporación para el Desarrollo de Santiago por 45 y 250 millones de pesos, provocó la renuncia el 28 de julio de la jefa de la subsecretaría pública, Andrea Gutiérrez, debido a que fungía como la directora de Cultura de la ONG hasta antes de su nombramiento político.[37]

En julio de 2023, se abrió una investigación penal en contra del Gobierno Regional de la Araucanía, por millonarios traspasos entre este y la Fundación Local, una fundación creada en 2020 que recibió 1.200 millones de pesos para la ejecución de proyectos turísticos en la región.[38] La Fundación no contaba con sitio web ni redes sociales, y recién arribaron en junio de 2023 a la capital regional Temuco, pese a esto el gobernador regional Luciano Rivas defendió la legalidad de los traspasos de dinero.[39] También se reveló que el representante legal de la Fundación Local, el empresario Héctor Troncoso, es cercano a Rivas, incluso compartiendo registros de su relación en redes sociales.[40][41] En medio de las acusaciones, el alcalde de Padre Las Casas Mario González confirmó un retraso en la ejecución de un plan de reciclaje adjudicado hacia la Fundación Local por 380 millones de pesos.[42] El Consejero Regional Cristián Neira (PLR) defendió el traspaso de recursos, indicando que "[La Fundación Local] Tiene experiencia, no le puedo decir a ciencia cierta ni en detalle, pero la tiene. La verdad es que no tiene experiencia en reciclaje específicamente, pero tiene experiencia en el tiempo. La experiencia de los años que tiene".[43]

El 19 de julio de 2023, Radio Bío-Bío reveló en un reportaje el traspaso de 400 millones de pesos a la Fundación Espacio Coigüe, liderada por la excandidata a diputada por la región de Chile Vamos Claudia Lillo, para ejecutar el programa de capacitación y formación para dirigentes de la región.[44] La fundación cuenta en su directorio con el sobrino de la diputada Gloria Naveillán, quien mediante un oficio solicito información a la Contraloría, además de indicar que la fundación no tiene experiencia en capacitación.[44] El Gobernador Rivas indicó, como en la acusación anterior, que "Está todo en regla".[45]

El domingo 9 de julio de 2023, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) ofició para fiscalizar contratos suscritos entre la Seremi de Vivienda de La Araucanía y la Fundación Urbanismo Social. En el oficio se solicitó indagar el traspaso de más de $120 millones entre ambas entidades, argumentando que la ONG es cuestionada en una serie de regiones del país.[46]

A fines de junio de 2023, la Fiscalía Regional de la Región de Los Lagos abrió una investigación de oficio por un convenio firmado entre el GORE de la región y la Corporación Kimün, cuyo objetivo era realizar un programa de regularización a 24 meses de terrenos destinado a pequeños y medianos agricultores de la zona. El representante legal de dicha Corporación es Jaime Huincahue, rector del Instituto Profesional Los Lagos de Osorno, mientras que uno de los trabajadores era Diego Ancalao, excandidato a diputado y fallido candidato presidencial de La Lista del Pueblo para las elecciones presidenciales de 2021.[47]

Dicha investigación se abrió en contra de 3 fundaciones, Chinquihue y Participa, además de la Corporación Kimún, quienes recibieron alrededor de 1.200 millones de pesos. En los 6 meses de ejecución, no se habían cumplido ningún de los objetivos del convenio, por lo que el GORE terminó anticipadamente el convenio con la Corporación. Además, la Corporación Kimún compró las acciones del IP Los lagos, que a su vez las vendió a la Fundación Fundelín, de propiedad de Ancalao.[48]

Tras el GORE solicitar la restitución de los fondos traspasados, la Corporación indicó no tener ninguna posibilida de devolver dichos recursos,[49] por lo que la Gobernación se querelló contra la Corporación Kimún por defraudación y apropiación indebida. El viernes 4 de agosto, Ancalao fue detenido en Osorno, señalando ser sólo un chivo expiatorio.[50]

El 5 de agosto de 2023 el Ministerio Público elaboró una lista de las fundaciones investigadas, ascendiente a un total de 37 organizaciones en 10 regiones del país.[53] El 11 del mismo mes el número se elevó a 53 organizaciones en 11 regiones:[6]