Crisis económica en Venezuela (1989-1998)

Desde mediados del siglo XX se mantuvo la estabilidad y fiabilidad que había caracterizado al bolívar como signo monetario, cuya última cotización libre del 18 de febrero de 1983 fue de 4,30 bolívares por dólar, año en el cual el gobierno de Luis Herrera Campíns devaluó la moneda venezolana a 4,30 bolívares por dólar (Viernes negro) debido a la presión por pagar la deuda externa.El precio del barril de petróleo se desplomó a inicios de la década de los 80 y el modelo rentista entró en crisis, el PIB empezó a contraerse y el desempleo y la pobreza resurgieron con fuerza.

Cuando Jaime Lusinchi asume la presidencia en 1984, se planteó entonces alcanzar el equilibrio fiscal y se comprometió a pagar la deuda externa, y aunque rehusó llegar a acuerdo con el FMI, decidió recortar el gasto público en todos los campos.[10] En 1986, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) presiona a Lusinchi a que modifique su política restrictiva debido al costo social de la misma, Acción Democrática hace lo mismo, preocupada por el costo político.[11] De esta manera, Lusinchi dio marcha atrás e incrementa de nuevo el gasto público, a pesar de que no cuenta con recursos para mantenerlo siquiera a corto plazo. Aunque PDVSA logra la proeza de incrementar la producción petrolera en 12% en un año, esto sigue siendo insuficiente para el enorme gasto del gobierno, que entonces se apropia del superávit fiscal de años anteriores, resguardado en la Tesorería, y además devaliuó el bolívar frente al dólar (de 7.5 Bs./$ a 14.5 Bs./$).[12] Sin embargo, el déficit estatal sigue creciendo, y finalmente Lusinchi echa mano a las reservas internacionales, las cuales en meses son reducidas a la relativamente pequeña cifra de 300 millones de dólares, sin contar las reservas en oro, que no fueron tocadas.

La devaluación constante del bolívar, el crecimiento de la deuda externa trajo complicaciones con el pago de la deuda, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado «régimen de cambio diferencial» (RECADI) —que funcionó entre el 28 de febrero de 1983 y el 10 de febrero de 1989 y que tuvo casos serios de corrupción durante el gobierno de Jaime Lusinchi— hicieron desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana.[13]

Aupado por los altos precios del petróleo, en su primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se había impulsado el modelo rentista petrolero venezolano, que aunque daba resultados incrementando el PIB del país, implicaba un brusco ascenso del gasto público.

Carlos Andrés Pérez en el Foro Económico Mundial en 1989.

Las reservas internacionales de Venezuela eran de solo $ 300 millones de dólares en el momento de la elección de Carlos Andrés Pérez a la presidencia. De esta manera, a su llegada al poder en 1989, Carlos Andrés Pérez se encuentra un país con casi inexistentes reservas internacionales, un déficit fiscal de 6.1% del PIB, un complejo control de cambio que ha sobrevaluado la moneda, y una inflación que alcanza el 29.5% a pesar de que existe un control de precios.[14]

A raíz de la negativa situación económica de Venezuela, el gobierno constitucional durante sus primeros meses de gobierno presentó un programa de ajuste macroeconómico al Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de reestructurar la deuda y mejorar las bajas de la Reserva internacional, el cual comprendía un programa monetario, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización de variables claves como la tasa de cambio, de la tasa de interés, de los precios y la liberalización financiera, entre otras cosas. El gobierno de Venezuela le comunica al FMI que espera contar con un monto significativo de apoyo de la comunidad financiera internacional, incluyendo el convenio designado de facilidad ampliada de financiamiento, préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El FMI fijó las tasas de reservas internacionales que el gobierno venezolano debía mantener.

Para ponerle límite a la expansión monetaria venezolana, el FMI determinó el monto de dinero que podía crear el Banco Central de Venezuela, a través de la estimación de las reservas internacionales y los activos internos. Junto a la estimación de la magnitud del multiplicador monetario, el BCV tenía margen de maniobra para decidir el monto de la oferta monetaria. Uno de los aspectos más relevantes del programa de ajuste macroeconómico fue liberalización de los precios, entendidos en el sentido amplio de la palabra, es decir, con respecto a la tasa de cambio, a las tasas de interés y a los bienes y servicio.

Pérez anunció un plan de austeridad consistente en la liberación de las importaciones, eliminación de los controles de precios, privatización de las empresas no estratégicas en manos del estado, como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aumento del precio de la gasolina, congelación de salarios, reducción del tamaño del Estado, así como del gasto público. Los puntos más destacados del programa pueden resumirse así:

• Solicitud de financiamiento al Fondo Monetario Internacional acogiéndose a un programa de ajustes.
• Liberación de las tasas de interés activas y pasivas.
• Unificación de la tasa cambiaria, eliminando la tasa preferencial y por tanto la criticada Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI).
• Liberación de los precios de todos los productos excepto los de la «cesta básica».
• Incremento de tarifas de servicios públicos.
• Aumento del precio de la gasolina y otros derivados del petróleo en el mercado nacional, durante tres años, con un primer aumento de 100% (cinco centavos de dólar) en el precio de la gasolina y un 30% en el del transporte.
• Aumento de los sueldos de la administración pública entre el 5 y el 30%, el salario mínimo a Bs. 4000 en la ciudad y Bs. 2500 en el campo.
• Congelamiento los cargos de la administración pública.
• Racionalización y eliminación de los aranceles de importación.
• Reducción del déficit fiscal a menos del 4%.

Rafael Caldera asumió en medio de una crisis financiera que comenzó con la quiebra del Banco Latino que fue asumido por el gobierno durante la presidencia interina de Ramón José Velásquez, causada fundamentalmente por la concentración de autocarteras y el otorgamiento de autopréstamos a los accionistas y testaferros de un importante número de bancos, que arrasa con la mitad del sistema de ahorros y culminó con la pérdida de depósitos. Hasta octubre de 1994, el gobierno se había apoderado de más de diez bancos en quiebra. El dinero entregado por el gobierno a los bancos restringió el gasto público en otras áreas, afectando a miles de personas y creando un grave desequilibrio en la economía venezolana.

Según René Salgado en su investigación sobre gobierno y economía en Venezuela, «el rescate del sector financiero por parte del Gobierno garantizó aproximadamente 6 mil millones de dólares a los depositantes, lo que representó aproximadamente el 75 por ciento del presupuesto nacional anual y un alarmante 13 por ciento del producto interno bruto. Otras quiebras bancarias continuaron a lo largo del año y hasta 1995»[15]

El 27 de junio Caldera anunció la suspensión temporal de las garantías constitucionales y un control de cambios y de precios como salidas impostergables frente a la severa inestabilidad del sistema financiero.[8] Según el Ministerio de Hacienda, «la totalidad de recursos que la Nación debió destinar durante el año 1994 para asistir a las instituciones financieras intervenidas y estatizadas se elevó a la suma de 1.037.043 millones de bolívares», equivalente al 12% del producto bruto de ese año.[16] Las entidades financieras quebradas por el vaciado de depósitos y las afectadas por prácticas especulativas pasaron a ser rehabilitadas por el Estado. De hecho, el Banco Central de Venezuela anunció la suspensión de todas sus transacciones en dólares.

La confianza y credibilidad de venezolanos y extranjeros en las instituciones financieras se vio seriamente afectada. Más de setenta mil medianas y pequeñas empresas quebraron, fundamentalmente por el régimen cambiario impuesto por el gobierno, que dificultó la obtención de divisas para adquirir bienes intermedios. Los precios de los alimentos, la ropa y el transporte subieron sin control, empobreciendo a un mayor número de venezolanos. Caldera también tuvo que manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y una reducción paralela de las reservas de divisas, empleadas generosamente por el apoyo del bolívar frente al dólar estadounidense.

En 1996 se registró la mayor inflación registrada en la historia de Venezuela hasta ese momento, cuando alcanzó la cifra anual de tres dígitos, con 103,7%.[5]