Europa Laica

Se define como laicista, entendiendo por laicismo "el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los Derechos Humanos. Defiende el pluralismo ideológico en pie de igualdad como regla fundamental del Estado de Derecho y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que lo garantice y lo proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas que implique ventajas o privilegios."[1]

Los objetivos principales de la organización son:[1]

• La efectiva separación del Estado de las religiones, la eliminación de privilegios jurídicos, políticos, simbólicos, económicos y tributarios de entidades organizadas de cualquier naturaleza, ya sean religiosas o no. Promueven el fin de financiación de las religiones por el Estado, el fin de las exenciones fiscales, la eliminación de los símbolos religiosos en instituciones públicas y centros educativos así como la eliminación y financiación de la asignatura de religión en la educación pública.[3]
• La promoción de una Ley de Libertad de Conciencia en España.
• La derogación de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y del Concordato y de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 firmados con el Estado español.

Europa Laica presentó en 2009 a las organizaciones políticas parlamentarias una propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia[1][4] que actualizó en 2022[5]. En ella se recogen los derechos de las personas a título individual y los derechos y deberes de las entidades jurídicas, basados en la defensa radical de la libertad de conciencia, la igualdad y la eliminación de privilegios, así como establece la laicidad de las instituciones del Estado, incluida la educación tanto de titularidad estatal como privada financiada con fondos públicos (concertada).

Europa Laica propugna la Reforma de la Constitución española de 1978 en sus artículos 16 y 27, la derogación del Concordato español de 1953 -modificado por el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1976[6] así como los cuatro Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, firmados el 3 de enero de 1979. La Constitución española entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, cinco días antes de la firma de los acuerdos que se negociaron en secreto durante la elaboración de la Constitución de 1978 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja y el secretario de Estado de la Santa Sede Jean Villot. También demanda la eliminación de las figuras de blasfemia o escarnio así como el delito de herir sentimientos religiosos[7][8] del Código penal español.[1][9]