Fuerza Popular

En el proceso de Consejero Regional participó en 79 circunscripciones de las 199 que fueron convocadas. En este proceso solo logró obtener 5 autoridad electas. Los candidatos electos fueron Elemdiana León de la región de Ancash provincia de Ocros, Carlos Oliva de la región de Ica de la provincia de Ica, entre otros candidatos. En el proceso Municipal Distrital, participó en 458 circunscripciones de 1639 que se convocaron. Así mismo, obtuvo mayor votación en 52 circunscripciones. De este proceso obtuvo 315 autoridades electas. En el proceso electoral Municipal Provincial participó en 690 circunscripciones de 195 que fueron convocadas. En estas elecciones logró obtener 50 autoridades electas. En cuanto al proceso Regional participó en 10 de las 25 circunscripciones, en este proceso electoral no obtuvo ninguna autoridad electa. Participó en la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2010, donde participó en una circunscripción de las 10 convocadas. No obstante, no logra conseguir ninguna autoridad electa[21]

En las elecciones del 2011 en primera vuelta se presentaron 11 partidos, los cuales fueron los siguientes: Gana Perú con Ollanta Humala, Fuerza 2011 con Keiko Fujimori, Alianza por el Gran Cambio con Pedro Pablo Kuczynski, Perú Posible con Alejandro Toledo, Alianza Solidaridad Nacional con Luis Castañeda Lossio, Fonavistas del Perú con José Ñique de la Puente, entre otros partidos.[21]

En el Plan de Gobierno de Fuerza 2011, su plan se basaba en cuatro ideas principales. El primero era eliminar la pobreza extrema; el segundo fue crear un gobierno más eficiente. El tercero, derrotar la delincuencia y el terrorismo. El cuarto y el último, la promoción del empleo.[22] En otras palabras, sus ejes principales eran pobreza, seguridad, reforma del estado y empleo.

Por otro lado, durante su campaña, Keiko indicó que si fuera presidente le daría el indulto a su padre Alberto. En 2011, la plancha presidencia del partido estuvo conformada por Keiko Fujimori Higuchi como candidata a la presidencia a la república, Rafael Rey Rey como candidato a la vicepresidencia y Jaime Yoshiyama Tanaka como segundo vicepresidente[23]

Los resultados de la primera vuelta los ganó Gana Perú con Ollanta Humala con un 31,720%, Fuerza 2011 le sigue con un 23,556%, Alianza por el Gran Cambio 18,524%, Perú Posible obtuvo 15,64% y por último Alianza Solidaridad Nacional con 9,83%.[21] Es decir, tanto el partido de Ollanta Humala como el de Keiko Fujimori pasaron a segunda vuelta.

Keiko Fujimori ganó en seis departamentos: La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura, Cajamarca y Junín. No obstante, si bien no ganó en otras regiones, si contó con un gran respaldo popular, esto se pudo apreciar en departamentos como Amazonas y San Martín ya que contó con un más de 30% de votos válidos. Sin embargo, no contó con mucho respaldo en los departamentos ubicados en el sur del país.[24]

En cuanto a las elecciones para el parlamento andino, Fuerza 2011 contó con un respaldo de 23,21% y quedó en el segundo lugar. Obteniendo un escaño de cinco escaños. Su representante fue Rafael Rey Rey[21]

En las elecciones parlamentarias obtuvo 37 de 130 escaños. Los congresistas que contaron con mayor presencia en el electorado fueron Kenji Fujimori y María Cuculiza por el departamento de Lima, entre otros.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2011 se desarrollaron en un contexto en donde ambos candidatos eran considerados como males; por ende, muchos artículos hacían referencia a esta elección a que se “debería optar por el mal menor”. Ambos candidatos contaron con diversos personajes públicos que le brindaron su apoyo. En el caso de Ollanta Humala, contó con la presencia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se refirió «al izquierdista Humala como un "gran peligro" para el país porque sus políticas intervencionistas podían dañar el comercio y las inversiones, pero dejó animadversión por el fujimorismo al advertir con el "escenario catastrófico" que supondría la presidencia de Keiko»[25] En otras palabras, Vargas Llosa expresó su apoyo a Ollanta Humala. También contó con el apoyo público de Alejandro Toledo, excandidato por Perú Posible, Pedro Pablo Kuczynski, excandidato por el Partido Peruanos por el Kambio, Castañeda Lossio por la Alianza Solidaridad Nacional y Juliana Reymer por el Partido Fuerza Nacional.[26] Como se puede observar ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta contaron con diversos tipos de apoyo. El 29 de mayo, se dio un debate por motivo de la segunda elección, en el cual Ollanta Humala intentó vincular a Keiko con los crímenes de su padre como las campañas de esterilizaciones forzadas hacia mujeres que afectó en mayor parte a mujeres indígenas de sectores de la sierra sur. Por otro lado, Keiko se refirió al cambio repentino de su plan económico[17]

El 5 de junio, Ollanta Humala ganó las elecciones con el 51.45% de los votos, mientras Keiko obtuvo un 48.55%.[21]

Fuerza Popular participó en 1 circunscripción de 68 que fueron convocadas. En dicho proceso electoral obtuvo cinco autoridades electas, las cuales fueron del departamento de San Martín, específicamente del distrito Shatoja de la provincia El Dorado.[21]

Para el proceso de Consejero Regional, el partido participó en 125 de 199 circunscripciones. De dicho proceso, obtuvo 11 autoridades electas. En la segunda vuelta, participó en una de dos circunscripciones convocadas; sin embargo, no logró ninguna autoridad electa. En el proceso municipal-distrital participó en 716 de 1647 de las circunscripciones convocadas. Este proceso tuvo como resultado 474 autoridades electas por el partido. Por otro lado, en el proceso municipal-provincial participó en 104 de 195 circunscripciones convocadas, que trajo como resultado 68 autoridades electas. En el proceso regional, participó en 16 de 25 circunscripciones convocadas, si bien obtuvo la mayoría en dos circunscripciones no alcanzó ninguna autoridad electa. En la segunda vuelta, participó en 3 de 14 circunscripciones convocadas en este proceso logró obtener 6 autoridades electas.[21]

A nivel municipal-distrital, participó en 7 de las 29 circunscripciones convocadas. En donde obtuvo como resultado 12 autoridades electas. En el ámbito Municipal Provincial participó en una de dos circunscripciones que fueron convocadas en dicho proceso no logró obtener ninguna autoridad electa.[21]

En el proceso electoral a nivel distrital, participó en 1 de las 9 circunscripciones convocadas. No obstante, en dicho proceso no logró obtener ninguna autoridad electa.[21]

Para las elecciones presidenciales participaron 14 partidos, entre ellos Fuerza Popular bajo la candidatura de Keiko, Peruanos por el Cambio con Pedro Pablo Kuczynski, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad con Verónica Mendoza, Acción Popular con Alfredo Barnechea, Alianza Popular (Partido Aprista Peruano y Partido Popular Cristiano), Democracia Directa con Gregorio Santos, entre otros partidos.[21]

El 10 de enero de 2016, el partido inscribió su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones de Lima Centro. Su plan de gobierno para el período 2016-2021 contaba con propuestas reformistas. Además, realzaba las reformas positivas que se dio durante el gobierno de su padre. Por otro lado, su primera propuesta se enfocaba en la protección de los derechos humanos y una reforma en el sistema de justicia. La segunda propuesta ponía enfoque en el acceso de los servicios públicos y seguridad ciudadana. La tercera propuesta se enfocaba en el aspecto económico. El cuarto punto se refirió al aspecto de la explotación industrial de los recursos naturales, el turismo. De otro lado, durante la campaña de Fujimori se pudo observar un alejamiento con su padre Alberto; así mismo, descarta realizarle algún indulto.

La primera vuelta de las elecciones tuvo lugar con Fuerza Popular a la cabeza con un 39,9% de votos, Peruanos por el Kambio con el 21,1%, Frente Amplio con un 18,7%, Acción Popular con un 7.0% y Alianza Popular con 5.83%, entre otros partidos que obtuvieron resultados menores al 5%. Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio pasaron a la segunda vuelta.

En las elecciones por el parlamento andino, los tres escaños en contienda fueron ganados por Fuerza Popular. Los candidatos electos fueron Víctor Sousa, Mario Zúñiga y Jorge Luis Romero. Por otro lado, en las elecciones congresales obtuvo 73 escaños de los 130 disponibles. Entre los candidatos más elegidos estuvieron Kenji Fujimori, Cecilia Chacón, Yeni Vilcatoma y Luz Salgado.

Entre el período de la primera a la segunda vuelta se da un enfrentamiento de palabras entre Keiko y Kuczynski. El debate presidencial de segunda vuelta se vio envuelto de fuerte declaraciones. Por ejemplo, Keiko reclamó: «Dice que se construirán cinco cárceles arriba a los 4000 m.s.n.m. Es difícil creerle cuando puso a Mercedes Aráoz en su equipo y ella se negó a esos aumentos».[27] Ella atacó a Aráoz, quien postulaba a la vicepresidencia. Además, añadió «¿Cómo confiar en su grupo político si cuando fue ministra de economía se negó al aumento de sueldo de policías y Fuerzas Armadas» por lo que Kuczynski le respondió «A mí me encarcelaron y me fui del país con el gobierno militar. Yo le preguntaría ¿cómo explicaría usted que un almacén del cual su hermano es socio, se haya encontrado drogas? ¿Cómo es que firmó un acuerdo con un grupo de construcción civil que es conocido por extorsión?».[28] Se habló de una disyuntiva entre los hermanos Fujimori, Kenji y Keiko. Un ejemplo de ello fue que Kenji indicó que planteaba postularse a las siguientes elecciones, pese a que la candidata Keiko descartó cualquier riesgo de militarismo o monopolización de poder[29] El resultado de la segunda vuelta dio como ganador a Pedro Pablo Kuczynski con el 50,12% de los votos, mientras Keiko obtuvo un 49,88% de los votos válidos.

Keiko Fujimori en su campaña para las Elecciones generales de Perú de 2016 por el partido Fuerza Popular.

Ya desde dos años antes del estallido del escándalo Odebrecht, Fuerza Popular se hallaba en investigación por el tema del financiamiento de su campaña electoral previa a las elecciones del 2011 cuando participó con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de la campaña había sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios de numerosos simpatizantes, a través de la realización de cócteles y rifas.[34] En octubre de 2015, un estudiante de Derecho, David Apaza Enríquez, al constatar que las cuentas entregadas por Fuerza Popular a la ONPE no cuadraban, presentó ante la Fiscalía la primera denuncia contra dicho partido, bajo la tesis de que el financiamiento de la campaña electoral del 2011 se había hecho en realidad con dinero ilícito («aportes fantasmas») y por lo tanto se trataría de un caso de lavado de activos. La Fiscalía abrió investigación el 2 de noviembre de 2015. Fue el inicio del llamado Caso Cócteles.[35]

Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunción de lavado de activos. También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una compra de terrenos en Chilca por 617 329 dólares. En marzo de 2016, el fiscal Germán Juárez Atoche abrió una investigación preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.[35]

El revelación del caso Odebrecht dio más pistas a la investigación por lavado de activos. El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, reveló que sostuvo reuniones con la excandidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a los principales candidatos presidenciales del 2011, entre ellos a la candidata fujimorista. Más tarde, la situación de Keiko se complicó cuando se reveló que en la agenda de Odebrecht había una nota con el nombre de la excandidata presidencial junto a un monto (el texto decía: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra aludía a 500 000 dólares y que era un aporte para su campaña electoral de 2011.[36]

En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko y su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. El fiscal designado fue José Domingo Pérez, que en octubre del mismo año adecuó la investigación a la Ley de Crimen Organizado y amplió a 36 meses el plazo para la investigación.[34]

En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el testimonio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campaña de Keiko, aunque señalando que Barata era el único que podía confirmar el monto exacto. También reveló que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al expresidente Alan García, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gaseoducto del Sur Peruano, entre otras obras.[37]

Por entonces, el fujimorismo, a través de su entonces congresista Daniel Salaverry, planteó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez por supuestamente no haber iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de Odebrecht, lo que, a su ver, contrastaba con el proceso abierto contra Keiko. Este acto fue interpretado como una represalia del fujimorismo por la investigación contra su lideresa y como un intento de coaccionar a la fiscalía violentando su autonomía.[38]

El 7 de diciembre de 2017, el Poder Judicial autorizó el allanamiento y registro domiciliario de dos locales de Fuerza Popular, uno ubicado en Cercado de Lima y otro en Surco. Ello, debido a indicios que apuntaban a que el partido fujimorista tenía doble contabilidad o contabilidad paralela para ocultar los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko.[39] Los voceros del partido acusaron al fiscal Pablo Sánchez de estar tras el allanamiento, que habría sido en represalia por la denuncia constitucional entablada contra él.[40]

Según diversos analistas, todo ello impulsó al fujimorismo a intentar tumbar la institucionalidad del país, con el fin de blindar a su lideresa Keiko. Por ello, habría promovido desde el Congreso el proceso de vacancia presidencial contra PPK, quien, no obstante, pudo superarla gracias a una facción del fujimorismo encabezada por Kenji Fujimori (los llamados avengers por los medios de comunicación), que se abstuvo a votar a favor de la misma. Ello ocurrió a fines de diciembre de 2017. En marzo de 2018, se promovió un segundo proceso de vacancia, pero antes de que se procediera a la votación en el Congreso, el presidente Kuczynski renunció tras revelarse los llamados kenjivideos.

El 28 de febrero de 2018, Barata reveló al equipo de la fiscalía peruana haber dado aporte de un 1 200 000 dólares a favor de la campaña electoral de Keiko en 2011, y que los intermediarios de esa entrega habían sido Jaime Yoshiyama Tanaka (entonces secretario general y jefe de campaña de Fuerza 2011), Augusto Bedoya Cámere (exministro fujimorista) y Ricardo Briceño (entonces presidente de la CONFIEP).[41] Específicamente, se le habría dado 500 000 dólares a Yoshiyama y Bedoya durante la campaña de la primera vuelta, y otros 500 000 en la campaña de la segunda vuelta. Los 200 000 dólares restantes se habrían entregado a raíz de una reunión de empresarios convocada por Briceño, gremio que se orientaba por la candidatura fujimorista, temeroso de que ganara la presidencia el nacionalista de izquierda Ollanta Humala. Luego de esa revelación, la fiscalía de lavado de activos allanó las casas de Yoshiyama y Bedoya, e ingresó a la sede de la CONFIEP donde incautaron documentos.[42]

En septiembre de 2018, el diario El Comercio de Lima dio cuenta de correos electrónicos encriptados que intercambiaron Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, y Luiz Antonio Mameri, exlíder empresarial de la constructora para Latinoamérica y Angola, los cuales confirmarían los aportes de dinero ilegal a las campañas electorales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en 2011.[43]

El 10 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori junto a otras 19 personas (entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya), en el marco de las investigaciones por lavado de activos presuntamente ocurrido en la campaña electoral de 2011. Se justificó esta detención, aduciendo que había un grave peligro de fuga de parte de Keiko, sindicada de haber constituido una organización criminal en el interior de su partido.[44] Meses atrás, se había revelado una grabación del caso CNM Audios, donde se escuchaba al juez supremo César Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una reunión con una «señora K… la fuerza número 1». Se trató de una alusión a Keiko y Fuerza Popular que habría estado buscando obtener favores en el proceso que se le seguía sobre lavado de activos.[45] También se ordenó la detención preliminar de los asesores de Fuerza Popular, Ana Herz de Vega y Pier Figari Mendoza, orden que se cumplió mientras estos asistían a una marcha en favor de Keiko. Otros asesores personales de la lideresa fueron también detenidos y allanados sus domicilios.

Keiko y los demás detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial, que luego de oír los argumentos de las partes, anuló la detención preliminar, aduciendo que no había sido sustentada debidamente.[46] Sin embargo, a los pocos días, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko y otras 11 personas involucradas por presunto lavado de activos (entre ellas Jaime Yoshiyama, su sobrino Jorge Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya, Ana Herz y Pier Figari), petición que fue evaluada por el mismo Concepción Carhuancho. Las audiencias se iniciaron el 19 de octubre. Keiko solicitó la recusación de este juez, acusándolo de falta de imparcialidad, pero el mismo juez le denegó el pedido.[47] El fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal.[48]

En cuanto a la necesidad de aplicar la prisión preventiva, el fiscal argumentó la existencia del peligro de obstaculización al trabajo judicial de parte de la procesada, aprovechando su posición de líder política. Al respecto, mencionó como prueba una serie de chats de conversaciones privadas por Telegram (llamada La Botica) donde se lee a miembros de la bancada fujimorista del Congreso ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía, el congresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui. También el fiscal mencionó las maniobras de Keiko para dilatar el proceso y su interferencia en el sistema de justicia para obtener favores. Sobre estos hechos, uno de los testigos protegidos confirmó que la Señora K mencionada en uno de los CNM Audios era la misma Keiko, que buscaba obtener favores del juez Hinostroza en el Caso Cócteles.[49] Otro sustento para la prisión preventiva fue el hallazgo en casa de Vicente Silva Checa, asesor de Keiko Fujimori y antiguo montesinista, de documentos relacionados con la Comisión Lava Jato del Congreso, así como apuntes de la estrategia legal de Fuerza Popular, indicios de que había un propósito desde la alta dirigencia de dicho partido para obstaculizar el desarrollo del proceso.[50]

Luego de revisar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el juez Concepción Carhuancho empezó a revisar el de las otras diez personas del entorno de Keiko. Se esperaba que diera su veredicto final al finalizar todas ellas, pero el 31 de octubre de 2018, cuando solo había evaluado la situación jurídica de cinco de ellas (Ana Herz, Pier Figari, Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, además de Keiko), decidió sorpresivamente dar su veredicto con respecto a Keiko Fujimori. Tras aceptar la tesis fiscal que le imputaba ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó un millón de dólares entregados por Odebrecht en 2011, y considerando que existía un riesgo de que obstaculizara el proceso, el juez dictó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori.[51] Keiko fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

En los días siguientes, el juez Concepción Carhuancho continuó evaluando la situación jurídica del resto de los implicados, contra los cuales ordenó también la prisión preventiva por 36 meses por presunto lavado de activos. Entre ellos, se encontraban Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, a quienes un testigo protegido de la fiscalía sindicó como las personas que, junto con Keiko, eran las que tomaban las más importantes decisiones del partido, los que los convertía en presuntos cabecillas de la organización criminal.[52] A Augusto Bedoya se le dio solo impedimento de salida del país por 18 meses.

Un vuelco importante ocurrió cuando Jorge Yoshiyama Sasaki, otro de los 11 imputados, confesó que su tío Jaime Yoshiyama le había entregado 100 000 dólares para la campaña de Keiko de 2011, con el encargo de buscar aportantes falsos para justificar su origen (método del «pitufeo» o fraccionamiento de dinero). Dijo también que ignoraba que se trataba de dinero de Odebrecht. Hasta entonces, todos los imputados habían negado la existencia del «pitufeo»; con la confesión de Jorge Yoshiyama, la defensa se vio obligada a replantear su estrategia. Por haber aceptado los cargos en su contra y colaborado con la investigación, a Jorge Yoshiyama le dieron solo comparecencia restringida.[53]

En cuanto a Jaime Yoshiyama, que se hallaba en Miami por un tratamiento médico ocular, se le dictó 36 meses de prisión preventiva y se dispuso activar su captura internacional a través de la Interpol. Aunque Yoshiyama había dicho que regresaría a Lima para asistir a las diligencias judiciales, no lo hizo, e incluso hizo una revelación que para muchos resultó increíble: que el aportante de la campaña fujimorista de 2011 fue en realidad Juan Rassmuss Echecopar, un empresario minero nacido en Perú pero afincado en Chile y que había muerto en 2016. Según la versión de Yoshiyama, Rassmuss había aportado más de un millón de dólares, tanto en la campaña de 2011 como en la de 2016, supuestamente porque deseaba que se mantuviera el modelo económico liberal vigente en Perú. Pero al no haber manera de corroborar lo dicho por Yoshiyama, muchos lo consideraron como una versión muy conveniente, al aludir a una persona ya muerta que no podía confirmarla o desmentirla.[54]

Al existir muchos testigos protegidos que admitían que las decenas de supuestas donaciones de dinero para la campaña electoral de Keiko eran fraudulentas, el fiscal Pérez amplió la investigación y citó a 500 personas, para que respondieran si en realidad habían sido aportantes reales. Entre ellas estaban José Chlimper Ackerman, exsecretario de Fuerza Popular, y diversos empresarios (24 de noviembre de 2018).[55]