Inmatriculación

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 la Iglesia Católica en España ha inmatriculado diferentes inmuebles, suponiendo una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad, resultando 34 961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015, siendo 20 014 templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14 947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30 335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4 626 se han inscrito bajo un título distinto.[5]

Este proceso, durante el periodo que se señala, se ha realizado al amparo de sucesivas leyes, modificaciones y/o adaptaciones de las mismas, hasta la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria que pone fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatricule bienes con certificación diocesana.[6][nota 1]

Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861

En la primitiva Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, se establece un procedimiento especial subsidiario destinado a la inmatriculación de bienes públicos y eclesiásticos, justiciándose en que gran parte de unos y otros, bienes amortizados y no amortizados —desamortización española—, carecen de título inscrito, bien porque nunca lo tuvieron, o bien porque se extraviaron al incautarse de ellos el Estado.[8]

Ley 13/1996, de 30 de diciembre

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su Artículo 144, incluye un nuevo párrafo en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria: "Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes".[9]

Esta ley es modificada por el «Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario».[10]

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria

La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria, «tiene un contenido global y alcanza a las relaciones entre Catastro y Registro», regulándose en el artículo 199 «el procedimiento de incorporación al folio registral de la representación gráfica catastral, lo que permitirá determinar con la mayor exactitud posible la porción de terreno sobre la que proyecta sus efectos».[11]

Por otro lado, «el artículo 206 se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público. Es destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la Iglesia Católica utilizara aquel procedimiento especial [...] en muchos casos sin una titulación auténtica [...] posibilita la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes, hacen que se considere que la utilización de este procedimiento especial por la Iglesia Católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el pasado, sea hoy innecesaria.»[11]

Los procesos de reversión de las inmatriculaciones, o la defensa de intereses particulares, suponen una serie de trámites judiciales en los que corresponde al demandante probar su derecho, la carga de la prueba u onus probandi pues, el inmatriculante, en este caso la Iglesia Católica, se fundamenta en «certificado expedido por el Secretario General del Obispo» que puede «tener el mismo valor que los certificados expedidos por funcionarios públicos con prerrogativas de poder público».[12]

Estos procesos, como señala el propio TEDH (ver Un caso), suponen que «para que dicha declaración de nulidad y la inscripción posterior de la finca en el Registro de la Propiedad puedan darse, la demandante debería entablar un nuevo procedimiento ante las jurisdicciones internas», reconociendo que «el TEDH no puede obligar a la interesada a iniciar, ya sea un nuevo procedimiento para conseguir que la inscripción registral sea declarada nula y, en caso de ver atendida su petición, a iniciar aun otras acciones reivindicatorias de la propiedad», una sentencia de 2016 sobre «un asunto que se remonta a 1994».[18]

Otras instancias proponen que el Gobierno de España impugne en bloque todas las inmatriculaciones.[1][19]

«Las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literaria y la delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida en la letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la finca careciese de certificación catastral descriptiva y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, la cual deberá corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes catastrales y registrales. A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse informe del Catastro.»[11]

La letra b) del artículo 9 especifica que se deberá aportar «la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices.»[11]

En la publicación sobre inmatriculaciones,[5] en sus partes I [6] y II,[32] se incluyen una serie de tablas, con distinto contenido, más o menos explícito, variando de una fuente, Obispado o Diócesis, u otro, pero no se dispone de esa identificación geográfica, catastral o registral, que la citada ley establece.

Las relaciones de bienes inmatriculados, expuestos en forma de tabla, disponen de una somera información, aun cuando sujeta a posibles interpretaciones, como el registro 1 de los bienes de Alcantarilla,[33] San José, que puede ser que haga referencia a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, pero no deja der una opción sujeta a confirmación ante la indefinición de ciertos términos.

A este respecto, alguna Diócesis ha optado por publicar la relación de bienes de la Iglesia Católica que han sido inmatriculados en el Registro de la Propiedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, como la Diócesis de Cartagena, con un argumentario[34] acompañado de la correspondiente información en que se identifican estos bienes con código de referencia catastral.[35]

En otras tablas esta indefinición es aún mayor, pues no se aportan datos que permitan una mínima identificación, como la Tabla sobre bienes inmatriculados en la localidad de Bembibre,[36] una indefinición acentuada por englobar dicha tabla la totalidad del municipio, conformado por ocho entidades locales menores más la propia Villa de Bembibre, un hecho que acrecienta esa indefinición y propicia la elucubración sobre la identificación de los bienes inmatriculados.

Esta información publicada sobre inmatriculaciones de la Iglesia católica en España genera dudas o preguntas de difícil respuesta, salvo la elucubración o especulaión, como, por ejemplo, si en el término municipal de Bembibre existen diez iglesias[37] y se inmatriculan siete, sin ninguna referencia de nombre, advocación u otra forma que permita su identificación, cuales son las inmatriculadas y cuales no. Incluso, por qué razón unas sí lo son y otras no, llegando a plantear si la información publicada es correcta, completa.[nota 3]

• Inmatriculaciones en España

• Registro de la propiedad

• Catastro

• MPR I, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2021). Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la iglesia católica en el registro de la propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano respectivo (I). p. 1613.
• MPR II, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2021). Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la iglesia católica en el registro de la propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano respectivo (II). p. 1818.
• TEDH - Fondo, European Court of Human Rights (2014). CASE OF SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA v. SPAIN - [Spanish Translation] by the Spanish Ministry of Justice - SENTENCIA (fondo). p. 30.
• TEDH - Sentencia, European Court of Human Rights (2014). CASE OF SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA v. SPAIN - [Spanish Translation] by the Spanish Ministry of Justice - SENTENCIA (Satisfacción equitativa). p. 8.

• Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. «Miembros de la coordinadora». Consultado el 8 de abril de 2021.

• Benditos papeles (Radio Televisión Española). En portada. 15 de junio de 2022. «¿Son inconstitucionales los bienes inscritos de la Iglesia en España? La lista es de 35000 bienes y cada vez más vecinos y ayuntamientos los reclaman ».