Óscar Diego Gestido

Su primer gabinete fue el resultado de una negociación intrapartidaria que incluyó a cuatro de los cincos sectores del Partido Colorado en ese momento: tres ministros de la lista 15, tres de la UCB, dos del Frente Colorado de Unidad (FCU) y dos de la 315 (este último sector de Amílcar Vasconcellos).[4]

El gobierno dio inicialmente una imagen de agilidad y eficiencia. Casi enseguida de asumir, intervino las cajas de jubilaciones (que enfrentaban serios problemas de gestión) y envió al Parlamento una ley de emergencia de 182 artículos que perseguía objetivos tan diversos como la represión del contrabando, la mejora del comercio exterior y la integración de las políticas cambiaria y monetaria. Pero el gobierno encontró dificultades en darle práctica a sus intenciones. Gestido, que según Luis Faroppa, director de la OPP, era un presidente que resolvía mediante el diálogo, no lograba conducir mediante este medidas concretas y de forma temprana el gobierno comenzó a recibir las mismas acusaciones de inoperancia que antes recibía el colegiado y gobiernos anteriores.[1]

Su primer ministro de Hacienda, Carlos Végh Garzón, colorado independiente y padre de Alejandro Végh Villegas, propuso un ajuste en una "ley de emergencia". En junio Végh Garzón, junto a Enrique Iglesias (de origen blanco), presidente del Banco Central, y Luis Faroppa (colorado de la lista 99), director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, inició una nueva "misión refinanciadora" en Nueva York y Washington. Era moneda corriente al menos desde fines de la década de 1950 que los sucesivos gobiernos pidieran prórrogas para cumplir sus obligaciones. A su regreso, ante la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de Hacienda afirmó que "de ninguna manera se volverá al nefasto régimen del dirigismo, ni al régimen de contralor de cambios, ni al de cuotas para la importación" que había impuesto el Partido Colorado entre las décadas de 1930 y 1950, y que había reimplantado a partir de 1963 el segundo gobierno blanco.[5]

Sin embargo, las discrepancias respecto a la conducción económica a nivel interno partidario, con oposición frontal de dirigentes colorados como Manuel Flores Mora, Amílcar Vasconcellos o Zelmar Michelini, sumado incluso a duras críticas de Jorge Batlle desde Radio Ariel contra técnicos del gobierno y al ministro de Hacienda, provocaron un cambio en el gabinete con el alejamiento de Végh Garzón y el distanciamiento de la lista 15. Como respuesta a la oposición, el presidente solicitó en junio la renuncia de los ministros quincistas: Lacarte Muró en Industria y Hierro Gambardella en Educación y Cultura. También Végh Garzón renunció el 24 de junio, por diferencias con el director de la OPP.[4][5]

El segundo gabinete de Gestido supuso un giro momentáneo hacia posturas más desarrollistas, impulsadas por la Cepal, al incluir a Amílcar Vasconcellos en el Ministerio de Hacienda y a Zelmar Michelini en el de Industria.

Vasconcellos, como nuevo ministro de Hacienda, acompañado por Zelmar Michelini en el Ministerio de Industria y Comercio y Luis Faroppa en la OPP, tuvo que enfrentar el pago de los intereses de la deuda y encontrar una solución al creciente déficit fiscal. Una de las iniciativas fue "acabar con la dependencia del financiamiento externo" y sus condiciones, llamando al pueblo a depositar en una cuenta bancaria "patriótica" denominada "Cuenta 18 de Julio" (fecha de la Jura de la Constitución), en dólares y con un año de plazo mínimo, para sostener el valor del peso con ahorro nacional y cumplir con los pagos de la deuda externa, sin recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). Este empréstito nacional, al que a veces se le llamaba, con alarde nacionalista, "Fondo Monetario Nacional" y que intentaba superar la crisis de divisas mediante los aportes voluntarios de los ciudadanos, tuvo resultados modestos.[1][5]

La oposición acusó a esta cuenta de ser una forma encubierta de emitir deuda pública, con apariencia de depósito, sin la debida aprobación parlamentaria.[1] En una interpelación a Vasconcellos, realizada por el diputado blanco y exministro de Hacienda en 1996, Dardo Ortiz, este último le preguntó al ministro cuánto se esperaba recaudar, a lo que Vasconcellos responde: "unos US$ 65 millones, lo necesario para cumplir con nuestros compromisos externos". Pero en casi tres meses de funcionamiento la "Cuenta 18 de Julio" apenas recaudó poco más de un millón y medio y, según versiones de la época, casi medio millón había sido depositado por el Banco de Seguros del Estado.[5]

Al mismo tiempo, el impulso originario de la ley de emergencia enviada por el gobierno al Parlamento a comienzos del mandato fue desapareciendo. De sus 182 artículos iniciales, más de 70 quedaron por el camino durante el tratamiento parlamentario. La ley quedó finalmente reducida a algunas reformas en los tributos, normas bancarias, política de precios y plan de obras.[1]

Otras medidas tomadas por el segundo gabinete de Gestido fueron detracciones como tipos de cambio diferenciales para exportaciones e importaciones significó un regreso a este tipo de medida que había sido aplicada a la década de 1950. Sumado a esto, la inflación se descontroló, el dólar que en marzo valía 80 pesos, a fines de septiembre rondaba los 135 pesos.[5][1][6]

Ante la situación inflacionaria que desvanecía los salarios y el consecuente descontento de sectores como obreros fabriles y funcionarios públicos, la recientemente creada Convención Nacional de Trabajadores (CNT) realizó un paro general el 20 de julio de 1967, desencadenando un debate dentro del gobierno.[1][5]

Mientras tanto, el 14 de setiembre el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) realizó un atentado contra la planta emisora de Radio Carve.[1]

Ante el paro general, dentro del gobierno algunos de sus miembros defendían una postura dialoguista y otros eran partidarios de la línea dura. Finalmente primó la posición de quienes querían hacer prevalecer el principio de autoridad.[1] El 9 de octubre, Gestido decidió implantar las medidas prontas de seguridad: una disposición constitucional que otorga poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo en forma transitoria.[7][5][4]

La implementación de las medidas prontas de seguridad provocó la caída del segundo gabinete de la presidencia de Gestido. Al día siguiente de su implementación, el 10 de octubre, renunciaron 5 ministros: Zelmar Michelini, Amílcar Vasconcellos, Enrique Véscovi y Heraclio Ruggia, por entender que no estaban dadas las condiciones de conmoción interna requeridas por la Constitución para implementar las medidas. También renunció Faroppa, director la OPP.[1][4][5][7] De forma interina quedó como ministro de Hacienda el abogado y político Carlos Manini Ríos.[5]

La renuncia de estos ministros allanó el camino para un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.[8] Las medidas prontas de seguridad fueron levantadas el 23 de octubre, pero Gestido anunció de inmediato el reinicio de las gestiones con el Fondo Monetario Internacional. Eso provocó una nueva división en el partido de gobierno. Para algunos, la medida era impostergable porque el país no estaba en condiciones de cumplir sus compromisos internacionales. Otros, como Vasconcellos, criticaban lo que consideraban la sumisión del país a los dictados del FMI.[5]

De hecho, el conflicto entre Vasconcellos y Gestido, con recriminaciones recíprocas, llevaron a que el presidente lo retara a duelo en noviembre, evento aún típico en la sociedad uruguaya en esos tiempos. El propio Gestido pidió licencia a la Presidencia de la República para batirse a duelo pero un "tribunal de honor" entendió que no era para tanto.[9][5]

Gestido debió formar el tercer gabinete de su gobierno, ahora solo con representación del sector de la UCB y de la lista 15, más otras figuras que habían sido partícipes de movimientos conservadores, abandonando la línea desarrollista que se había adoptado en el segundo gabinete y optando por un rumbo económico diferente. Así, ahora el abogado César Charlone ocuparía el Ministerio de Hacienda; el arquitecto Pintos Risso, la cartera de Obras Públicas; Horacio Abadie Santos, la de Industria; Guzmán Acosta y Lara en Trabajo y Carlos Manini Ríos al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).[4][10] Entre estas figuras conservadores resalta, en particular, el regreso de César Charlone al ministerio de Hacienda, el día 29 de octubre de 1967, tras casi tres décadas de haberlo ocupado por última vez. Charlone había sido una importante figura de la dictadura de Terra, ocupando diversos cargos, incluido el ministerio de Hacienda, cargo por el que recibió el mote popular de "manos brujas", o "Fu Man Chú", un mago de la época; debido al "mágico revalúo" de las reservas en metales preciosos del Banco de la República que había realizado para permitir más emisión de papel moneda.[5][11]

A principios de noviembre, el nuevo ministro de Hacienda anunció la devaluación de la moneda. Charlone era el tercero que ocupaba esa cartera en seis meses, y su decisión fue impopular. Pero el margen de maniobra era casi inexistente: debido al desequilibrio en las cuentas del gobierno, la tasa de inflación anualizada ya superaba el 100 por ciento.[1]

Mientras tanto, el MLN-Tupamaros retomaba la actividad guerrillera, que había aminorado durante el período electoral. Según Eleuterio Fernández Huidobro, solo en el mes de diciembre de 1967 el MLN realizó siete operaciones, sin contar algunas acciones menores. En esos días Raúl Sendic decidió viajar a Cuba para recibir cursos sobre fabricación de minas personales.[1] En este contexto, el 29 de noviembre ocurre un tiroteo en el balneario El Pinar, Canelones, entre la Policía e integrantes del MLN-T.[1]

La inflación de 1967 llegó a 135,9%, récord histórico desde que hay mediciones en Uruguay, y el producto bruto (PIB) se hundió 4,1%, el peor registro moderno conocido. En noviembre Charlone había devaluado la moneda nacional y el dólar oficial saltó 102%: pasó de 99 a 200 pesos.[5]

Finalmente, el 6 de diciembre de 1967, el presidente Gestido fallecería en la cama de su casa a causa de un infarto a los 66 años de edad, pocos días después de haber cumplido nueve meses de gestión. Fueron decretados dos días de duelo nacional y, como la Constitución lo establecía, lo sucedió en el cargo el vicepresidente de la República, Jorge Pacheco Areco.[12][1][5][6][4]

El saliente presidente del Consejo Nacional de Gobierno Alberto Héber Usher saluda al entrante presidente Óscar Diego Gestido.