Padres de la Constitución

Como parte de la Transición española hacia la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco, una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una constitución que sustituyera al entramado institucional creado por la dictadura. Para tal fin, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una ponencia de siete diputados que fue encargada de elaborar un anteproyecto de constitución.

La Ley para la Reforma Política, Ley 1/1977, ofrecía la posibilidad de que la iniciativa de la reforma constitucional correspondiera al Gobierno o al Congreso de los Diputados, eligiéndose esta última opción. Para este fin se eligieron siete personas de diversos partidos políticos representados en el Congreso.

El empeño del PSOE por dejar fuera de la ponencia a Enrique Tierno Galván, llevó por una serie de razones técnicas a dejar fuera también a los nacionalistas vascos. Esta ausencia se pagaría a un precio muy caro: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), como protesta ante la presencia del nacionalismo catalán y no de ellos, no votó la Constitución, quedando hasta el momento fuera del pacto constitucional, aunque lo acate.

Otra dificultad fue el hecho de que UCD no fuera un partido sino una coalición electoral: los tres ponentes de dicho partido tenían diferentes visiones de cada asunto y, además de tener que hacer cuentas con las numerosas tendencias que se habitaban en la coalición, siendo Fernando Abril Martorell vicepresidente del Gobierno para Asuntos Políticos, fue el personaje que más sed de protagonismo tuvo en este sentido.

Por otro lado, Peces-Barba y Fraga fueron extremadamente exigentes en sus pretensiones, llegando el primero a retirarse de la ponencia para forzar concesiones. Los mediadores fueron otros dos patriarcas de la Constitución, Miquel Roca y, paradójicamente, Jordi Solé Tura, del PSUC-PCE, que sentía, como Santiago Carrillo, la necesidad de dejar claro su sentido de la responsabilidad y la capacidad de los comunistas de llegar a un consenso.

Son abundantes las anécdotas sobre los numerosos debates a propósito del texto definitivo, siendo las relativas a las reuniones secretas hasta altas horas de la madrugada de Fernando Abril Martorell, de UCD, y Alfonso Guerra, del PSOE, las más numerosas. El motivo de estas reuniones era que el texto definitivo estaba siendo aprobado en la Comisión por una mayoría formada por UCD y AP, y esto no le era cómodo a UCD y a la Corona, que temían que se hablara de una constitución reaccionaria y que en el próximo programa electoral del PSOE figurara la revisión constitucional.

Por eso, Adolfo Suárez relevó del cargo de representante de la UCD ante la comisión al tímido Landelino Lavilla, cuyo brazo derecho era el ponente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, e impuso a Fernando Abril Martorell, un extrovertido político.

El anteproyecto se discutió en la Comisión, y, posteriormente, discutido y aprobado por el Congreso de los Diputados. A continuación, se procedió al examen del texto del Congreso por la Comisión Constitucional del Senado y por el Pleno del mismo órgano.

La discrepancia entre el texto aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado hicieron necesaria la intervención de una comisión mixta Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo. El texto fue aprobado el 31 de octubre de 1978 en el Congreso por 325 votos a favor, 6 en contra (del diputado de EE y de diputados de AP) y 14 abstenciones (entre las que figuraban las del PNV), y en el Senado por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.

Aprobado en referéndum, fue ratificado el día 6 de diciembre de 1978 con el 87 % de los votos a su favor, sancionado el día 27 del mismo mes por el rey Juan Carlos I, y publicado en el BOE el 29 de diciembre (se evitó el día 28 por coincidir con el día de los Santos Inocentes, tradicionalmente dedicado a las bromas). Desde 1986, cada 6 de diciembre es fiesta nacional en España, celebrándose el Día de la Constitución.

La Constitución de 1978 fue la primera que se alcanzó en España por consenso, un consenso ensayado en los Pactos de la Moncloa y hallado en pocas otras situaciones. A esto se suma su larga vigencia, solo superada por la Constitución de 1876

El 7 de octubre de 2003, con motivo del 25 aniversario de la Constitución que ellos colaboraron a crear, los padres de la Constitución hicieron público un manifiesto, la Declaración de Gredos, en la que pedían que se mantuviera el espíritu que permitió la creación de la Constitución, y que se alcanzara un consenso similar al de 1978 en caso de modificarse.

El 14 de junio de 2005, la Fundación Emilio Barbón les concedió el Premio Emilio Barbón por «la labor y el esfuerzo que realizaron, tendente al entendimiento y al consenso político en unas circunstancias sociales muy delicadas y en cuya tarea antepusieron la responsabilidad de Estado a sus propios intereses políticos e ideológicos.»

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