Primer gobierno de Martínez Barrio

El gobierno levantó las restricciones a la propaganda política que había impuesto el ejecutivo de Azaña a principios de año, lo que incrementó la libertad de expresión. Un ejemplo de ello fue la celebración de lo que se considera el acto fundacional de Falange Española, un mitin celebrado el 29 de octubre en el Teatro de la Comedia en el que hablaron José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. El evento se celebró bajo protección policial y sin ningún incidente.[14]

La mayor libertad que dio el Gobierno permitió celebrar el mitin fundacional de Falange Española, en el que intervinieron Alfonso García Valdecasas, Julio Ruiz de Alda y José Antonio Primo de Rivera.

Las elecciones de noviembre de 1933 se rigieron por una ley electoral aprobada en julio, durante el tercer gobierno de Azaña. Además de añadir el derecho de sufragio femenino, se mantenía básicamente el sistema electoral mayoritario ya aplicado en 1931. Las circunscripciones electorales eran las provincias y las ciudades de más de 150.000 habitantes, lo que las reducía en número respecto a 1931. Las listas eran abiertas y cada elector podía votar a un número de candidatos inferior al de puestos a cubrir, de forma que quedara una pequeña representación para la minoría. Para ser elegido en primera votación había que obtener el 40% de los votos. Los puestos que no quedaban cubiertos pasaban a una segunda ronda a la que podían concurrir todos aquellos candidatos que hubieran recibido el 8% de los votos. La intención de Azaña era impulsar la unión de las izquierdas; si esta no se obtenía en la primera vuelta, confiaba en que la necesidad obligaría a alcanzarla en la segunda. Las advertencias de Alcalá-Zamora en el sentido de que el sistema favorecería a las derechas no republicanas fueron desestimadas.[15][16]

Azaña confiaba en que el PSOE apoyara esa unión de las izquierdas, pero los socialistas estaban ya embarcados en un intento de hacerse con el poder en solitario y solo pactaron con los republicanos en algunas circunscripciones. Por su parte, a pesar de que algunos republicanos —como el ministro de Estado Sánchez-Albornoz— propugnaban que la coalición gubernamental fuera también electoral, lo cierto es que los republicanos se presentaron divididos.[17] Azaña no hizo ningún esfuerzo para establecer pactos con los radicales de Lerroux, lo que dejó a los republicanos de izquierda tremendamente expuestos al riesgo de una dura derrota electoral.[18][nota 2]

Por su parte, las derechas se presentaron unidas en un Frente Único de Derechas liderado por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles e integrado también por Renovación Española, Comunión Tradicionalista, Liga Catalana y el grupo que se convertiría poco más tarde en el Partido Agrario. Con el apoyo de la Iglesia católica y los sectores económicamente poderosos utilizó de manera masiva novedosos métodos de propaganda.[20]

En cuanto al Partido Radical, no llegó a formar ninguna alianza orgánica, pero estableció unos eficaces acuerdos locales.[20] Sus relaciones con los republicanos de izquierda eran peores que nunca. Algo mejores eran sus relaciones con la derecha no republicana, a la que aspiraba a integrar en el sistema político. Para competir con este sector, el PRR había incorporado a sus filas al exministro de la monarquía Santiago Alba, una muestra de su intento de ampliar la base republicana.[21] El partido pactó en general con los pequeños partidos republicanos conservadores. Sus pactos locales con la derecha no republicana o con los republicanos de izquierdas respondían a la intención de enfrentarse a candidaturas fuertes del PSOE o de la derecha, según los casos. En casi la mitad de las circunscripciones se presentó en solitario, lo que era fruto de su fuerte implantación —caso de Zaragoza— o de su debilidad —caso de Barcelona—.[22]

A dos semanas de las elecciones se produjo un hecho que creó tensiones dentro del gobierno. El empresario mallorquín Juan March —recientemente elegido vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales— se fugó de la prisión de Alcalá de Henares después de sobornar al director y al oficial de guardia.[23]

Algunos líderes izquierdistas culparon al voto femenino de su derrota.

El domingo 19 de noviembre se celebró la primera vuelta de las elecciones. Contrariamente a lo que había supuesto Azaña, fue determinante. El ochenta por ciento de los escaños quedaron cubiertos. Los partidos de derecha experimentaron un fulgurante avance, el PSOE sufrió un considerable retroceso y los partidos republicanos de izquierda se hundieron. Los votantes rechazaron claramente la labor de los gobiernos de Azaña, las izquierdas estaban en minoría, y la división de la coalición republicano-socialista que había triunfado en 1931 acentuó su derrota.[24] Como consecuencia, según relató luego Alcalá-Zamora, el ministro de Justicia, Juan Botella, propuso que se anularan las elecciones[25][26][27] y, al no encontrar el respaldo de sus compañeros de gabinete, presentó su dimisión. Martínez Barrio, sin embargo, dijo que Botella había dimitido a consecuencia de un enfrentamiento con el ministro de la Gobernación Rico Avello debido a la fuga de March.[25] Por su parte, el más moderado Gordón —ministro de Industria y Comercio y líder del mermado PRRS— exhortó al jefe de gobierno a disolver las Cortes.[26][27]

Muy distinta fue la actitud del ministro de Comunicaciones —el radical-socialista independiente Emilio Palomo— quien hizo un llamamiento a la alianza de radicales, republicanos de izquierdas y socialistas en la segunda vuelta para frenar el avance de la derecha. Esta tardía reedición de la conjunción republicano-socialista tuvo el apoyo inicial de todos los implicados; el propio jefe de gobierno anunció un pacto con Acción Republicana y PSOE en su circunscripción de Sevilla. Pero la idea fue finalmente rechazada tanto por socialistas como por radicales. Estos últimos se dieron cuenta, a la vista de los resultados de la primera vuelta, de que podían ganar más pactando con la derecha. [28]

El domingo 3 de diciembre se celebró la segunda vuelta, que no solo no cambió el resultado sino que lo acentuó. Lerroux renunció a negociar nuevas coaliciones con las izquierdas; al contrario, optó por pactar con las derechas en algunas circunscripciones y rompió con los radical-socialistas en Alicante. Los partidos que no habían participado en la implantación de la República eran ahora mayoritarios. Algunos dirigentes de la izquierda —como Azaña y Ruiz-Funes— culparon al voto femenino de su derrota. El radical-socialista Gordón hizo autocrítica y atribuyó su mal resultado a no haber sabido diferenciarse de los socialistas.[29] Más determinante pudo ser la llamada a la abstención de la CNT, que tuvo importancia clara en ciertas regiones.[30] Pero lo cierto es que el resultado electoral se explica sobre todo por un claro desplazamiento del voto hacia la derecha.[31][32]

Se produjeron varios casos de fraude, el más llamativo de los cuales fue en Valencia, con un feroz enfrentamiento entre el Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA) —aliado del Partido Radical— y la Derecha Regional Valenciana (DRV) —adscrita a la CEDA—— con la muerte de tres interventores de este último partido.[27] Pese a ello, las elecciones habían sido las más limpias de las celebradas hasta entonces en España. Prueba de ello es que el ministro de la Gobernación —Manuel Rico Avello— y su subsecretario —Justino de Azcárate— no resultaron elegidos. Y el propio presidente del Gobierno fue elegido con apuros.[25]

Durruti fue uno de los líderes de la insurrección.

El día 8 de diciembre se constituyeron las nuevas Cortes y el Gobierno continuó en funciones una semana más mientras Lerroux negociaba la formación de un nuevo ejecutivo. En ese período, la CNT promovió una nueva insurrección armada como respuesta al resultado electoral, pese a que ella misma había promovido la abstención. Los dirigentes anarquistas —que ya se habían rebelado varias veces contra la República— programaron una revolución contra el avance «fascista». A partir del mismo 8 de diciembre —día de constitución de las nuevas Cortes— se inició una rebelión cuyo epicentro fue Zaragoza y que se extendió principalmente por Aragón pero tuvo escasa repercusión en otras regiones. Los experimentos de implantación del comunismo libertario en diversos pueblos aragoneses fueron rápidamente sofocados por las autoridades. El ejecutivo en funciones reprimió la insurrección, que ofreció un saldo de catorce policías y setenta y cinco insurgentes muertos.[37][38] Además de los muertos, hubo setecientos detenidos y un notable descrédito para las ineficientes tácticas insurreccionales de la CNT.[39]

El PSOE siguió siendo el principal grupo de la oposición parlamentaria hasta la celebración de las elecciones y, en cierto modo, siguió siéndolo tras ellas. El 25 de noviembre se celebró una reunión conjunta de las ejecutivas del partido y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Alarmados no solo por su mal resultado sino también por el avance radical y el primer lugar obtenido por la CEDA, debatieron si esta situación debía ser considerada como la provocación fascista que justificaba seguir la vía revolucionaria. Largo Caballero dijo que la única solución era disolver el Parlamento. Las ejecutivas anunciaron que, «ante el peligro de que el adueñamiento del poder por los elementos reaccionarios les sirva para rebasar los cauces constitucionales en su público designio de anular toda la obra de la República...» las organizaciones obreras «habrían de alzarse vigorosamente» para impedir el «logro siniestro de los propósitos acariciados por las derechas españolas». La acción se presentaba como defensa de la obra de la República y era todavía indeterminada. A su estrategia de hacerse con todo el poder unían la defensa de los logros de los anteriores gobiernos republicanos.[40][41]

Al día siguiente, 26 de noviembre, se reunió el comité nacional del PSOE en sesión extraordinaria y algunos delegados se pronunciaron a favor de una actuación ofensiva. A iniciativa de Largo, el comité acordó esperar a que la derecha realizara una provocación para poder explicar lo que calificaban como «acción defensiva».[40][42] Era difícil concertar una unidad de acción entre los socialistas porque Julián Besteiro controlaba la ejecutiva de UGT y se oponía a los proyectos revolucionarios del PSOE, cuya dirección controlaba Largo. Besteiro consideraba que los socialistas carecían tanto de legitimidad como de capacidad para realizar una acción revolucionaria contra el Gobierno a pesar de la victoria electoral de las derechas.[43][nota 4]

Aunque algunos socialistas pensaron que había que unirse al movimiento revolucionario de la CNT, la comisión ejecutiva del PSOE hizo público un manifiesto en el que rechazaba cualquier vinculación con la intentona de la CNT. Su postura respondía a la convicción de que la revolución socialista habría de ser autónoma y llegar tras una provocación de la derecha.[45]