Secretaría de Estado de Memoria Democrática

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática se crea a mediados de enero de 2020[3] con el objetivo de elevar de rango las competencias en memoria histórica que hasta el momento tenía el Ministerio de Justicia.[4] Con la formación del Segundo Gobierno Sánchez, este transfiere estas competencias al Ministerio de la Presidencia que, aparte de asumir la Dirección General para la Memoria Histórica (ahora renombrada como «de Memoria Democrática»), se crea este órgano superior. Su primer titular, nombrado el 18 de enero de 2020, fue precisamente el anterior director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López.[5]

En su primer año, diseñó un plan de choque de 1,5 millones de euros para diferentes proyectos de memoria democrática, principalmente para la exhumación de víctimas.[6] En este sentido, en octubre de 2020 reguló las ayudas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para sus acciones en materia de memoria democrática[7] y, al mismo tiempo, financió directamente otras. En total, con fecha de marzo de 2021, se habían financiado 114 proyectos de exhumación y recuperación de desaparecidos de la guerra civil y la dictadura por todo el país.[8]

Ley de memoria democrática

Esta sección es un extracto de XIV legislatura de España § Memoria democrática.[editar]

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, visitan una fosa común en el Cementerio de El Carmen de Valladolid.

En 2022 se concluyeron los trabajos para aprobar una Ley de Memoria Democrática que sustituyera a la Ley de Memoria Histórica de 2007. La norma fue aprobada por las Cortes Generales por mayoría absoluta del Partido Socialista, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT. En contra votaron el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya y la CUP. Asimismo, ERC y BNG se abstuvieron.[9][10]

Entre las novedades del texto, este suprimía aquellos títulos nobiliarios otorgados por el dictador Francisco Franco mientras estuvo en el cargo y tuvieran como finalidad recompensar a personalidades afines (no se suprimieron aquellos destinados a reconocer a personalidades relevantes en sus campos de acción y/o conocimiento), así como algunos otorgados por el rey Juan Carlos I al inicio de su reinado.[11] Asimismo, la ley declaraba ilegales, ilegítimas y, por lo tanto, nulas, las decisiones de los tribunales y jurados durante la Dictadura; reforzaba el sistema de búsqueda, identificación y exhumación de las víctimas, creaba una base de datos de ADN y designaba nuevos lugares para la memoria democrática.[12]

En concreto, se encarga de la promoción, en colaboración con las entidades públicas y privadas correspondientes, de la declaración de Lugares de la Memoria Democrática como espacios que revelen interés por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha por los derechos y libertades democráticas; la proposición y, en su caso, acuerdo, en el ámbito de competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sobre la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la guerra civil o de la dictadura y, de acuerdo con las administraciones competentes, la adopción de las medidas necesarias para su ejecución; así como la proposición de medidas a adoptar por los departamentos ministeriales en los diferentes archivos, centros documentales, portales o figuras análogas de naturaleza pública o privada dedicados a la Memoria Democrática, así como el impulso de las medidas de fomento del derecho de acceso a los mismos.[2]

También es responsable del impulso, en colaboración con las administraciones públicas competentes, de acciones de información, divulgación, formación y capacitación sobre Memoria Democrática y atención a las víctimas, así como el establecimiento de líneas de colaboración que permitan recabar información o conocimiento de expertos en la materia; de la colaboración con las administraciones públicas y entidades que lo soliciten en los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil o de la dictadura; de la promoción y coordinación de programas de cooperación en materia de Memoria Democrática con las comunidades autónomas, corporaciones locales y otros organismos; de la propuesta de modificación de la normativa para la adquisición de la nacionalidad española de los familiares de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio; y de la gestión de los expedientes de contratación en el ámbito de la competencia de la Secretaría de Estado.[2]

De la Secretaría de Estado depende un único órgano directivo:[2]

• La Dirección General de Memoria Democrática.

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un Gabinete con nivel orgánico de subdirección general.

El actual titular de la Secretaría de Estado es:

• Fernando Martínez López (18 de enero de 2020-presente)[13]

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