Seguridad vial en Chile

Durante el año 2018, según las informaciones de Carabineros de Chile se registraron en el país 89.311 siniestros de tránsito, dejando como consecuencia, dentro de las primeras 24 horas, a 1.507 fallecidos (1.960 fallecidos estimados dentro de los primeros 30 días) y 57.939 lesionados de distintas consideraciones.[2]

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 1 958 fallecidos.[3]

En 2015, Chile fue el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tenía la peor tasa de mortalidad con 12.4 fallecidos por cada 100 000 habitantes.[4]

Fallecidos en siniestros viales según tipo de usuario. <Br>Fuente: CONASET (2016) Serie 2012-2015.

El principal problema de riesgo vial en Chile son las fatalidades de usuarios vulnerables. Estos corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas fundamentalmente, ya que no están protegidos por algún tipo de carrocería o estructura. Los usuarios vulnerables representan más de 50% de los fallecidos en 2015.[5][6]

Los automovilistas (pasajeros y conductores) representan 38% de los fallecidos en siniestros de tránsitos.[7]

En 2016, según la información de Carabineros de Chile, dentro de las primeras 24 horas, la “velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo” fue la primera causa de muertes en siniestros de tránsito (536 fallecidos), al igual que en los últimos 10 años (4.440 fallecidos). De 2007 a 2016, la imprudencia del conductor es la segunda causa con 3651 fallecidos, seguida por la imprudencia del peatón (3619 fallecidos) y el consumo de alcohol al manejar (1823 fallecidos).[9] El consumo de drogas no es controlado en ruta ni post siniestro.[10]

El año 1993 fue creada la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) con el objetivo central de prevenir siniestros de tránsito y sus consecuencias, coordinando las labores en materia de seguridad vial de los siguientes diez ministerios: Interior y Seguridad Pública, Educación, Justicia y Derechos Humanos, Obras Públicas, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Trabajo y Previsión Social, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia; además de Carabineros de Chile.

De acuerdo al Decreto Supremo 223 del 27 de diciembre de 1993, a CONASET le corresponde asesorar al Presidente de la República en materias referidas a disminuir la elevada tasa de siniestros de tránsito que ocurren en el país. Para ello el ámbito de competencia abarca todas aquellas materias asociadas a la seguridad de tránsito.[11]

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) es una unidad especializada de Carabineros de Chile cuyo objetivo es investigar las causas y dinámicas relacionadas con los siniestros de tránsito.

El Departamento de Seguridad Vial promueve el tratamiento integral de los riesgos viales, y asesora a la Dirección de Vialidad en dichas materias.[12] También establece las normas de las infraestructuras de seguridad vial contenidos en el volumen 6 del Manual de Carreteras Chileno.

El 7 de agosto de 2002, la velocidad en zonas urbanas aumentó de 50 a 60 km/h.[15] Esta medida aumentó el número de muertos en siniestros de tránsito.[16] De acuerdo a las estadísticas, el año siguiente (2003) los siniestros de tránsito en zonas urbanas, cuya causa puede ser atribuible a velocidad excesiva aumentaron en un 29%; del mismo modo, los fallecidos aumentaron en un 25%.[17]

En agosto de 2015 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresó al Congreso un proyecto de Ley que propone reducir el límite de velocidad urbano de 60 a 50 km/h. Estudios demuestran que estableciendo límites de velocidad más bajos, se logra reducir el número de accidentes, lesionados y fallecidos.

El 4 de agosto de 2018, la reducción fue publicada como ley en Chile.[18]

• Zonas urbanas: 50 km/h
• Zonas rurales
  • Caminos de una pista de circulación por sentido: 100 km/h
  • Caminos de dos o más pistas de circulación por sentido: 120 km/h[19]

El control de velocidad con el uso de tecnología es una medida muy eficiente para reducir el exceso de velocidad.[21]

En 1998 se dio inicio al sistema con una experiencia piloto liderada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y la Municipalidad de Santiago. En esta primera fase se situaron fotorradares en tres intersecciones de la zona céntrica de Santiago que tenían una alta tasa de accidentes. A los pocos días de su puesta en marcha, se calculó un promedio de 1.000 infracciones diarias. Posteriormente, esta medida fue adoptada por otros municipios.

Las distintas comunas comenzaron a operar con fotorradares a través de un sistema de concesión: la municipalidad que deseaba implementar este sistema llamaba a una licitación, para que una empresa lo administrara. Este mecanismo también fue objeto de crítica. A medida que los reproches empezaron a extenderse se generó un debate. Los principales grupos de interés involucrados en esta discusión fueron: los automovilistas, las autoridades encargadas de la prevención de siniestros (CONASET), los concesionarios de fotorradares (empresarios) y las municipalidades.[22]

Los debates fueron tan animados que la ley suspendió el uso de fotorradares el 6 de febrero de 2002[23] y se prohibió su uso por parte de los municipios el 7 de agosto de 2002.[24]

Los estudios muestran que los fotorradares fueron efectivos en Chile al nivel de la seguridad vial.[25]

El 28 de enero de 2013, el Ministerio de Transporte presentó un proyecto para crear el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), este proyecto permitiría implementar un sistema moderno que identifique y multe a los vehículos que transiten a exceso de velocidad por las zonas más peligrosas de la ciudad. En dichos puntos estarían instaladas cámaras de seguridad que permitirían identificar a quienes incurran en dichas faltas.

El proyecto tiene como objetivo evitar las multas y prevenir los accidentes por exceso de velocidad. Este organismo sería un servicio descentralizado, de carácter fiscalizador, el cual sería dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este proyecto quiere ser una mejor implementacíon del control de velocidad con uso de tecnología.[26][27] Este proyecto fue aprobado por le congreso el 24 de enero de 2013 luego de cerca de 9 años tramitación.[28][29]

Los sanciones del exceso de velocidad en Chile son las siguientes:

• de 5 a 10 km/h sobre el límite -> infracción menos grave -> 0,5 a 1 UTM
• de 11 a 20 km/h sobre el límite -> infracción grave -> 1 a 1,5 UTM
• de 21 km/h sobre el límite -> infracción gravísima -> 1,5 a 3 UTM y suspensión de la licencia por 5 a 45 días.[30]

En caso de siniestros de tránsito a exceso de velocidad con resultados de muertes o heridos, la ley Chilena lo contempla como un Cuasidelito.[31]

El 4 de octubre de 2022, se promulgó una ley que sanciones para los conductores que sobrepasan el límite de velocidad en más de 60 km/h. Se denomina este concepto como “Velocidad Temeraria”.[32]

Desde el 3 de octubre de 2020, todos los nuevos modelos de vehículos deben contar con un Sistema Antibloqueo de Freno (ABS).[33]

El 3 de octubre de 2021, todos los nuevos modelos de vehículos van a tener un Control de estabilidad.[33]

La Ley “Tolerancia Cero” entró en vigencia en marzo de 2012 como modificación de la Ley de Tránsito. La iniciativa legal bajó los grados de alcohol permitidos en la sangre para conducir, estableciendo el “estado de ebriedad” en 0,8 gramos por litro en sangre y “bajo la influencia del alcohol” en 0,3 gramos por litro en sangre.[34]

La normativa legal nació de una petición ciudadana y lleva el nombre de Emilia por la menor fallecida, Emilia Silva Figueroa. Representa a muchas familias y amigos que han perdido un ser querido a causa de un conductor irresponsable bajo los efectos del alcohol.

Con la Ley Emilia, que se encuentra vigente desde el 16 de septiembre de 2014, se sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. Además, con esta reforma se establece como delito fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohotest o la alcoholemia.[35]

Dentro de la Ley Emilia se penaliza manejar bajo la influencia de estupefacientes, y desde el 16 de abril de 2019, Carabineros de Chile tiene herramientas para probar el consumo, el narcotest.[36]

En 2005, se catalogó como falta grave el uso de teléfono móvil mientras conduce.[37]

En enero de 2015, un proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Diputados con el objetivo reformular la legislación e incorporar de manera explícita en la normativa los distintos usos de teléfonos o equipos móviles que distraen a los conductores. En la iniciativa se elevó la sanción actual de grave a gravísima para los casos en que las personas utilicen una o ambas manos en los aparatos, quitando la atención visual a las condiciones de tránsito del momento .[38] La moción lleva “durmiendo” en el Congreso cerca de cuatro años.[39]

Regulación de la convivencia vial entre los distintos modos de transporte. El objetivo de la ley es hacer convivir de manera armoniosa todos los modos de transporte. La idea es que tengan una posición de igualdad y ninguno esté por sobre otro.[40]

Fue aprobada el 10 de mayo de 2018 y empezó a aplicarse el 11 de noviembre de 2018.[41][42]

Fuente Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE)[54]·.[55]