Frente para la Victoria

El Frente para la Victoria estaba compuesto por:[25]

Antes del surgimiento del kirchnerismo en la vida política argentina, la denominación «Frente para la Victoria», «Frente de la Victoria», o «Frente Justicialista para la Victoria» fue utilizada por numerosos frentes electorales encabezados por el Partido Justicialista a nivel provincial. Los primeros usos del nombre fueron en las elecciones legislativas y provinciales de 1987, en las provincias de Formosa y Río Negro.[26][27] Néstor Kirchner ganó la gobernación de Santa Cruz en tres ocasiones (1991, 1995 y 1999) con el sublema «Frente para la Victoria Santacruceña».[28][29][30]

En 2003, el FPV con la candidatura de Néstor Kirchner resultó segundo en las elecciones presidenciales con 22% de los votos, detrás del expresidente Carlos Menem con 24%. Según lo establece la Constitución Nacional Argentina, correspondía dirimir la elección en una segunda vuelta, pero Menem, al conocer que las encuestas favorecían en más del 60% a Kirchner, se retiró de la misma y resultando, por esa razón, electo Presidente de la Nación Argentina, Néstor Kirchner, para el período 2003-2007, el 10 de diciembre de 2007.

En esa oportunidad, el Frente de la Victoria contaba con el apoyo decisivo de los líderes del Gran Buenos Aires con participación evidente del «duhaldismo», la fuerza política que hasta ese momento seguía al por entonces Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. En las elecciones de 2005, se produjo una ruptura entre el peronismo de Kirchner y el duhaldismo, que llevó a la exclusión de este último del Frente para la Victoria y al enfrentamiento electoral entre ambos sectores. La decisión de avanzar contra las corporaciones económicas, patronales del sector agroganadero de raíz sojera provocó la confrontación. En 2005 el FPV llevó como candidata a Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el duhaldismo presentó a Hilda «Chiche» Duhalde, esposa del expresidente, resultando ganadora la primera por un gran margen de votos.

Durante la gestión de Kirchner, se realizó un pago anticipado del total de la deuda ante el Fondo Monetario Internacional con objetivo declarado de terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del organismo internacional.[31] Luego, se realizó el canje de la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001.

Como símbolo de su gestión, ha llevado adelante una activa política de promoción de los Derechos Humanos. Su gobierno ha incorporado reconocidos integrantes de organismo de Derechos Humanos. Impulsó el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70, realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,[32] las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial.[33]

En materia de política internacional en noviembre de ese año se realizó en Mar del Plata la IV Cumbre de las Américas, donde Kirchner manifestó un rechazo hacia el ALCA, propuesto por Estados Unidos. Este hecho es considerado el hecho fundacional de la UNASUR.[34]

Movilización de apoyo al gobierno, Plaza de Mayo, 18 de junio de 2008.

El 18 de julio de 2007, la entonces senadora por el FPV, Cristina Fernández de Kirchner, se presentó en las elecciones presidenciales de ese año.[35] El acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.[36][37]

El 28 de octubre, Cristina Fernández venció en las elecciones generales con un 46,29%, aventajando por más de 23 puntos a Elisa Carrió candidata por la Coalición Cívica. La fórmula se impuso en casi todos los distritos provinciales y, de esta forma, se convirtió en la primera mujer electa para el cargo de Presidente de la Nación Argentina y asumió dicha función el 10 de diciembre de 2007.

Una de las primeras medidas adoptadas por Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.[38]

El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía de la Nación, Martín Lousteau, anunció la sanción de la Resolución 125, que fue sancionada en marzo de ese año[39] y, estableciendo así, un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación, sujetando su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales.[40] Esto provocó un conflicto con el sector patronal agropecuario que protestaron contra la decisión del gobierno de modificar el sistema impositivo del derecho de exportación.[41] Durante el mismo, las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas como cortes de rutas nacionales, interrupción de abastecimiento básico de alimentos, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.[42] La presidenta Cristina Fernández, suspendió la resolución y envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños y medianos productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. El proyecto recibió media sanción en el Congreso, pero, la votación en la Cámara de Senadores no prosperó, pues obtuvo el empate de los votos, y fue el propio Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien también era el presidente de la Cámara de Senadores, tuvo que desempatar votando por la negativa al proyecto.

El gobierno se concentró en realizar medidas de acción social, entre las cuales se puede destacar el programa Conectar Igualdad de la Ansés (Administración Nacional de Seguridad Social) que consiste en la entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. La Asignación Universal por Hijo, la cual generaliza la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.[43] Luego, este beneficio fue ampliado a las embarazadas de más de 12 semanas de gestación.

Junto a estas, también existieron políticas públicas redistributivas, como el aumento del porcentaje del PBI destinado a la educación que creció desde el 3,64 % en 2003 a 6,02 % en 2010. En términos absolutos, pasó de 14.501 millones de pesos en 2003 a 89.924 millones de pesos en 2010, un 520 % más.[44] La construcción de escuelas, entre 2003 y 2010 se construyeron más de mil escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos, el segundo período de mayor construcción de escuelas de la historia argentina.[44]

También impulsó la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, de su autoría, que establece un mínimo de dos incrementos anuales en las jubilaciones y pensiones. Además, se tomaron medidas como la recuperación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, la cual fue propuesta por un proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández de rescate de las empresas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.[45] También, a través de otra ley, se reestatizó la antigua Fábrica Militar de Aviones (FMA), entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin en 1995.[46]

En el año 2009, envió al parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vino a desplazar la antigua Ley de Medios de Comunicación, que había sido sancionada por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. El proyecto fue debatido en unos 30 foros a lo largo y a lo ancho de todo el país, en el que expusieron ciudadanos, periodistas, propietarios de radios y canales de TV; y se lograron introducir unas 140 modificaciones sobre un articulado de 150 puntos. Finalmente la ley fue aprobada por una holgada mayoría en ambas cámaras legislativas. Dicho proyecto encarnizó el enfrentamiento de su gobierno con los grandes medios de comunicación de Argentina, quienes encararon una fuerte campaña de desprestigio contra su imagen.^{[cita requerida]}

En 2011, el enfrentamiento con los medios de comunicación se acentuó tras impulsar en el parlamento un proyecto de ley para declarar de interés público la fabricación de papel para diarios. Finalmente, la ley fue aprobada y Papel Prensa, única empresa productora de dicho insumo en Argentina, hasta entonces en manos de los dos periódicos más importantes del país, pasó a proveer el material al mismo precio para todos los diarios que lo requirieran.^{[cita requerida]}

En términos de soberanía, Cristina Fernández de Kirchner ha hecho gestiones en pos de retomar las negociaciones con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. El 16 de abril de 2012 anunció la intervención de la petrolera de bandera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), cuya mayoría accionaria se encontraba en manos de la empresa española Repsol, a la que anteriormente se había interpelado por deficiencias en el abastecimiento de petróleo y nuevas exploraciones. Asimismo envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51 % de las acciones y retomar el control estatal sobre ese recurso natural no renovable. El anuncio generó un rotundo apoyo de la opinión pública y casi todo el arco político, tanto del partido oficialista como de la oposición. Finalmente, dicho proyecto se convirtió en ley por una amplísima mayoría en ambas cámaras de parlamento.^{[cita requerida]}

En las elecciones generales de 2015, el FPV presentó como candidato a Presidente de la Nación a Daniel Scioli. El FPV resultó la fuerza más votada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo el mayor número de legisladores en las legislativas y el mayor número de gobernadores de provincias. En la segunda vuelta presidencial, Scioli obtuvo 48,66% ante Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos, que resultó ganador con 51,34%.