Política del Paraguay

El gobierno de cada departamento es ejercido por un gobernador y por una Junta Departamental, electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones generales, y duran cinco años en sus funciones. Las sedes de estas gobernaciones están ubicadas en las respectivas capitales departamentales.

El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional, mientras que la Junta Departamental representa al Poder Legislativo departamental, y está compuesta por concejales departamentales titulares y suplentes. El número de éstos concejales departamentales varía acorde a la población de cada departamento. Así mismo, cada departamento tiene su Circunscripción Judicial (que representa al Poder Judicial), a su vez dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con sede en Asunción. Por otra parte, cada departamento tiene su cupo para la Cámara de Diputados de Paraguay, representando al Poder Legislativo Nacional; y cada departamento posee su Jefatura o Dirección de Policía departamental, dependiente de la Policía Nacional del Paraguay.

La competencia de los gobiernos departamentales son coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento; organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio, así como promover las asociaciones de cooperación entre ellos; preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación; coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central, en especial lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la educación; disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental y demás que establezca la ley.

El gobierno de cada municipio es ejercido por la Intendencia Municipal y la Junta Municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica Municipal (LOM). Quienes conforman la intendencia son el Intendente y las dependencias administrativas del municipio. El Intendente es el administrador general del distrito, quien es electo en forma directa por los ciudadanos para operar por un periodo de 5 años, mientras que los concejales integrados en la Junta Municipal duran 5 años en sus funciones, con posibilidad de ser reelectos, y cuya función se limita al de un órgano deliberante y legislativo del gobierno municipal.

Según al artículo 24 de la LOM, la cantidad de concejales que un municipio requiere varía de acuerdo al monto presupuestario que el Estado emite a la jurisdicción.[6] La ciudad de Asunción, por ser la capital del país, es el único municipio con 24 concejales municipales (tanto titulares como suplentes). Para el resto de los municipios, la Ley Orgánica Municipal establece que las Municipalidades de primer y segunda categoría contarán con 12 concejales municipales titulares y suplentes; mientras que las Municipalidades de tercera categoría contarán con 9 concejales municipales titulares y suplentes.[7] Así mismo cada municipio posee su Policía Municipal de tránsito, dependiente del gobierno Municipal.

Cada municipio se gobierna desde la municipalidad en instancias similares a nivel nacional: el Intendente equivaldría a un órgano ejecutivo, y la Junta Municipal a un órgano legislativo y normativo. La junta municipal se encarga de dictar leyes u ordenanzas, que son las normas jurídicas municipales cuya fuerza obligatoria se aplica dentro de los límites del distrito. Existen tres tipos de actos de gobierno que dan lugar a la dinámica del funcionamiento municipal: Ordenanza, Reglamento y Resolución municipales.

Las ordenanzas son reglamentos de carácter general para la comunidad, sancionadas por la Junta y promulgadas por la Intendencia, y sirven para establecer derechos, obligaciones y prohibiciones para los habitantes del distrito y para los habitantes del país que por alguna razón se encuentran en la jurisdicción. La iniciativa de los proyectos de ordenanzas se consensua entre los miembros de la Junta, el Intendente y los ciudadanos por iniciativa popular; tienen fuerza de ley local, es decir, dentro del municipio, pero deben ajustarse a la ley dictada por el Congreso Nacional. Los reglamentos son normas internas de carácter general dictadas por la Junta o el Intendente, y sirven para organizar las reparticiones administrativas de la municipalidad. Las resoluciones son normas aplicadas a casos específicos o particulares, ya sea a un individuo o grupo determinado, y pueden ser dictados indistintamente por la Junta o el Intendente.

Durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI, el gobierno paraguayo recayó en la corrupción política, dando lugar a prácticas como el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el nepotismo y la impunidad. Así, en el 2019, Paraguay ocupaba el ranking 139.º del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional.

En el 2009, según datos de esta misma entidad, Paraguay lideraba el IPC dentro del Mercosur y en Latinoamérica figuraba en segundo lugar.[10]

La desaparición de la dictadura militar de 35 años (1954-1989) en Paraguay, bajo el gobierno del general Alfredo Stroessner, dio lugar a la "Transición Democrática Paraguaya" 1989-2008), la cual se prolongó durante dos décadas. Sin embargo, la corrupción política durante la dictadura sentó las bases de un aparato clientelista.

Un informe del Congreso de los Estados Unidos indica que debido al pasado autoritario del país,[11] las instituciones del Estado de Paraguay fueron débiles, e incluso, frágiles a influencias de la sociedad civil y de la prensa. Por tal motivo, no pudieron fortalecerse, dando lugar a que la corrupción -que aún persiste- socave la consolidación democrática y el desarrollo económico.

En 1992, se adoptó en Paraguay una nueva constitución y en 1993 se eligió por primera vez a un presidente civil luego de 40 años, que fue Juan Carlos Wasmosy, el cual fue imputado por corrupción. Según la revista Interforum, en la galería de los corruptos latinoamericanos de 1992 a 2002, se registra a tres expresidentes de Paraguay: Raúl Cubas, Juan Carlos Wasmosy, Luis González Macchi.[12]

También está la corrupción en el manejo indebido de los fondos públicos, dando lugar a casos de desfalcos o malversaciones, apropiación indebida, desvío de fondos y manejo discrecional. El monto defraudado al Estado Paraguayo entre 1970-1999 podría ascender a los USD 33 232 millones, realizados en las principales dependencias y entidades del gobierno. También se incluye casos de fraude electoral e irregularidades en el proceso de licitación de los servicios públicos a empresas privadas.[13][14]

Al descubrirse casos de corrupción, la prensa ha influido en los cambios de figuras políticas o líderes influyentes dentro del Estado Paraguayo. Sin embargo, la denuncia en la prensa de estos casos aún no ha contribuido a la caída de un gobierno, pero ha influido en acelerar la salida de líderes del gobierno paraguayo.

• Anibal Miranda (2000). Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas. Miranda y Asociados. ISBN 9992530847. OCLC 254542811.
• Miguel Ángel Pangrazio Ciancio (2005). Corrupción e impunidad en el Paraguay. Ed. Servilibro. OCLC 48106833.
• Miguel Ángel Pangrazio (2005). Los fraudes electorales en el Paraguay. Intercontinental Editora. OCLC 64685087.
• Centro de Estudios Paraguayos "Antonio Guasch" (1995). La corrupción en Paraguay: sus causas y vías de salida. Volumen 2 de Seminarios CEPAG. Editor CEPAG. OCLC 52143095.

• Carlos Martini y Myriam Yore (1998). La corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo: apuntes para una radiografía de la impunidad. Editor CIDSEP/UC. OCLC 44552025.

• Daniel Mendonca (2005). Corrupción: un estudio sobre la corrupción en Paraguay. Intercontinental Editora. OCLC 64769120.

• María del Pilar Callizo, Marcello Lachi, Transparencia Paraguay (2004). Encuesta nacional sobre corrupción 2005. Editor Transparencia Paraguay. OCLC 76256579.