Ley Universitaria de 2014

La Ley Universitaria de 2014 (Ley N° 30220) es la segunda actualización del sistema de educación universitaria del Perú.


Ley Universitaria 30220

Tipo Ley
Idioma Español
Creación 9 de julio de 2014
Publicación Diario Oficial El Peruano
Reemplaza a Ley Universitaria N° 23733
En vigor Sí
Signatario(s) Ollanta Humala
René Cornejo Díaz
Reforma 2022 (Ley 31520)

Dicha norma fue dictada el 9 de julio de 2014 y propulsada por el congresista Daniel Mora Zevallos.

Historia de la ley universitaria 30220

La necesidad de una nueva ley fue propuesta a finales de la década de 2000, para formar el Consejo Nacional de Universidades, pero fue archivada por el Congreso en 2010.[1]

En 2013 el congresista peruano Daniel Mora, del partido Perú Posible, ante el crecimiento de universidades en el país y la baja calidad académica se encargó de una nueva reforma. Sus propuestas fueron difundidas en el foro La universidad en el S. XXI, nueva ley universitaria y su autonomía en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.[2]

En agosto de 2013, la Comisión de Educación de Congreso de la República, a cargo de Mora como presidente y Leyla Chihuán como vicepresidenta, anunciaron la aprobación de los primeros ocho capítulos para la formación de esta Ley con la aprobación de la entonces Asamblea Nacional de Rectores.[3] En noviembre se aprobaron los tres siguientes, incluyendo la obligación de matricularse con doce créditos para mantener la condición de estudiantes regulares y la imposibilidad de continuar en los estudios para aquellos que desaprueben tres veces un mismo curso.[4][5][6] En diciembre de ese año, se aprobaron los capítulos restantes.[7]

El 16 de junio de 2014 el Congreso aprobó la ley con 56 votos a favor, 46 votos en contra y tres abstenciones.[8][9]

Sin embargo, tras su publicación en julio de 2014, autoridades universitarias apelaron la aplicación por infringir la Constitución de 1993. En noviembre de 2015 el Tribunal Constitucional declaró infundada las acusaciones.[10][11][12]

Contenido de la ley universitaria 30220

La ley cuenta con 16 capítulos y 133 artículos.[7]

Destacan los siguientes puntos:[13]

  • La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la nueva autoridad peruana, lleva la función de regular, supervisar y tomar acciones de las instituciones públicas y privadas en el país (capítulo II). En 2015 se aprobó la votación del consejo directivo.[14]
  • La exigencia de contar el 25 % de la plana de profesores a tiempo completo.
  • Llevar un grado de maestría a cada educador, siendo obligatorio a partir del quinto año de la publicación.
  • Llevar en su bachillerato un idioma ajeno al suyo.
  • Establecer como «alumno regular» aquel que lleve por lo menos 12 créditos por curso.[6]
  • Egresar de la universidad con al menos un trabajo de investigación gestionado por el vicerrectorado de investigación.[15]
  • La exoneración del impuesto a la renta a las instituciones académicas.
  • La prohibición de postular a sentenciados por terrorismo.[4][5]
  • Llevar un Tribunal de Honor o Defensoría Universitaria para atender quejas (artículo 75).[16]

Impacto

La propuesta inicialmente fue rechazada por manifestantes de la Asamblea Nacional de Rectores, al supuestamente interferir su autonomía universitaria por estar bajo el control de una superintentencia para mejorar la calidad educativa.[17]

En enero de 2017, luego de proclamarse la ley, 10 de las 140 entidades universitarias fueron acreditadas.[18] Durante el proceso, hubo inconvenientes para encontrar la acreditación; para 2015, el director de la superintendencia se percató de actos de corrupción en instituciones de alto presupuesto para omitir infracciones en la revisión final.[19]

En una entrevista del exministro de educación Ricardo Cuenca para el diario La República, señaló que en el año que se publicó la ley «tres universidades peruanas habían publicado más de 100 artículos en revistas indexadas, en el año 2021 este número ha subido a 24 universidades».[20] Según Ranking Scimago de Scopus en ese año, Perú fue el segundo país de Latinoamérica con mayor crecimiento en producción científica con 244% en comparación al año pasado.[15]

Modificaciones

A finales de 2015 se propuso modificar la Ley Universitaria para extender el mandato de los rectores en las universidades. Este fue llamado «Ley Cotillo» en alusión al opositor de la Ley, el rector de Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedro Cotillo, quien justificó que el reglamento «no dispone que la designación de las nuevas autoridades universitarias se haga antes que finalice el mandato de las actuales».[21][22] Generó manifestaciones de estudiantes, específicamente del colectivo Merecemos Más.[23][24] En diciembre de ese año el proyecto fue archivado.[25]

En diciembre de 2017 se modificó el límite de edad permitido para los docentes a 75 años, por Ley N.º 30697.[26]

En marzo de 2020 se modificó algunos artículos para tomar acciones ante la pandemia de COVID-19, por Decreto Legislativo N.º 1476. Entre ellos, se establece la educación a distancia y las sesiones virtuales.[27]

En abril de 2021 se publicó la Ley N.º 31183 que añade una disposición transitoria para obtener el bachillerato inmediatamente después a los estudiantes que aprobaron todos los cursos entre 2020 y 2021.[28] En noviembre de ese año se extendió el plazo a 2023 por Ley N.º 31359.[29] Pese que no infringe el funcionamiento de la institución, la Sunedu criticó la medida por «dar una idea de que se está vulnerando [su] autonomía».[30]

Contrarreformas universitarias de 2021-2022

En diciembre de 2021, Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó dos contrarreformas para ofrecer una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas, específicamente a las 48 en proceso de clausura,[31] y restablecer la directiva de la Sunedu.[32]

Fue propuesto por los legisladores Álex Paredes, Edgar Tello y Esdras Medina,[33] y recibieron el apoyo del líder de Renovación Popular Rafael López Aliaga,[34] y representantes del colectivo universitario AUF Perú.[35] Además, fue promovida por la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos Jeri Ramón Ruffner,[31][36][37] a lo que según ella acusa al partido político Partido Morado de «tener el control de la educación».[38][39] Este contó con el apoyo de 17 abogados de Lima, entre ellos, el encargado de la planficiación legal de la contrarreforma Aníbal Quiroga.[40]

El 1 de febrero de 2022 se realizó una sesión en el Congreso sobre el restablecimiento de la directiva de la Sunedu,[41] caso que el portal Convoca señaló que también «incluyó la modificación de algunas funciones de la Sunedu, las competencias del Ministerio de Educación (Minedu), como ente rector, y hasta se ha derogado una disposición complementaria sobre el financiamiento para mejorar la calidad de los servicios de educación universitaria».[42] Tras dos horas se aprobó por primera instancia con 69 votos a favor (incluyendo en totalidad a las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, con considerable parte de la bancadas Perú Libre y Avanza País), 39 en contra y dos abstenciones.[31][43][44] Una segunda votación fue recibida en mayo de ese año con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones.[45][46] La ley asignada es la 31520 y modifica el artículo 12 de la Ley Universitaria de 2014.[47]

El 9 de mayo de 2022 se planificó la primera audiencia en que Sunedu denunció la norma por dos aspectos: la «cosa juzgada» y el «principio de independencia».[48] Sin embargo, se suspendió para noviembre de ese año.[49]

A pesar de que la modificación fue aprobada por insistencia el 12 de julio de 2022,[50] el 20 de julio del mismo año la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la acción de amparo, por lo que se anula momentáneamente la contrarreforma.[51][52] Debido a que la universidad San Marcos se opuso a la anulación, el 18 de agosto el Poder Judicial envió dos oficios que advierte a la rectora Ramón Ruffner que no podrá interferir a la elección de dos representantes de las universidades públicas para el Consejo Directivo de la Sunedu.[53]

El 20 de diciembre, el Tribunal Constitucional dejó infundado la demanda de inconstitucionalidad de la ley firmada por 33 congresistas, que tenía como función legal desnaturalizar la creación del Consejo Directivo de la Sunedu tras incluir a representantes como era en el caso de la Asamblea Nacional de Rectores.[54][55] Esa estrategia para darle el visto bueno hacia las contrarreformas fue propuesta por parlamentarios Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú.[56] A pesar de no haberse enterado ese cambio a tiempo, Sunedu volvió a tomar acciones judiciales tras reconocer como constitucional dos veces previos a esta nueva decisión,[57] además de acusar de desinformación sobre el supuesto conflicto con la designación de autoridades en el Consejo Directivo.[58] Durante la reorganización varias figuras de la contrarreforma visitaron al ente universitario en busca de cambiar su reglamentación.[59]

En 2023 Infobae reportó reuniones con el Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, ente responsable de la validez de los centros de educación superior. Esto coincide con las declaraciones del jefe de asesoría de la nueva directiva la Sunedu, Carlos Mesía, quien declaró extender los permisos temporales a perpetuidad.[60]

Recepción

La contrarreforma generó discusiones sobre la reducción del rol de la superintendencia y como podría cambiar la calidad académica en el país, históricamente influenciada por corrientes conservadoras según la exministra de Educación Patricia Salas.[61] Una de las congresistas que votó a favor en febrero de 2022, Rosselli Amuruz, justificó la contrarreforma porque «ya no sé de la elección de los miembros de Sunedu por el Ministerio de Educación, para mí, eso era un abuso del tema caviar».[62] El exministro Martín Benavides señaló a Infobae en 2022 que las contrarreformas fueron planificadas desde 2016 y que, según él, se modificaron tres aspectos desde entonces: revertir su dependencia al Ministerio de Educación, establecer su meritocrática al cambiar su consejo directivo y carecer de auditoria en el licenciamiento de los egresados.[63]

Sobre las universidades desacreditadas, el propio Daniel Mora indicó previamente que en mayo de 2020 es posible volver a postular como nuevas.[64] El 19 de diciembre de 2021 se realizó una reunión del Consorcio de Universidades (PUCP, UL, UPCH, UP), en que 16 rectores participantes señalaron los efectos negativos tras una eventual reducción de la exigencia educativa para aquellas a punto de ser desacreditadas.[65] Posteriormente la misma asociación junto con la recién formada Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) volvieron a criticar de manera conjunta a la contrarreforma e hicieron hincapié en los efectos que podría tener.[66]

Sobre la «restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas», en mayo de 2021, el Consejo Directivo manifestó en contra de la aprobación debido al cambio de poder a las universidades, que justifica un «regreso a un viejo orden sin fiscalización».[67] Además, los congresistas Flor Pablo y Carlos Anderson, este último describió como parte de los «intereses particulares de los [partidos políticos] de derecha e izquierda»,[68][69] junto a los ministros César Landa y Alejandro Salas,[70] e inclusive a la Unesco criticaron a la reforma.[71] Pablo posteriormente formaría el bloque multipartidario para defender la reforma universitaria en 2021.[72] En 2023 el diario La República reportó que el proyecto de restablecimiento permitió a 56 universidades crear 999 carreras de pregrado y 1083 de posgrado sin la fiscalización de la Sunedu,[73] cifra que Infobae estima ascenderse a 2250.[74]

Véase también

Referencias
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