Lluís Companys

Proclamación de la Segunda República en Barcelona.

Después de la formación de Esquerra Republicana, se le planteó al nuevo partido el dilema de concurrir o no a las inminentes elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Las distintas tendencias dentro del partido tenían posturas diferentes y Companys logró convencer a los abstencionistas, encabezados por Macià y el sector procedente de Estat Català de la necesidad de participar.[28] La propuesta de Esquerra era encabezar candidaturas conjuntas republicanas catalanistas, pero la negativa de Acció Catalana Republicana a unirse a Esquerra en una coalición en Barcelona, hizo que finalmente solo Unió Socialista de Catalunya participara en la candidatura de Esquerra Catalana. Diseñadas las candidaturas, Companys formó parte de la lista al ayuntamiento de Barcelona por el distrito VIII. Como en el resto de España, los resultados constituyeron un rotundo éxito de las candidaturas republicanas. Entre estas, la candidatura de Esquerra fue la inesperada triunfadora,[29] obteniendo 25 concejales, entre los que se encontraba Companys, en tanto que los radicales (en una candidatura de Conjunción Republicano-Socialista con el PSOE, la UGT y los federales) obtenían 12 concejales. También resultó elegido un republicano independiente. Entre las fuerzas no republicanas solo la Lliga Regionalista con 12 concejales obtuvo representación.[30]

«Don Luis Companys, Gobernador civil de Barcelona», en el artículo «Cómo se proclamó la República en Barcelona» (Mundo Gráfico, número 1017, página 4, 29 de abril de 1931).[31]

Conocidos los resultados, la cúpula de ERC trató de acordar un plan de acción. La noche del lunes 13, los dirigentes del partido, con Macià al frente, se reunieron, sin llegar a decidir una estrategia, si bien aquel se mostró decidido a actuar al día siguiente. Por la mañana, Companys se reunió con varios de los concejales electos de su partido, recibiendo el grupo la orden de Macià de dirigirse al ayuntamiento, al que él también se dirigiría. Al mediodía accedió, junto con Nicolau Battestini, Josep Bertran de Quintana y Amadeu Aragay y otros, al ayuntamiento. Allí, depusieron al alcalde accidental Antonio Martínez Domingo y, tras ser aclamado como alcalde por sus compañeros y hacerse con una bandera tricolor, Companys salió al balcón que da a la plaza de Sant Jaume y proclamó la República a la una de la tarde.[32] A continuación, Companys remitió un telegrama al presidente del comité revolucionario, Niceto Alcalá-Zamora: «Esta mañana, a las doce, acompañado de los concejales electos, he requerido al alcalde accidental, señor Martínez Domingo, la entrega de la vara de alcalde y del cargo, lo que ha hecho haciendo constar su protesta. Le saludo: Companys».[33] Una hora más tarde, Macià se dirigió al ayuntamiento también y, desde el mismo balcón, a las dos y cuarto de la tarde, proclamó el «Estado catalán, que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas». Inmediatamente, Macià cruzó la plaza, entró en la Diputación Provincial (el actual Palacio de la Generalidad) y anunció que se hacía cargo de un Gobierno provisional para Cataluña, destituyendo a continuación a los máximos poderes judicial y militar del territorio. Por la tarde, se proclamaba la República en Madrid y el comité revolucionario se constituía en Gobierno provisional, bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora.

Companys y los correligionarios que habían proclamado la República provenían fundamentalmente del PRC y del grupo de L'Opinió y formaban el ala republicana del partido, que afrontaba el hecho catalán integrando a Cataluña dentro de una solución federal. Macià, por su parte, representaba a la facción procedente de Estat Català, partidaria de la independencia de Cataluña, aun permitiendo alguna solución de tipo confederal.[34] No obstante, la iniciativa tomada por Companys al acudir al ayuntamiento perseguía hacerse con la alcaldía,[21] algo que no consiguió, puesto que Macià prefirió que se encargase de una función de menos exposición pública, la de gobernador civil de Barcelona.[35] El mismo día 14 de abril, Macià envió a Companys a tomar el gobierno civil, que en la situación de confusión había sido ocupado por el radical Emiliano Iglesias.[36] El nombramiento de Companys como nuevo gobernador civil fue aprobado por el ministro de Gobernación del Gobierno provisional de la República, Miguel Maura y refrendado oficialmente el 24 de abril.[37] Companys siguió con la responsabilidad de gobernador civil hasta el mes de junio, cuando dimitió, siendo sustituido por Carlos Esplá. Companys declaró que abandonaba la responsabilidad de gobernador para reanudar su labor política y preparar la campaña electoral para las inminentes elecciones a Cortes Constituyentes.[38]

La proclamación de la República Catalana por parte de Macià abrió un conflicto con el recién constituido Gobierno provisional de la República. Para resolverlo, tres días después, tres ministros del Gobierno provisional (los catalanes Marcelino Domingo y Lluis Nicolau d'Olwer, más Fernando de los Ríos) llegaban a Barcelona para negociar con Macià (un proceso en el que no participó Companys),[39] alcanzando un acuerdo por el que Macià renunciaba a la República Catalana a cambio del compromiso del Gobierno provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes un estatuto de autonomía para Cataluña, previamente «aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes», y del reconocimiento del gobierno catalán, que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre de Gobierno de la Generalidad de Cataluña. La nueva Generalidad de Cataluña asumiría las funciones de las cuatro diputaciones provinciales catalanas y sería la encargada de organizar una asamblea con representantes de los Ayuntamientos hasta que no fuera elegida por sufragio universal. Esta asamblea, denominada Diputación provisional de la Generalidad se constituyó mediante elecciones indirectas realizadas el 24 de mayo entre todos los concejales catalanes y tenía dos objetivos principales: presentar la ponencia del estatuto de autonomía y organizar el plebiscito para su aprobación.[40] Companys fue elegido miembro de la Diputación en representación del partido judicial de Sabadell.[41][42] La primera reunión de la Diputación Provisional tuvo lugar el 9 de junio. En ella se eligió a los once diputados que formarían parte de la ponencia estatutaria. Companys estaba entre ellos, si bien no participó directamente en la redacción del anteproyecto, ya que se eligió una comisión redactora reducida compuesta por cinco miembros.[43] También se eligió a la mesa de la nueva asamblea, siendo elegido Jaume Carner, independiente próximo a Esquerra, como presidente y Lluís Companys y Josep Irla, ambos pertenecientes a Esquerra, como vicepresidentes.[14][44] Companys sustituiría provisionalmente a Carner en enero de 1932, cuando aquel fue nombrado ministro de Hacienda.[14]

En las elecciones generales del 28 de junio de 1931, Companys fue elegido diputado por la provincia de Barcelona,[45] en la lista de Esquerra Catalana, que incluía candidatos de ERC, USC e independientes,[46] y que obtuvo una amplísima victoria sobre la Lliga. Companys fue el segundo candidato más votado en su circunscripción, tras Josep Suñol i Garriga.[47] Marginado por Macià de posiciones de responsabilidad en Cataluña, la ejecutiva del partido decidió enviar a Companys a Madrid para liderar la representación parlamentaria catalana.[48] En las Constituyentes, Companys ejerció la jefatura del grupo parlamentario de Esquerra desde su constitución, en julio de 1931, hasta septiembre de 1932. Fue también el presidente de la minoría catalana, grupo constituido por los diputados catalanes que apoyaban el Estatuto de autonomía de Cataluña.[49] Aunque no quiso formar parte de la Mesa de las Cortes, formó parte de la Diputación Permanente, así como de la comisión de Reforma Agraria, prueba del interés de su partido de participar no solo en lo relacionado con la autonomía catalana. En palabras de Companys tras la constitución de las Cortes: «Los Diputados catalanes hemos venido aquí a defender nuestro Estatuto a la fraternal comprensión de los señores Diputados y a su sentido democrático; pero hemos venido también para intervenir en otras cuestiones que afectan a la grandeza de España: la Constitución, la Reforma agraria, las leyes sociales».[50]

En las Cortes Constituyentes, Companys tuvo una participación muy relevante, llevando el protagonismo de la minoría, junto con Lluhí. En su condición de presidente de la minoría, estableció un contacto directo y personal con Macià, que era quien fijaba las posiciones que debía adoptar la minoría en las Cortes.[51] Inicialmente Companys se mostró muy crítico con los gobiernos provisionales encabezados por Alcalá-Zamora, a los que veía muy poco audaces en su política de reformas: «en el país existe un afán nervioso y difuso de que se le gobierne revolucionariamente; hay una apetencia de reformas inmediatas y subversivas que serían constructivas, porque hoy gobernar revolucionariamente es cumplir el sentido gubernamental de la política».[52] También protagonizó varios enfrentamientos con el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, acusándole de favorecer a la UGT, en detrimento de la CNT, con la que Esquerra mantenía un acuerdo tácito, lo que había permitido mantener la paz social en Cataluña en los primeros meses de la República. También intervino intensamente en los debates constitucionales, especialmente en los temas relacionados con la autonomía catalana. Tras el nombramiento de Manuel Azaña como presidente del Consejo de Ministros en octubre de 1931, Esquerra se convirtió en uno de los apoyos clave del gobierno, especialmente tras el abandono del Partido Radical de la coalición gubernamental, si bien no quiso entrar en el ejecutivo. Paralelamente, Companys siguió con su actividad periodística, fundando y ejerciendo la dirección de La Humanitat, que más tarde se convertiría en el órgano oficial de Esquerra Republicana de Catalunya. Su primer número salió a la calle el 9 de noviembre de 1931.[53] Su papel como director de La Humanitat le permitió conservar su influencia dentro de la dirección del partido.[54]

Portada del estatuto de autonomía de Cataluña de 1932

En noviembre de 1931, Companys se vio salpicado por el escándalo Bloch, un polémico asunto relacionado con los contactos que el financiero francés M. Bloch (condenado por estafa) había tenido con varios parlamentarios de ERC durante una breve visita a Madrid. El asunto tuvo mucha repercusión en los medios políticos y periodísticos de toda España pidiéndose dimisiones y responsabilidades políticas. Ante ello, Companys presentó a Macià su dimisión como líder tanto del grupo de ERC como de la minoría catalana. La dimisión no fue aceptada ni por la ejecutiva del partido ni por Macià, por lo que los diputados de ERC votaron en contra de aceptar su dimisión y Companys, que se encontraba inmerso en los debates constitucionales, siguió en su puesto.[49] Companys, al frente de su grupo, votó favorablemente la Constitución.[55] También intervino en las deliberaciones en torno a la cuestión religiosa, apoyando la limitación de la presencia de la Iglesia católica en el ámbito público, o en las relativas al sufragio femenino, mostrándose partidario de la extensión del voto a las mujeres. También votó a favor de la reforma agraria.[52] Desde el 6 de mayo de 1932, fecha en la que comenzó la discusión sobre el Estatuto de Cataluña en las Cortes, aprobado en referéndum por los ciudadanos catalanes pero incompatible en algunos aspectos con la nueva Constitución, hasta su aprobación el 9 de septiembre, Companys intervino activamente en los debates.[49] A pesar de que el trámite parlamentario supuso un severo recorte del texto enviado desde Cataluña, tanto Companys como sus compañeros de la minoría catalana votaron a favor de la aprobación del estatuto.

Una vez aprobado el estatuto, el centro de la actividad política de los partidos catalanes se trasladó de las Cortes madrileñas al nuevo Parlamento que se había de constituir en Barcelona, puesto que por primera vez se había creado un espacio político autónomo en Cataluña y era preciso que cada partido consolidase su posición en este nuevo escenario. Fruto de ello es que la actividad de los diputados de Esquerra se redujo de forma drástica en el periodo posterior a la aprobación del estatuto.[56] Al ser elegidos diputados autonómicos, muchos diputados catalanes, aunque no abandonaron su acta en las Cortes, centraron en el Parlamento de Cataluña su acción política.

En noviembre de 1932, se produjeron las elecciones al Parlamento de Cataluña, en las que Companys fue candidato de ERC por Lérida.[57] Las elecciones dieron un triunfo arrollador a Esquerra Catalana, coalición de ERC con Unió Socialista de Catalunya, los federales, Unió Catalanista y el Partido Radical Autonomista, que obtuvo 67 de los 85 escaños en juego.[58] Companys obtuvo escaño y el día 13 de diciembre fue elegido presidente del Parlamento de Cataluña, por una amplia mayoría[59] (setenta votos a favor y uno en blanco, el suyo seguramente). De esta forma, Companys se convertía en la segunda autoridad de la autonomía catalana, solo después del presidente de la Generalidad de Cataluña, Francesc Macià. Además, en caso de que este muriera o fuese destituido, Companys se convertiría automáticamente en el nuevo presidente. Companys expresó su emoción por haber sido elegido presidente del parlamento de la siguiente forma:[60]

Si alguna vez he sentido profundísima emoción y encima el peso de una gran responsabilidad, ha sido en este momento solemne. Es el proceso de toda una vida accidentada que se corona con la designación con qué acabáis de honrarme; una vida en la cual he encontrado fuertes amarguras, bien compensadas con la representación de la jerarquía histórica que me habéis confiado: la de presidente de las Cortes catalanas restauradas.

Tras su elección, aunque no abandonó su escaño en las Cortes, presentó su dimisión como presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana,[49] haciéndose cargo del grupo Miquel Santaló.

Su labor al frente de la cámara catalana no fue reseñable, sin desempeñar tampoco un papel institucional. Al contrario, su actuación fue marcádamente partidista,[60] como demostraron diversas declaraciones públicas y mítines políticos en los que intervino durante la primera mitad de 1933.

Companys permaneció al frente de la cámara catalana hasta mediados de 1933, cuando la abandonó para integrarse en el gobierno de la República, el último presidido por Manuel Azaña durante la primera legislatura republicana. La crisis ministerial tuvo su origen en la grave enfermedad, un cáncer de garganta, que sufría Jaume Carner, ministro de Hacienda, elegido diputado como independiente en las candidaturas de Esquerra. Desde febrero, Azaña había supervisado la labor ministerial y, llegado junio, con el grueso de la legislación reformista ya aprobada, pidió permiso al presidente de la República, Alcalá Zamora, para sustituirle. Sin embargo, el presidente decidió abrir una crisis ministerial, en un intento de escorar hacia la derecha la coalición gubernamental. La negativa socialista a participar en un gobierno con los radicales, dejó a Azaña como único candidato a presidente del Consejo, con un gobierno en el que entraron los federales y, por vez primera, ERC.[61] Los propósitos fundamentales de Esquerra para sostener el gobierno eran, por una parte, prolongar la legislatura temiendo un posible triunfo de las derechas en las elecciones. Por otro, presionar para conseguir el traspaso de las competencias contempladas en el nuevo estatuto.[62] En este contexto se produjo la entrada de Companys en el gobierno, sustituyendo como ministro catalán a Carner, pero sin hacerse cargo de su cartera, sino de una de muy bajo perfil, la de Marina, para disgusto del propio Companys y de su partido,[63] que aspiraban a conseguir la de Industria y Comercio.[64] El grado de sintonía personal entre Azaña y Companys no era muy alto.[65]

El Ministerio de Marina, en el paseo del Prado de Madrid (actualmente Cuartel General de la Armada).

Companys fue Ministro de la Marina entre junio y septiembre de 1933. Ocupó la cartera con «desgana y sin interés»,[53] desarrollando una labor poco reseñable, con escasos proyectos de ley remitidos al parlamento.[49] La salida de Companys del gobierno fue fruto de la retirada de confianza de Alcalá Zamora a Azaña, tras producirse las elecciones a vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales. Los sucesivos gobiernos de Lerroux y Martínez Barrio, en los que participó Esquerra pero no Companys, gestionaron el país hasta la convocatoria de elecciones en noviembre de 1933. Retornado a Barcelona, Companys se volcó de nuevo en la política catalana. En octubre había presidido la clausura del II Congreso Extraordinario de ERC, apareciendo como el sucesor natural de Macià, y en noviembre fue candidato en las elecciones generales, siendo el candidato más votado por la circunscripción de Barcelona-ciudad,[53] si bien lo fue gracias a una argucia de Francesc Cambó, que ordenó el voto de sus fieles a Companys con el objetivo de que sobrepasase el umbral del 40% y no hubiese que repetir las elecciones, según disponía la legislación electoral. De esta forma, aunque Companys fue el candidato más votado, la Lliga obtuvo los 14 de los 15 escaños correspondientes a las mayorías en Barcelona-ciudad.[66] Los resultados en toda España supusieron una rotunda derrota para los partidos republicanos de izquierda (salvo la Esquerra catalana) que prácticamente desaparecían del hemiciclo (13 escaños) y una reducida representación para el PSOE (59 escaños), quedando la CEDA como partido con más diputados (202 escaños), con los radicales (115 escaños) en segundo lugar.[67]

La vida de Companys experimentó también cambios durante 1933. Se separó de su esposa Mercé Micó y se unió sentimentalmente a Carme Ballester,[18] una militante del partido que había formado parte de Estat Catalá.

A la muerte de Francesc Macià (en la foto), Companys fue elegido presidente de la Generalidad de Cataluña y líder de Esquerra Republicana de Catalunya.

El 25 de diciembre de 1933, apenas constituido el primer gobierno del bienio radical-cedista, encabezado por Alejandro Lerroux, se produjo la muerte de Francesc Macià, que no pudo recuperarse de una operación de apendicitis. Companys aparecía como el sucesor natural del presidente catalán, especialmente tras la expulsión del partido del grupo de L'Opinió, que había tenido lugar en septiembre y cuyos miembros podían haber sido sus rivales a la hora de liderar el partido y el gobierno catalán. La responsabilidad de elegir al nuevo presidente de la Generalidad estaba en manos del Parlamento, el cual, reunido en sesión extraordinaria el 31 de diciembre,[68] eligió a Companys presidente con 56 votos favorables y 6 abstenciones, entre ellas la suya y la de los diputados de la Lliga Catalana.[53] Previamente, el grupo parlamentario de Esquerra se había reunido para elegir al candidato de su partido. Además de Companys, otros dos candidatos se barajaron como alternativa: Carles Pi i Sunyer y Humbert Torres. La identificación de Companys como la opción republicana, obrerista y rabassaire fue la que hizo que fuese el elegido.[18] Sin embargo, su elección distó de suscitar el apoyo unánime que sí concitaba la figura de Macià. Los sectores más nacionalistas de su propio partido cuestionaban su trayectoria catalanista, por lo que su apoyo interno no era general. Su vinculación con el anarcosindicalismo suscitaba recelos en tanto que desde los sectores más conservadores de Cataluña se ponía en duda su capacidad. Más aún, en contraste con la figura de Macià, al que se consideraba representante de toda Cataluña, Companys era visto como un hombre de partido.[18]

Tras su toma de posesión, y a diferencia del gobierno saliente, creó un gobierno de concentración republicana, en el que participaban consejeros no solo de su partido, de la Unió Socialista de Catalunya o de Acció Catalana Republicana, sino también del Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, el partido creado por los disidentes de L'Opinió. De los siete consejeros de que constaba su gobierno solo tres ocupaban el mismo puesto en el gobierno presidido por Macià. Durante todo su mandato como presidente, Companys presidiría gobiernos de amplia base política.

Una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo gobierno fue la Ley de Contratos de Cultivo, que pretendía sustituir los contratos de rabassa morta por otros más favorables para los arrendatarios de viñedos, de forma que los rabassaires pudiesen acceder a la propiedad de la tierra que cultivaban según unas condiciones menos restrictivas que las existentes entonces (los arrendatarios podrían comprar la tierra que trabajaban tras un periodo de cultivo ininterrumpido de quince años; también se estipulaba que los contratos de arrendamiento tuvieran una duración de seis años).[69] Se trataba de la primera ley importante de carácter socioeconómico promovida por la Generalidad de Cataluña y fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, por unanimidad (la Lliga se había retirado del Parlamento tras las elecciones municipales catalanas celebradas en enero), el 21 de marzo de 1934.[70] Entró en vigor el 11 de abril.[71] Sin embargo, la nueva legislación contó con la oposición frontal de los propietarios, agrupados en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, y de la Lliga Catalana, la cual pidió y apoyó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la República, presidido por el radical Ricardo Samper ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el 4 de mayo. La argumentación del ejecutivo central era que la competencia sobre obligaciones contractuales la reservaba el artículo 15 de la Constitución de 1931 al Estado, en tanto que la Generalidat aducía que en virtud del artículo 12 del Estatuto, le correspondía la legislación en materia de política social agraria. El 10 de junio de 1934, el tribunal declaró, por 13 votos a 10, que el Parlamento de Cataluña no tenía competencias sobre el tema y anuló por tanto la ley, lo que se tradujo inmediatamente en protestas callejeras en Barcelona y diversos puntos de Cataluña.[72] Ante este hecho, interpretado por Esquerra como una agresión al autogobierno catalán, sus diputados, juntos con los de la Unió Socialista de Catalunya, se retiraron de las Cortes españolas.[54] Por su parte, dos días después de la sentencia, el gobierno catalán hizo aprobar en el Parlamento un texto idéntico al declarado anticonstitucional,[70] especificando además su carácter retroactivo respecto a la fecha inicial de entrada en vigor. Por su parte, las fuerzas de la izquierda republicana española, apoyaban las reivindicaciones catalanas. Así, durante el debate sobre la Ley de Contratos de Cultivo en las Cortes españolas, el 21 de junio, Azaña afirmaba que «el poder autónomo de Cataluña es el último poder republicano que queda en pie en España».[72]

Poco después se producía una reorganización del gobierno catalán. El 28 de junio, Josep Dencàs se hacía cargo de la cartera de Gobernación, sustituyendo a Joan Selves i Carner, que había muerto inesperadamente.[73] Militante de ERC, Dencàs era el fundador y líder de las Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), las cuales formaban el ala independentista de Esquerra. Las JEREC se oponían frontalmente al anarcosindicalismo, porque consideraban que los conflictos sindicales desviaban la atención de los obreros de la lucha verdaderamente importante, la "nacional".[73] Para ello, contaban con una fuerza de choque, los escamots. Tras su nombramiento, Dencàs nombró a Miquel Badia, amigo y colaborador en las JEREC, como responsable de Orden Público. El tándem Dencàs-Badia adoptó métodos expeditivos contra las organizaciones sindicales, lo que sería muy criticado.[74] Un aspecto no esclarecido sobre los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona fue la razón por la cual el presidente Companys encargó la cartera de Gobernación a alguien tan alejado ideológicamente, al cual incluso desde dentro del gobierno catalán se había calificado de fascista, y en unos momentos de máxima tensión social. El historiador Jordi Rabassa apunta dos posibles razones. Una sería que Companys necesitaba aplicar una política más contundente en el ámbito del orden público y no quería aparecer como el responsable de ello, para lo que necesitaría a Dencàs como chivo expiatorio. Otra sería que, en caso de fracasar, Companys podría deshacerse los independentistas de Estat Català, el grupo más fuerte opuesto a su política dentro de su partido.[74] El propio Dencàs afirmaría que Companys le había nombrado consejero de Gobernación para preparar una revuelta independentista.[73] Durante los meses siguientes, Dencàs amenazaría varias veces con dimitir, al no haber recibido el visto bueno del gobierno catalán para desencadenar la intentona independentista, el cual tampoco había autorizado la compra de armas en Europa para preparar la rebelión.[73]

El conflicto entre los gobiernos central y autónomo siguió durante el verano. El 26 de junio, el gobierno de Samper anunciaba que declaraba la nueva ley catalana nula y sin efecto, al tratarse de la misma ley que había sido declarada anticonstitucional y que estaba considerando legislar por decreto en relación con los conflictos de competencias entre los gobiernos estatal y autónomo. Ante la oposición parlamentaria, el gobierno Samper renunció a sus pretensiones de legislar por decreto, sometiéndose a un voto de confianza el 4 de julio con el objeto de resolver el conflicto de acuerdo a la Constitución y al Estatuto. El 10 de julio, la Generalidad aprobaba varios decretos para aplicar la ley objeto de la polémica pero, al mismo tiempo, ambos gobiernos buscaban un acuerdo que pusiera fin al conflicto. No ayudaba a la resolución el hecho de que, a diferencia de Macià, Companys no tenía las mismas relaciones personales con Alcalá Zamora. Durante el mes de julio, el consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, Joan Lluhí, se reunía con Samper, en tanto que el ejecutivo catalán declaraba oficialmente que era su intención hacer que la legislación sobre contratos de cultivo se ajustase a las «leyes básicas» de la República.[75] Mientras tanto, seguía el proceso de traspaso de competencias a la Generalidad de Cataluña. El 13 de septiembre, la Generalidad publicó unos nuevos decretos que modificaban los iniciales siguiendo lo requerido por el gobierno estatal. A pesar de otros desencuentros entre ambas administraciones (que produjeron incluso una nueva denuncia del ejecutivo Samper contra el catalán por injurias y desacato a cuenta de unas declaraciones de Companys contra una ley que regulaba la jurisdicción de la Generalidad sobre el personal de la administración de justicia[75] se llegó a un acuerdo el 21 de septiembre,[76] pero este acuerdo no fue aceptado por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de forma que cuando Samper presentó el acuerdo, declarando que las modificaciones introducidas eliminaban la anticonstitucionalidad de la ley original, Gil-Robles, líder de la CEDA, anunció que retiraban su apoyo al gobierno, por lo que este dimitió.[77] Tres días después se anunció la creación de un nuevo gobierno, bajo la presidencia de Alejandro Lerroux y la presencia de tres ministros de la CEDA. Los partidos republicanos (salvo el radical) expresaron inmediatamente su rechazo a dicha fórmula.

Tras la entrada en el gobierno de la República de tres ministros de la CEDA y al desatarse la huelga revolucionaria convocada por los socialistas en octubre en diversos puntos del país, el 6 de octubre de 1934 Companys, tras acusar al nuevo gobierno español de «monarquizante» y «fascista», proclamó el «Estado Catalán» dentro de la República Federal Española, invitando a los republicanos de izquierda de toda España a establecer un gobierno provisional de la República en Barcelona. Según declararía Companys durante su posterior juicio, el 5 de julio Joan Lluhí le habría pedido en nombre del ejecutivo catalán a Azaña, que se encontraba en Barcelona tras asistir al entierro de su antiguo colaborador Jaume Carner Romeu, que encabezase un gobierno provisional de la República en la capital catalana, pero este no habría aceptado.[79]

Companys contaba con el apoyo de las fuerzas catalanistas de izquierda y con los partidos y organizaciones obreras, agrupados en la Alianza Obrera.[nota 2] Con la importante salvedad de la CNT que se había negado a secundar la huelga.

Este hecho es uno de los más controvertidos de la Segunda República y especialmente de los protagonizados por Companys. Existen innumerables interpretaciones del hecho. Stanley G. Payne, en La primera democracia española (1995), afirma que «Companys era un hombre básicamente sensato que llevaba meses sometido a presiones extremas de los catalanistas radicales».[80] Pere Anguera, en La España de los nacionalismos y las autonomías (2003) señala a la radicalización social del independentismo y a la catalanista de los partidos marxistas, en un clima de crisis política entre los gobiernos de distinto signo en Madrid y Barcelona. En este contexto, Companys habría tratado de frenar una revolución social, desencadenando un movimiento político a cuyo frente se situaba, con el propósito de desactivar la revuelta social. También habría pretendido no perder el control de la Unió de Rabassaires y habría influido los posicionamientos crecientemente radicales y catalanistas de independentistas y partidos obreros.[81] Josep Sánchez Cervelló, en el capítulo dedicado a Companys en En el combate por la Historia (2012), interpreta que con el desencadenante formal de la entrada de la CEDA en el ejecutivo, fueron las tensiones dentro de su gobierno entre los partidarios de mantener una alianza estrecha con las fuerzas de la izquierda republicana del resto de España (postura defendida por Joan Lluhí, consejero de Justicia), los independentistas (con Josep Dencàs, consejero de Gobernación, a la cabeza), y los que fundamentalmente promovían una revolución socialista (Joan Comorera, líder de la USC y consejero de Economía y Agricultura), los que llevaron a Companys a la radicalización y a la proclamación del 6 de octubre, con la que pretendía asumir un perfil catalanista del que según sus críticos habría carecido hasta entonces.[82]

El general Domingo Batet redujo la sublevación iniciada por Companys con un mínimo derramamiento de sangre.

Tras la intervención militar dirigida por el comandante en jefe de la IV División Orgánica, el general Batet, Companys fue detenido junto con el gobierno catalán en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, que fue requisado para ser utilizado como prisión. Companys y sus consejeros permanecieron recluidos en el Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, cuando fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Las consecuencias para la autonomía catalana fueron desastrosas. El 7 de octubre, con el país aún bajo el estado de guerra, el general Batet designó al coronel de Intendencia Francisco Jiménez Arenas presidente accidental de la Generalidad.[83] El 2 de enero, las Cortes aprobaban una ley por la que se suspendía el estatuto de autonomía, nombrándose a un gobernador general de Cataluña que asumía las funciones del presidente de la Generalidad y de su consejo ejecutivo.[84] En noviembre, Amadeu Hurtado, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña había tratado de buscar una solución que salvase el autogobierno catalán del procesamiento de sus dirigentes, proponiendo que la presidencia de la Generalidad, en ausencia de su presidente, y del presidente del parlamento, fuese ocupada por el vicepresidente, Antonio Martínez Domingo, de la Lliga. Sin embargo, Companys desautorizó cualquier posible arreglo, impidiendo cualquier colaboración por parte de Esquerra Republicana.[85]

Companys y sus consejeros fueron juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladado al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena.

A pesar de ello, fue candidato del Front d'Esquerres en las elecciones de febrero de 1936 por la circunscripción de Barcelona-ciudad, resultando elegido diputado.

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, no tardó en llegar la amnistía. Tras la dimisión de Portela, Azaña formó gobierno el 19 de febrero. Ante los continuos tumultos y manifestaciones exigiendo que los presos de octubre fuesen liberados, el presidente del Consejo propuso a la Diputación Permanente de las Cortes un decreto de amnistía. El 21 resultaba aprobado el decreto-ley y se dieron las instrucciones para que se produjese urgentemente la liberación de presos. Esa noche, Companys y sus compañeros del penal del Puerto de Santa María, Comorera y Lluhí, fueron liberados y trasladados hacia Madrid, pasando por Córdoba, donde pernoctaron. Al día siguiente, se reunieron en Ocaña con los otros cuatro consejeros, que venían de Cartagena y con todo el grupo de amigos y familiares que se había desplazado desde Barcelona para recibirlos. Esa noche llegaron a Madrid.[87]

Liberado en 1936 tras la victoria del Frente Popular, en previsión de un posible golpe militar nombró al capitán Frederic Escofet como Comisario General de Orden Público de Cataluña.

Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio al que hicieron frente fundamentalmente milicias anarquistas, el presidente Companys firmó el 21 de julio un decreto de creación del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. El 11 de septiembre de ese año, La Vanguardia recogía unas declaraciones suyas con los titulares «el Presidente condena los actos de terrorismo» y «hay que terminar con los actos que se cometen al margen de la Justicia».[89] Pero no solo se trató de declaraciones públicas, enmarcadas en la pugna del gobierno de la Generalidad con el Comité Central de Milicias Antifascistas: Companys fue una pieza fundamental, dado el cargo que ocupaba, en una tarea que involucró a muchas más personas, y cuyos rostros más visibles fueron los consejeros Ventura Gassol y Josep Maria Espanya, el presidente del Parlamento de Cataluña, Joan Casanovas, y el rector de la Universidad de Barcelona, Pedro Bosch Gimpera. En conjunto, salieron de los puertos catalanes 9206 personas (incluyendo entre ellos al cardenal y arzobispo de Tarragona Vidal y Barraquer, capturado por milicianos de la FAI y salvado in extremis de ser asesinado) hacia Marsella y Génova, la mitad de ellos durante 1936, utilizando pasaportes, visados y salvoconductos, muchas veces falsos, expedidos por la Generalidad de Cataluña. En su calidad de presidente, Companys firmó con el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja un convenio que preveía que cualquier persona pudiese abandonar la zona de España en la que se encontrase, el cual no fructificó al negarse las autoridades franquistas a firmarlo también.[90]

El lehendakari del Gobierno de Euzkadi, José Antonio Aguirre Lecube, y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, en Barcelona. Autor: Jesús Elosegi Irazusta (16 de octubre de 1938).

Durante toda la guerra encabezó el Gobierno de Cataluña tratando de mantener la unidad entre los partidos y sindicatos que le apoyaban. Ello fue muy difícil por las tensiones entre comunistas y socialistas agrupados en el Partido Socialista Unificado de Cataluña con los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo, apoyados estos últimos por el POUM. A partir de octubre de 1937 se sucedieron sus enfrentamientos con el Gobierno republicano de Juan Negrín, instalado en Barcelona, y en abril de 1938, tras la ocupación de Lérida, escribió una carta al presidente del Gobierno español, quejándose de las arbitrariedades que estaba cometiendo y de la marginación que sufría el Gobierno catalán. Casi al mismo tiempo, la nueva administración franquista acordaba, mediante una ley promulgada en Burgos el 5 de abril, con las firmas del ministro del Interior Ramón Serrano Súñer y del general Franco, la derogación formal del estatuto de Cataluña[91][92]