Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Chile)

Obra pictórica en el interior del edificio, que utiliza los sellos obsoletos tras la ley que elimina la categoría de "hijo ilegítimo".

Este ministerio fue creado el 1 de febrero de 1837 bajo el nombre de Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, durante el gobierno de José Joaquín Prieto Vial.[6] Su primer ministro fue Diego Portales Palazuelos, quien debido a que ejerció solo de forma interina, entregó el cargo, el 26 de junio de ese mismo año a Mariano Egaña. En ese entonces la labor del ministerio era de preocuparse de todo lo relacionado con la legislación y de la conformación del Poder Judicial.[6]

El 25 de noviembre de 1870, una ordenanza del presidente José Joaquín Pérez, estableció la creación de una «Guardia Especial para el Presidio Urbano de Santiago», la cual sería los cimientos del Cuerpo de Gendarmería de Chile.[6]

La creación del Registro Civil durante la administración del presidente Domingo Santa María, en 1884, respondió a los cambios culturales que se dieron en la sociedad chilena de entonces, de mayor diversidad, con distintos credos religiosos y nuevos valores.[6]

Así, una «Ley de Matrimonio Civil» se promulgó el 16 de enero de 1884, y autorizó al juez de Letras a efectuar la celebración civil del matrimonio en caso de que la autoridad eclesiástica se negara.[6]

En 1887, al ministerio se le separa el Departamento de Culto, que pasa a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, llamándose Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.[6] La dedicación de los médicos que ejercieron su disciplina a favor de la justicia se plasmó en 1915, con la creación del Servicio Médico Legal (SML). Se trata de una entidad pública que asesora en materias legales y forenses a los Tribunales de Justicia del país.[6]

Por otra parte, el nombre del «Cuerpo de Gendarmería de Prisiones» se instauró definitivamente el 30 de noviembre de 1921.[6]

En 1927 se dicta la «Ley Orgánica de Ministerios», entre los cuales se encontraba el Ministerio de Justicia, que crea su vez el Ministerio de Educación Pública.[6]

En 1943, el Registro Civil se fusiona con el Servicio de Identificación y pasa a denominarse «Servicio de Registro Civil e Identificación» (SRCI), denominación que mantiene hasta la fecha.[6]

Tres décadas más tarde, en 1973, se estableció un sistema computacional para sistematizar la entrega del Rol Único Nacional (R.U.N.) a cada nacido en el territorio nacional.[6]

En enero de 1979, se creó el Servicio Nacional de Menores (Sename), dicho organismo es —según los estatutos jurídicos de su creación— mediante el cual el Estado asume un rol activo en la protección de los niños y niñas vulnerados (as), y da apoyo a la judicatura de menores como un «órgano auxiliar de la administración de justicia».[6]

La Ley 17.995, del 8 de mayo de 1981, concedió la personalidad jurídica a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de las regiones Metropolitana, Biobío y Valparaíso.[6] Con éstas fueron sustituidos los antiguos consultorios dependientes del Colegio de Abogados de Chile en lo referente a los servicios de asistencia judicial.[6]

En 1999 se publicó la «Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público», que fue clave para el éxito de implementación de la Reforma Procesal Penal (RPP).[6] Esta institución tiene como funciones representar a la comunidad en la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos, y brindar atención a víctimas y testigos.[6]

A partir del 16 de diciembre de 2000 y hasta junio de 2005, comenzó en el país el proceso de instalación progresiva de la RPP.[6] La nueva justicia criminal integró al sistema judicial «nuevos estándares de transparencia, publicidad, inmediación, celeridad y oralidad», junto con separar las funciones de investigar y juzgar, con lo que dejó atrás «un sistema inquisitivo y vetusto».[6]

En 2016 el Ministerio cambió de nombre, pasando a llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al crearse la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante la ley 20885, promulgada el 16 de diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2016.[7]

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos corresponden las siguientes veintiséis funciones:[4]

• Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación civil, penal, comercial, administrativa y de procedimiento, a fin de proponer al presidente de la República las reformas que estime pertinentes.
• Colaborar, en el ámbito de su competencia, con el presidente de la República en las materias relativas a la promoción y protección de los derechos humanos. En ejercicio de esta función, le corresponde realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del «Derecho Internacional de los Derechos Humanos» y proponer al presidente de la República las reformas que en tal sentido estime pertinentes.
• Prestar asesoría técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores en los procedimientos ante los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos y, en ejercicio de esta función, colaborar con las respuestas o informes que se presenten a nombre del Estado de Chile.
• Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de su competencia, en la elaboración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos y mecanismos de derechos humanos, en la ejecución de medidas cautelares y provisionales, soluciones amistosas y sentencias internacionales en que Chile sea parte, y en la implementación, según corresponda, de las resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado.
• Celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales, dentro del ámbito de sus competencias.
• Asesorar al presidente de la República en los nombramientos de jueces, funcionarios de la administración de justicia y demás empleados del Poder Judicial, y en el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces.
• Formular políticas, planes y programas sectoriales, en especial respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado; del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado; de la organización legal de la familia e identificación de las personas: de la tuición que al Estado corresponde en la administración y realización de los bienes de las personas que caigan en falencia, y de los sistemas asistenciales aplicables a los niñas, niños y adolescentes que carezcan de tuición o cuya tuición se encuentre alterada y a los que presenten desajustes conductuales o estén en conflicto con la justicia.
• Controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas sectoriales y evaluar sus resultados.
• Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento.
• Atender a las necesidades de organización y funcionamiento de los Tribunales de Justicia.
• Asesorar a los Tribunales de Justicia en materias técnicas, a través de los organismos de su dependencia.
• Programar y proponer la adquisición, construcción, adecuación y habilitación por el Fisco de inmuebles para los tribunales de justicia, el Ministerio y sus servicios dependientes, sin perjuicio de las atribuciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
• Proponer al poder ejecutivo las medidas necesarias para solucionar las dificultades y dudas que le sean formuladas en materia de inteligencia y aplicación de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5° del Código Civil y 102 del Código Orgánico de Tribunales.
• Velar por la prestación de asistencia jurídica gratuita en conformidad a la ley.
• Proponer medidas para prevenir el delito por medio de planes de reinserción social.
• Crear establecimientos penales y de tratamiento y rehabilitación penitenciarios.
• Dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que condenen al Fisco.
• Asesorar al presidente de la República en lo relativo a amnistía e indultos.
• Estudiar los antecedentes y proponer, en su caso la concesión de los beneficios previstos en el decreto ley N° 409, de 1932.
• Intervenir en la fiscalización de las asociaciones y fundaciones de conformidad a lo establecido en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, así como ejercer todas las atribuciones y demás funciones que la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, le confieren.
• Participar en la legalización de los instrumentos otorgados o autorizados por el Poder Judicial, por el Ministerio, por sus servicios dependientes y por los organismos que se relacionen con el Gobierno a través del Ministerio.
• Otorgar las certificaciones y testimonios instrumentales que organismos internacionales o entidades extranjeras soliciten al Gobierno, en asuntos que puedan afectar al Fisco;
• Aprobar el texto oficial de los Códigos y autorizar sus ediciones oficiales.
• Pronunciarse sobre los proyectos y ejecución de obras de Gendarmería de Chile, y sus prioridades, los que han de someterse a la aprobación del Presidente de la República. Respecto de estas obras, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá las mismas atribuciones que la ley señale al Ministerio de Obras Públicas para el resto de las obras de tal naturaleza.
• Llevar el Registro de Mediadores a que se refiere la ley N° 19.968, que crea los Juzgados de Familia, y fijar el arancel respectivo.
• Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

La estructura orgánica funcional del Ministerio es la siguiente:[4][8]

Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad

Logo oficial del Conapran.

El Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (más conocido por su acrónimo, Conapran) es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, constituida por escritura pública, con fecha 24 de septiembre de 1974. Se le otorgó su personalidad jurídica mediante el decreto supremo n° 1232 del Ministerio de Justicia, del 2 de octubre de 1974.[9] Cuenta con su domicilio ubicado en la calle Tomás Moro 200, de la comuna de Las Condes, en Santiago.[9]

Su principal función es contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad social en el ámbito nacional.[10] Lo anterior, mediante la entrega de un ambiente de protección social y respeto a sus derechos, acompañado de un servicio de atención integral a las personas que se incorporan al programa institucional.[10]

Por otro lado, la visión es que «Conapran sea una institución de beneficencia sin fines de lucro, para el adulto mayor, reconocida y respetada a nivel nacional, debido a su calidad de atención como por el alto sentido de vocación y compromiso social».[10]

El edificio que ocupa el ministerio como sede principal es uno de los primeros rascacielos construidos en Latinoamérica. Fue diseñado por Ricardo González Cortés, tiene 14 pisos y fue construido entre 1928 y 1931, siendo inaugurado como el Edificio del Seguro Obrero.[6]

El edificio frente al Palacio de La Moneda fue utilizado para realizar un intento de golpe de Estado de parte de jóvenes del Movimiento Nacionalsocialista en 1938, terminando este trágicamente con una matanza de la mayoría de los implicados.

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