Secretaría de Estado de Igualdad

Las políticas de igualdad del gobierno de España desarrolladas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2004 a 2008 tuvieron rango de Secretaría General de Igualdad en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales liderado por Jesús Caldera. Su titular fue Soledad Murillo.[2]

En el año 2008 en el segundo mandato de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se elevó las políticas de igualdad a rango ministerial creando específicamente para ello un Ministerio de Igualdad al frente del cual situó a Bibiana Aído.[3]

La Secretaría de Estado de Igualdad fue creada por primera vez en octubre de 2010 para desarrollar las políticas de igualdad en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con Leire Pajín al frente. La primera persona nombrada para asumir el cargo fue Bibiana Aído, hasta entonces ministra de Igualdad.[4]

Durante los gobiernos del Partido Popular liderados por Mariano Rajoy esta secretaría de estado se transformó en Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad siendo ocupada por Juan Manuel Moreno (2011-2014),[5] Susana Camarero (2014-2016) y Mario Garcés (noviembre de 2016-junio de 2018)[6]

En junio de 2018 la vicepresidenta Carmen Calvo en el gobierno de Pedro Sánchez recuperó la Secretaría de Estado de Igualdad separándola de servicios sociales, en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad nombrando a la socióloga feminista Soledad Murillo al frente de la Secretaría.[7]

En enero de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó el Ministerio de Igualdad y nombró ministra a Irene Montero, quien nombró a Noelia Vera como secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. En octubre de 2021, Ángela Rodríguez se convirtió en la nueva secretaria de Estado tras la dimisión de la anterior titular.[8]

En concreto, de acuerdo con el Real Decreto 455/2020, a la Secretaría de Estado de Igualdad le corresponden la siguientes funciones:[1]

• El impulso y desarrollo de la aplicación transversal de los principios de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la actuación de los poderes públicos y, especialmente, en la Administración General del Estado.
• El seguimiento de la aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• El seguimiento de la aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
• El impulso y seguimiento del cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la puesta en marcha de las medidas necesarias para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, en colaboración con las instituciones del Estado y Administraciones Públicas con competencias en la materia, así como con las organizaciones de la sociedad civil.
• La propuesta de normas y medidas para la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, así como su coordinación, seguimiento y evaluación.
• La coordinación de las políticas de la Administración General del Estado en materia de igualdad de trato y de oportunidades, con especial referencia a la igualdad entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de políticas de cooperación con las administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales en materias de su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos.
• El impulso de medidas de fomento de la igualdad de trato y de oportunidades, con especial referencia a la igualdad entre mujeres y hombres, y la ampliación de garantías y derechos ciudadanos, mediante el desarrollo de políticas que aborden problemas concretos de desigualdad adaptados a las necesidades propias de distintos grupos de personas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos.
• La propuesta de las medidas necesarias para consolidar la presencia de mujeres en cualesquiera ámbitos de la vida, garantizando la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma progresiva, en los términos recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en los organismos y órganos públicos y en los consejos de administración de las sociedades públicas y privadas.
• La participación, junto a los órganos correspondientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la promoción de políticas dirigidas a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y a reducir la discriminación laboral y el desempleo femenino, teniendo como objetivo el pleno empleo y la reducción de las diferencias existentes entre las percepciones salariales de hombres y mujeres mediante, entre otras medidas, el apoyo y facilitación de la implantación de planes de igualdad en las empresas.
• El fomento de las medidas que favorezcan la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, así como la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares, impulsando, entre otras, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y el desarrollo de programas para fomentar la paternidad responsable.
• La puesta en marcha de actuaciones de formación, información y sensibilización destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en cualesquiera ámbitos de la vida.
• El impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, ideología, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• La propuesta de medidas normativas destinadas a garantizar la igualdad de trato y no discriminación de las personas, con independencia de su sexo, origen racial o étnico, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, ideología, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• La puesta en marcha de actuaciones de formación, información y sensibilización destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, origen nacional, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, ideología, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en cualesquiera ámbitos de la vida.
• En coordinación con otros departamentos ministeriales, proponer e impulsar la aplicación de medidas destinadas a realizar un diagnóstico para la prevención y erradicación de los delitos de odio y del discurso de odio en el ámbito público y privado.
• En coordinación con otras Administraciones Públicas, el impulso de medidas destinadas a reconocer y proteger la heterogeneidad del hecho familiar.
• En colaboración con los órganos correspondientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la supervisión y el seguimiento de los acuerdos internacionales en materia de igualdad y no discriminación, la organización y participación de España en las cumbres y eventos internacionales en la materia, la elaboración de informes para las instituciones internacionales y el seguimiento de los proyectos y encuentros internacionales relacionados con la igualdad impulsados por el Gobierno de España, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica del departamento en esta materia.

De la Secretaría de Estado de Igualdad dependen los siguientes órganos:[9]

• La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con rango de Dirección General.
• La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.
• La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de Estado, existe un Gabinete con nivel orgánico de subdirección general.

La Secretaría de Estado de Igualdad tiene un presupuesto asignado de 498 999 040 € para el año 2023.