Ministerio de Agricultura (Chile)

Durante el siglo XIX la institucionalidad agrícola chilena —encargada en ese tiempo de materias como la protección y desarrollo de la agricultura, la organización y sostenimiento de escuelas agrícolas, y la reglamentación de bosques— estaba radicada en el Ministerio de Hacienda y desde 1887, tras una reforma en el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, en el Ministerio de Industria y Obras Públicas.[5]

Recién a partir de la década de 1920 se comenzó a dotar al sector de una propia institucionalidad, debido a su importancia para el país, con la creación en 1924 —por parte de la Junta Militar que encabezaba el general Luis Altamirano— del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización.[6] Al nuevo ministerio le correspondió, entre otras funciones, la protección de la industria agrícola, la organización y sostenimiento de la enseñanza agrícola, el fomento y conservación de los bosques y reservas forestales, la policía sanitaria animal y vegetal, y el fomento del crédito agrícola, de las cooperativas para la compra o venta de semillas, maquinarias y productos, y en general todo lo relacionado con la economía rural.

Tres años después, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo reordenó la administración del Estado, por lo que la institucionalidad agrícola pasó a depender del Departamento de Agricultura del nuevo Ministerio de Fomento.[7] No obstante, el 1 de agosto de 1930 el mismo Ibáñez volvió a otorgarle autonomía al sector, con la firma del decreto que creó de manera definitiva el Ministerio de Agricultura.[8] Así, la nueva cartera quedó conformada por una subsecretaría y cuatro departamentos: Arboricultura, Fruticultura y Sanidad Vegetal; Ganadería y Sanidad Animal; Enología y Viticultura; y Economía Rural. También quedó a cargo de los laboratorios de investigación agrícola, los servicios provinciales de agricultura, las escuelas agrícolas y de la Quinta Normal de Agricultura.[8] Ese mismo año también se creó la Junta de Exportación Agrícola, que sería sucedida en 1942 por el Instituto de Economía Agrícola,[9][10] mientras que 1932 la Caja de Crédito Agrario —creada en 1926 como filial de la Caja de Crédito Hipotecario— adquirió autonomía, por lo que también pasaría a relacionarse con el Estado a través del Ministerio de Agricultura.

En 1953, el segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo reestructuró el Ministerio, lo que significó el establecimiento de ocho departamentos, la supresión de organismos como el Consejo de Epizootias, el Consejo del Plan Agrario y la Comisión Nacional de Protección a la Vida Silvestre, y el traspaso a Agricultura de servicios que dependían del Instituto de Economía Agrícola y del Ministerio de Economía, incluida la Dirección de Pesca y Caza —que pasó a llamarse Dirección General de Pesca y Caza—, por lo que a contar de ese año la institucionalidad pesquera quedó en manos del Ministerio de Agricultura.[11] Posteriormente, en 1960 la Dirección de General de Pesca y Caza sería reemplazada por la Dirección de Agricultura y Pesca.[12]

El proceso de reforma agraria que se inició en los primeros años de la década 1960, y que se extendería hasta 1973, generó la creación de nuevas instituciones dependientes o relacionadas con el Ministerio de Agricultura. La primera ley de reforma agraria (Ley 15020, conocida peyorativamente como «ley del macetero»), promulgada en 1962 por el presidente Jorge Alessandri, creó el Consejo Superior de Fomento Agropecuario (Confsa), la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) —sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, que se relacionaba con el Ministerio de Tierras y Colonización— y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) —sucesor del Consejo de Fomento e Investigación Agrícolas, creado en 1953—.[13] En tanto, dos años después se creó el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).[14]

El ministro de Agricultura Hugo Trivelli (al centro), junto al presidente Eduardo Frei Montalva firmando el decreto promulgativo de la Ley de Reforma Agraria, 1967.

Posteriormente, la reforma agraria de 1967 (Ley 16640) promulgada por Eduardo Frei Montalva —más amplia y profunda que la realizada por Jorge Alessandri— creó el Consejo Nacional Agrario, el Consejo Nacional de Crédito Agrícola, la Oficina de Planificación Agrícola (sucesora del Confsa) y el Servicio Agrícola y Ganadero (sucesor de la Dirección de Agricultura y Pesca).[15] En 1970, a fines del gobierno de Frei, también se creó la Corporación de Reforestación, que en 1973 cambiaría su nombre a Corporación Nacional Forestal (Conaf).[16][17]

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Salvador Allende, la dictadura militar realizó varias transformaciones en el Ministerio. El freno al proceso de reforma agraria—la gran mayoría de las tierras expropiadas fueron devueltas o rematadas por el Estado— se tradujo en la disolución de la Corporación de la Reforma Agraria en 1978 y su reemplazo por la Oficina de Normalización Agraria (Odena), la cual tuvo como fin concluir las actividades de la CORA;[18] en 1989, en tanto, se puso fin a la Oficina de Planificación Agrícola y se terminó por derogar toda ley o normativa referida a la reforma agraria.[19] También entre 1976 y 1978 la institucionalidad pesquera fue devuelta al Ministerio de Economía y se crearon la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca,[20][21] mientras que organismos como Conaf, SAG e Indap fueron objeto de reestructuraciones en cuanto a composición y funciones.

Uno de los objetivos que se propone el Ministerio, es «reducir la desigualdad social fortaleciendo y expandiendo el alcance de los instrumentos de fomento, prioritariamente en favor de la agricultura familiar y campesina». Otra tarea fundamental es contribuir a la agregación de valor en la agricultura, lo que implica «promover un desarrollo de la economía agraria basado tanto en la tecnología y la innovación, como en la profundización de los atributos que potencian la productividad y la competencia de la agricultura: la calidad, la inocuidad y la sanidad de la producción silvoagropecuaria». Al mismo tiempo, este desarrollo prioriza en forma pertinente el resguardo de los trabajadores rurales, de las comunidades, la cultura y de los recursos naturales del país.[4]

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