Presupuesto del Perú

En 2001 se inicia el proceso de descentralización de los fondos, debido a la regionalización, en que permite el proceso participativo de la ciudadanía alejada de la capital.[14] Se concibió en la llamada Operación piloto de planeamiento y programación participativa del presupuesto del sector público para el año fiscal 2003 en materia de gastos de inversión. Luego de liberar el portal digital para conocer el uso de los recursos públicos para cualquier público,[15] en agosto de 2003, el Congreso de la República aprobó la Ley 28056 denominada Ley Marco del Presupuesto Participativo, que pasó a formarse oficialmente. Cada uno de los departamentos presentó su Planes de Desarrollo Departamentales Concertados, que muestran los objetivos similares al Gobierno central.[16]

Sin embargo, el principal gastó que conllevó un déficit ocurrió en 2004 con el Decreto Ley 20530, apodado «cédula viva», en que se planeó una reforma a los sueldos vitalicios (o pensiones)[17] de funcionarios que trabajan o trabajaron en altos cargos estatales.[18][19][20] Entró en discusión hasta 2010,[21] caso que terminó en establecer límites en las pensiones vitalicias.[20]

En 2006 se articulan varios sectores que fueron asignados estratégicamente en varios ministerios previo a la promulgación anual, en que estuvo bajo el mando la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Para 2013, el 98.59 % de las municipalidades realizan el presupuesto participativo (PP) y el 85.36 % tiene Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).[2] La información económico se volvió obligatorio con el tiempo.[3] En 2007 se planifica el uso del tesoro a partir de los resultados obtenidos de la gestión pública ese año.[22]

Previo a la ratificación de la Ley 28056, ya hubo un mecanismo similar en el distrito de Villa El Salvador. Además, la participación ciudadana estuvo motivada por el entonces presidente Valentín Paniagua, al percibirse una red de corrupción después del gobierno de Alberto Fujimori. Con la reforma de la Ley en 2009, se simplificó a cuatro los paso el proceso, aunque hubo dificultades en conseguir el interés el avance de obras en sus departamentos (3596 se realizaron en 2009 frente a 2057 en 2019).[23]

En el año fiscal 2021 gran parte de la planificación económica corresponde a los sectores de educación (18.1 %) y salud (11.47 %).[30] Para el 2022, del 18 % correspondiente para la educación, se usa para contratar profesores, cubrir becas y mantener centros de estudio.[33] También se asigna en publicidad, que es usada también para anuncios publicitarios en medios de comunicación, que en 2018 fue de 100.4 millones de soles.[34] También se invierten los gastos la planilla de servidores públicos, autorizados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil y que corresponden cerca del 40 %,[35] en que dicha cifra en 2002 correspondió a la contratación de servicios de terceros.[36]

Además de otros sectores, se destina a campañas del sector privado (como el Vaso de Leche) y la reserva de contingencia para proyectos no mencionados en la planificaciones.[36] Esto es importante, ya que para este último el dinero se guarda en el Fondo de Reserva Fiscal, dentro de la Reserva Secundaria de Liquidez del Ministerio de Economía y Finanzas.[37] Adicionalmente, se destinó dinero en las asesorías (o consultorías) de los ministerios para tomar decisiones administrativas, con 48.5 millones de soles en 2022.[38]

Un punto crítico del destino de presupuesto es el sector cultura. Hasta 2005 solo se destinó 22 millones de soles, casi el 0.084 % del total nacional,[39][40] mientras que en 2022 y con un ministerio ya creado se asignó a 594 millones soles.[41] Otro importante es el Congreso de la República, en 2023 se destinaron 928 millones de soles, casi el doble del destinado en 2019 (447.2 millones), e incluso superando la cifra de 700 millones del sector cultura en el mencionado 2023.[42] El Congreso es uno de los órganos con mayor crecimiento en inversión, para 2023 su apertura alcanzó el triple de lo que tuvo en 2008 (308 millones de soles).[43]

Cabe indicar que los presupuestos pueden ampliarse por medio del anexo 5, el denominado «bolso presidencial» para financiar obras realizadas por el gobierno central.[44]

Luego de administrarse para el Estado, otra parte es distribuida a las entidades subnacionales.[2] A pesar del dinero entregado, no suelen consumir en su totalidad. En 2016 la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que 23 municipios distritales de Lima Metropolitana gastaron menos del 50 % del referido presupuesto.[46] En el reporte de Comex de 2022, departamentos como Huánuco y La Libertad recurrieron al 10 % de lo asignado, este reporte justifica los diferentes intereses de la ciudadanía frente a las autoridades.[47] Para solucionarlo, existen convenios entre Proinversión y la empresa privada para agilizar el desarrollo de la infraestructura a cambio de que la empresa contratada pague menos impuestos, se le conoce como «obras por impuestos».[48]

En 2019 el país alcanzó el lugar 11 de 140, según el International Budget Partnership.[50] En 2021 llegó al 34.[50]