Segundo gobierno de Sebastián Piñera

A su primer año de gestión, el gobierno de Sebastián Piñera anotó un aumento del crecimiento económico, al llegar este al 4,0 %; el cual fue el mayor ritmo de crecimiento económico en los últimos cinco años, es decir, desde el término de su primer mandato, donde había logrado, igualmente, un 4,0 % de crecimiento en 2013.[14] Estas cifras situaron 2018 muy por encima del 1,7 % promedio anual obtenido por la gestión del segundo período de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2017.[14] Una de las razones del crecimiento se halla en el aumento de la inversión. Como señala The Heritage Foundation:

Las expectativas de políticas más favorables para los negocios y el mantenimiento del largo historial de políticas macroeconómicas ampliamente sólidas de Chile por parte del gobierno de Piñera, contribuyeron a aumentar la confianza en 2018 y lograron una recuperación de la inversión, después de cuatro años de contracción.

En el primer año de gobierno, aumentó también la inversión en maquinarias y equipos industriales, lo que explica, especialmente, los buenos indicadores económicos del segundo semestre de 2018.[15]

La economía chilena se expandió un 0,8% en 2019, se contrajo un 6,0% en 2020 y creció históricamente un 11,7% en 2021.[16] El crecimiento económico promedio durante el segundo gobierno de Piñera (2,7%) fue el segundo más lento desde el retorno de la democracia, solamente superando al 1,7% de Bachelet II.[17]

Al respecto de la competitividad, el 27 de julio el mandatario afirmó:

Evidentemente esa es una información que se toma en base a información del pasado, hechos ocurridos durante el Gobierno anterior, porque nuestro Gobierno está corrigiendo las razones por las cuales muchas clasificadoras bajaron la clasificación de riesgo. Las razones fueron básicamente dos: Uno que el déficit fiscal estaba creciendo demasiado rápido; y dos, que la deuda pública se había duplicado durante el Gobierno anterior (...).

Allí culpaba directamente al gobierno de Michelle Bachelet por la vulnerabilidad fiscal a nivel país.[18] Sin embargo, el 31 de julio desde Moody's respondieron lo siguiente:

El deterioro comienza en 2010, quizás se acelera un poco más en el 2014, pero la posición en la que estaba la deuda en el 2014 era más alta que en 2010, por lo tanto el deterioro que se da en los últimos años tiene más consecuencias dado que empiezas en un nivel más alto (...).

Aseguraron que "el deterioro lo empezamos a observar desde 2010 y fue gradual, pero constante y persistente",[19][20][21] es decir, mientras Sebastián Piñera era presidente. No obstante, durante el primer gobierno de Piñera el salto en la deuda pública fue del 5,8 % al 12,7 %, mientras el salto en el segundo gobierno de Bachelet fue del 12,7 % al 23,6 %.[22]

Por su parte, en el Índice de Libertad Económica, desde el cual Chile había caído desde el puesto 10 al puesto 20 a nivel mundial al finalizar el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se revirtió dicha tendencia, para en cambio volver a subir dos puestos a nivel mundial durante 2018, a partir de expectativas más confiables para los negocios, motivadas por el gobierno de Sebastián Piñera, y la recuperación de la inversión luego de cuatro años anteriores de contracción, como señaló la institucionalidad a cargo del análisis, The Heritage Foundation.[23]

Respecto al mercado laboral, 31 de agosto de 2018 se había dado a conocer una estadística del INE en que se señala que el desempleo aumentó a un 7,3 % entre los meses de mayo a julio,[24][25][26] la cifra es la más alta desde 2011, durante su primer gobierno.

En mayo de 2018, su gobierno adoptó la "Agenda de la Mujer" en respuesta a manifestaciones feministas masivas. Prevé promover la paridad en los consejos de administración de las empresas, o un derecho "universal" a una plaza en una guardería para las trabajadoras con un contrato de trabajo estable (lo que limita considerablemente su alcance en un país en el que el empleo precario está muy extendido, especialmente para las mujeres). Menos de la mitad de las mujeres chilenas tienen acceso a un trabajo remunerado, y el 31 % trabaja sin contrato ni protección social o sanitaria.[27]

El 3 de junio de 2020, fue promulgada la Ley 21236 llamada de «Portabilidad Financiera», que permitió una mayor competencia en la refinanciación de los productos financieros, especialmente para créditos de consumo, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, reduciendo los costos asociados y optimizando los tiempos para cambiarse de una institución financiera a otra,[28] en un escenario donde Chile es el país con la mayor bancarización en América Latina.[29]

La economía chilena, junto a las principales economías mundiales, sufrió los efectos económicos del COVID-19. A mediados de marzo de 2020, al inicio de la crisis, el presidente Piñera anunció un plan de estímulo económico de aproximadamente US$12 mil millones, que incluye la creación de un Fondo Solidario de 100 millones de dólares "destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas"; un Bono COVID-19 equivalente al Subsidio Único Familiar, beneficiando a 2 millones de personas por un total de 130 millones de dólares; la Ley de Protección al Empleo; inyección de dos mil millones de dólares al Fondo de Cesantía Solidario; 7 medidas tributarias en beneficio de las empresas y medidas para garantizar la inmediata liquidez de las PYMES por 1500 millones de dólares.[30]

Ante el empeoramiento de la crisis pandémica y el inicio múltiples cuarentenas a lo largo del país, el presidente Piñera anunció en abril del mismo año la creación del Ingreso Familiar de Emergencia. El proyecto original consistía en la entrega de bonos por 3 meses decrecientes en el tiempo; el primer mes, el IFE sería de $65.000 pesos para las personas pertenecientes al 40% más vulnerable y de $43.000 a quienes se ubicaran entre el 41% y 60% más pobre. En el segundo mes sería entregado un bono equivalente al 85% del monto original y en el tercer mes, el 70%. Además, el IFE solamente lo recibirían las personas que no perciban ingresos ni de rentas del trabajo, ni seguro de cesantía o subsidios por incapacidad laboral. Tras múltiples críticas de la oposición, el gobierno modificó el proyecto, planteando un solo tramo cubriendo hasta el 60% más pobre, sin embargo, se mantuvo la modalidad decreciente: $65.000 por persona el primer mes; $55.250 el segundo mes; y $45.500 el tercer mes.[31][32] El Ingreso Familiar de Emergencia fue aprobado el 13 de mayo de 2020, pero la oposición mantuvo sus críticas respecto a los montos entregados y la cobertura, criticando el hecho de que el bono no supera la línea de extrema pobreza.[31]

Cuando la crisis se profundizó, se aprobaron 3 retiros de fondos de pensiones, inyectando US$50 mil millones y beneficiando a más de 10 millones de personas.[33] Además, el estado chileno gastó en total US$38 mil millones durante la pandemia (ayudas potenciales). Gran parte de ese gasto (US$26 mil millones potenciales) se realizó bajo el Fondo COVID, que incluye desembolsos por US$2.972 millones en inversión pública, US$2.208 millones en el IFE 2.0, US$2.130 millones en subsidios al empleo y US$1.008 millones en el Bono Clase Media. Se realizaron además otros gastos no incluidos en el Fondo COVID, como US$9.941 millones en el IFE Universal o el Alivio Pymes por US$1.723 millones.[34]

Estas ayudas sacaron a Chile de la recesión y provocaron un crecimiento económico histórico del 11,7% en 2021[35], sin embargo, estas medidas, junto a factores internacionales, provocaron la mayor inflación en décadas.[36] Según el Banco Central, estas medidas expansivas internas son la principal causa (2/3) del aumento de la inflación en Chile.[37]

El 22 de marzo de 2019, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la nueva estación de Metro Parque Almagro, en Santiago Centro, para participar del recorrido inaugural de Línea 3, la cual conectó las comunas de La Reina y Quilicura en 30 minutos.[38]

El 12 de marzo de 2019, presentó de manera oficial Red o Red Metropolitana de Movilidad, el nuevo nombre que en sus palabras, busca “cambiar de raíz y para mejor” el sistema de transporte público “no solo para la capital sino para todas las regiones de Chile”.[39] En esa línea, también fue presentada la Red Concepción de Movilidad.

En relación con la seguridad ciudadana y para hacer frente a los casos de delitos y violencia ocurridos en la vía pública, el gobierno lanzó en mayo de 2019 el «Plan Calle Segura», que dotó a las policías con mayor cantidad de vehículos para realizar patrullajes, incrementa la videovigilancia en vías de distintas ciudades del país donde existe una importante cantidad de denuncias de actos de delincuencia. Asimismo, fue lanzado el sitio web Comisaría Virtual de Carabineros de Chile, con el objetivo de realizar en línea algunos de los trámites que están disponibles en sus unidades policiales de forma presencial, además de una base de datos interconectada entre ambas policías para información sobre robos de vehículos, sus piezas y otras especies.[43]

Durante octubre de 2019 se dio uno de los estallidos sociales más grandes de la historia del país. Si bien el ciclo de protestas chilenas comienza en el año 2006 con la Revolución Pingüina, en 2019 se daría su momento más álgido. Luego de semanas de evasiones masivas por parte de estudiantes secundarios, el viernes 18 de octubre, luego de sucesivas reuniones, el Ministro del Interior Andrés Chadwick anuncia la determinación de realizar querellas por Ley de Seguridad del Estado ante responsables de incidentes públicos. Durante la tarde, la mayoría de la red de Metro es suspendida por las movilizaciones, lo que radicaliza la protesta en las calles de Santiago. En medio de la crisis, se viraliza la imagen del presidente en una pizzería del barrio alto celebrando el cumpleaños de su nieto, mientras en la capital del país se producía una revuelta inédita desde el retorno a la democracia.[44]

Tras el Estado de emergencia y toque de queda declarado por el presidente Sebastián Piñera en pleno estallido social del país iniciado en octubre de 2019, la mayor parte de la población chilena surgieron diversas denuncias de abusos y excesos ejercidos por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile ratificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).[45] También se denunció en redes sociales un sinnúmero de instancias de uso de violencia excesiva por parte de los agentes estatales de orden; incluidas algunas que ocurrieron durante transmisiones de televisión en vivo.[46]

El día 30 de octubre de 2019 la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y expresidenta del país, Michelle Bachelet, envió una misión para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por el gobierno.[47][48] En tanto, el equipo de investigadores enviado por Amnistía Internacional afirmó que lo ocurrido en Chile era «realmente grave» y destacaron que las violaciones a los derechos humanos se registraron a nivel masivo y por un tiempo sostenido, con consecuencias serias para la población.[49] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó preocupación ante el uso excesivo de la fuerza pública y urgió al Estado chileno para que entablara un diálogo con las partes involucradas.[50]

Hasta el 30 de diciembre de 2019, el INDH presentaba 980 acciones judiciales en representación de 1140 personas: 22 recursos de amparo, 5 querellas por homicidio, 18 querellas por homicidio frustrado, 137 querellas por violencia sexual (incluidas 4 violaciones),777 querellas por torturas y tratos crueles, 16 por lesiones y 5 recursos de quejas. El organismo visitó 9589 personas detenidas, incluidos 1100 menores de edad.[51]

A raíz del Plebiscito nacional de Chile de 2020 los partidarios de la opción de Apruebo y Rechazo realizaron manifestaciones en apoyo a estas.[52][53][54]

La acusación constitucional contra Sebastián Piñera fue un intento de juicio político abierto con el objetivo de poner término anticipado al segundo mandato de Sebastián Piñera como presidente de Chile.[55] Este proceso se inició el 19 de noviembre de 2019 con la presentación de la acusación firmada por 10 diputados, exigencia que establece la Constitución de 1980,[55] y en consecuencia de los hechos suscitados durante la crisis política de octubre de 2019, especialmente en el uso de la fuerza militar y sus posteriores efectos. Esta acusación fue rechazada en la Cámara de Diputados, al plantearse que la acusación no cumplía con los requisitos que la Constitución Política señala, argumento aprobado el 12 de diciembre de 2019, por 79 votos a favor y 73 en contra, por lo que finalmente se tuvo por rechazada la acusación constitucional, concluyéndose este proceso.[56]

El abogado chileno Carlos Zambrano presentó un recurso de amparo contra el Presidente de la República alegando que el decreto supremo N°472 para declarar Estado de Excepción hacía casi dos semanas sería ilegal.[57] El 1 de noviembre, la dirigente social Roxana Miranda y la abogada de Derechos Humanos, Mónica Araya Flores, presentaron ante tribunales una acción penal contra Sebastián Piñera y el recién renunciado Andrés Chadwick, por delitos de lesa humanidad.[58] El 4 de noviembre, 16 abogados integrantes de la Defensoría Popular, la Cooperativa Jurídica y el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, presentaron una querella por el delito de crimen de lesa humanidad, establecido en la Ley 20.357, al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, contra el Presidente Sebastián Piñera.^{[cita requerida]} A comienzos de diciembre, el senador Alejandro Navarro presentó la querella por presuntos delitos de lesa humanidad en contra del Presidente de la República.[59] El 17 de diciembre, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible el trámite que interpuso el senador Navarro.[60]

El 14 de enero de 2020, la coalición política Frente Amplio, presentó al Centro de Justicia de Santiago, una querella criminal por presuntos delitos de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el general director de Carabineros, Mario Rozas; el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.[61][62] En la acción judicial, de 32 páginas, se hacen presente una serie de delitos que se habrían cometido en el marco de las protestas sociales en Chile, desde el 18 de octubre hasta la fecha: Homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente al paradero del detenido y mutilación de ojos.[63] El 17 de enero, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por crímenes de lesa humanidad en contra el Presidente de la República y de las autoridades de Estado.[64][65]

El 19 de marzo de 2020, Sebastián Piñera decreto, por 90 días, un estado excepcional de catástrofe, según justifico, para «anticiparnos, prepararnos, para las etapas que vienen en esta pandemia que es el coronavirus». Según el jefe de Estado, la medida es clave para «proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y el traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas». Una de las herramientas a disposición es, en efecto, el toque de queda.[66][67]

Listado de jefes de la Defensa Nacional:[68]

Regiones	Generales
Región de Arica y Parinacota	General de Brigada del Ejército, Luis Cuellar Loyola
Región de Tarapacá	General de División del Ejército, Guillermo Paiva Hernández
Región de Antofagasta	General de la Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, José Aguirre Gamboa
Región de Atacama	General de Brigada del Ejército, Enrique Heyermann Ríos
Región de Coquimbo	General de Brigada del Ejército, Pablo Onerro Jara
Región de Valparaíso	Contraalmirante de la Armada, Yerko Marcic Conley
Región Metropolitana	General de División del Ejército, Carlos Ricotti Velásquez
Región de O'Higgins	General de Brigada del Ejército, Jorque Jacque Falcón
Región del Maule	General de Brigada del Ejército, Patrice Van de Maele Silva
Región de Ñuble	General de Brigada del Ejército, Cristian Vial Maceratta
Región del Biobío	Contraalmirante de la Armada, Carlos Huber Vio
Región de La Araucanía	General de Brigada del Ejército, Patricio Mericq Guila
Región de Los Ríos	.General de Brigada del Ejército, Guillermo Sánchez Cros
Región de Los Lagos	General de Brigada Aéreo de la Fuerza Aérea, Cristian Eguía Calvo
Región de Aysén	General de Brigada del Ejército, Joaquín Morales Burotto
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena	General de División del Ejército, Rodrigo Ventura Sancho

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó una querella criminal contra el Presidente Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y los actuales subsecretarios de Salud y de Redes Asitenciales, Paula Daza y Arturo Zúñiga, respectivamente, por la muerte de 62 vecinos de su comuna a causa de Covid-19.[69] La acción judicial se presentó en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y fue presentada por el abogado Ramón Sepúlveda y los delitos que se les imputan a las autoridades son: cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino. Jadue declaró: «Han adoptado decisiones evidentemente erradas y retardadas, además de ocultar y negar información relevante a las autoridades locales».[70] El 22 de junio, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta.[71] La Municipalidad de Recoleta informó que estos fallecimientos habrían ocurrido por el «actuar negligente y grave en el control de la pandemia».[72] Por su parte, el 29 de abril de 2021 el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el mandatario por crímenes de lesa humanidad, denuncia que, sin embargo, fue desestimada por el máximo tribunal el 9 de diciembre.[73]

El 22 de junio, la diputada Claudia Mix interpuso en la Fiscalía una denuncia criminal en contra del Presidente Sebastián Piñera y en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera.[74][75]

Comenzó el año con una polémica, por el caso Catrillanca, puesto que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue informado de que Camilo Catrillanca estaba desarmado, vía telefónica, pero indicó no haberse dado por enterado, puesto que tuvo interferencias en la comunicación,[76] lo que generó escepticismo incluso en su sector;[77] ante esto, hubo manifestaciones pidiendo su renuncia,[78] posibilidad que fue descartada por el ministro Chadwick;[79] adicionalmente, algunos parlamentarios evalúan una acusación constitucional contra el ministro.[80][81] En tanto, el presidente de la República le dio su respaldo.[82][83] Adicionalmente y dentro del contexto del juicio por el caso Luchsinger-Mackay, se desarrollaron una seguidilla de incidentes en la Araucanía, con disturbios, ataques incendiarios, bloqueos de ruta y otras manifestaciones.

El 9 de agosto de 2018 hizo su primer cambio de gabinete y el 13 de agosto aceptó la renuncia de Mauricio Rojas Mullor, uno de sus ministros recién nombrados, debido a la controversia en torno a una entrevista de 2016 en que calificó al Museo de la Memoria como «algo para que la gente no piense, para atontarte».[84]

En el contexto del conflicto en la región de la Araucanía y del procesamiento de imputados del caso Luchsinger-Mackay, varios grupos de comuneros tomaron municipalidades de la región[85] en apoyo a Celestino Córdova, acusado de haber perpetrado el crimen. A comienzos de agosto, algunos habitantes de las respectivas comunas afectadas exigieron el desalojo de los ocupantes, lo que se transformó en una tensa jornada en la que el municipio de Curacautín y Victoria fueron desalojados[86] por Carabineros y al mismo tiempo las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueron incendiadas.[87] El 12 de octubre de ese año y debido a que los ataques incendiarios continuaron y se recrudecieron, el Presidente Piñera decretó estado de emergencia para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío de la Región del Biobío, en la parte más septentrional de la denominada Macrozona Sur; inicialmente por 15 días, pero que se fue extendiendo en reiteradas oportunidades con la aprobación del Congreso Nacional.[88]

En agosto y septiembre de 2020, varios gremios de camioneros realizaron un paro nacional alegando inseguridad en el sur del país. Esto derivó en el envío al Congreso por parte del ejecutivo del proyecto de ley Juan Barrios, quien fue considerado como «mártir de los camioneros».[89]

Presidente Sebastián Piñera firmando la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario el 9 de diciembre de 2021 en el Palacio de La Moneda

En noviembre de 2018 fue promulgada por el Ejecutivo la Ley de identidad de género, lo que logró facilitar a las personas transgénero el proceso de cambio de nombre y de su sexo de nacimiento acorde a su propia identidad de género.[90]

En su última Cuenta Pública ante el Congreso Nacional en junio de 2021, el Presidente Piñera anunció la «Suma Urgencia» por parte del Ejecutivo para conseguir la promulgación del proyecto de ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile, concretándola a los dos días posteriores,[91] para ser finalmente promulgada el 9 de diciembre del mismo año al haber culminado toda su tramitación legislativa.[92]

Colaboró con el ministerio de salud para enfrentar la pandemia, a través de diferentes maneras cómo:

• Submesa de datos
• El aumento de la red diagnóstica
• Financiación de ventiladores mecánicos[125]

El 12 de abril de 2018 fue creada la Subscretaría de la Niñez, para mejorarar los derechos de los niños.

Además se terminó con el Servicio Nacional de Menores (Sename) que era dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Remplazandolo por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia pero esta vez dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, todo esto para mejorar la protección de los niños y de los adolescentes.

Se creó la Subscretaría de Relaciones Económicas para desarrollar la política de relaciones ecómicas internacionales, para remplazar Direcon.